Ayer fueron hallados los cuerpos de Bertoldo Morales Hilario e Isaías Xantenco Ahuejote, quienes habrían sido asesinados la noche del jueves en el municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero. Ambos eran integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores (CRAC-PF) del poblado de Xicotlán, del mismo ayuntamiento.
El doble homicidio perpetrado contra los integrantes del grupo de vigilancia ciudadana se inscribe en la estela de ataques sufridos por los pobladores de Chilapa desde 2015, en particular durante el último semestre. El 19 de diciembre de 2018, 12 personas fueron desaparecidas y otras se vieron obligadas a huir de Rincón Tapila debido a un ataque armado; el 27 de enero la irrupción de un grupo delictivo en Rincón de Chautla dejó 12 muertos y dos heridos, y apenas el 4 de mayo, en la cabecera municipal, fueron asesinados los concejales José Lucio Bartolo Faustino y Modesto Verales Sebastián.
De acuerdo con los pobladores de las distintas localidades de Chilapa referidas, lo que tienen en común todos estos episodios de violencia es que responden a las disputas por el control del territorio entre Los Ardillos y Los Rojos, así como la inacción de las autoridades ante lo que ya cobra forma de una toma completa de la región por parte de estas agrupaciones criminales.
Como ha consignado La Jornada, la ola delincuencial que azota a la Montaña Baja de Guerrero ha obligado a los habitantes a adoptar medidas de supervivencia que debieran resultar impensables en cualquier sociedad regida por el Estado de derecho: por ejemplo, el que niños de entre siete y 10 años de edad hayan proclamado su incorporación a la CRAC-PF como única vía para defenderse de Los Ardillos o Los Rojos, adhesión replicada por mujeres nahuas de Rincón Tapila, quienes, algunas incluso cargando a sus bebés, empuñaron armas como señal de que no cederán sus hogares a los delincuentes.
Por si no fuera suficiente con la embestida de elementos criminales, los indígenas de la Montaña guerrerense enfrentan también el hostigamiento legal del gobierno priísta de Héctor Astudillo, el cual no sólo no ha cumplido con su elemental deber de garantizar la seguridad de los ciudadanos, sino que emprendió un embate contra las policías comunitarias mediante su desaparición del artículo 14 de la Constitución local, que daba sustento jurídico a la existencia de estas organizaciones ciudadanas.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales atiendan el llamado urgente para actuar ante la crisis que padecen los habitantes tanto de Chilapa como de otros municipios de Guerrero y que en el ámbito estatal cese el hostigamiento oficial contra las organizaciones que hoy por hoy constituyen la única línea de defensa de la sociedad.
Leyes secundarias, conflicto y salida
Hugo Aboites*
El esquema llama al escepticismo: a pesar de que la habían solicitado meses antes, sólo cuando la reforma ya es irreversible el presidente López Obrador finalmente accede a una reunión con los maestros. Y, por eso, el intercambio con ellos tuvo como uno de sus fines inmediatos aliviar heridas, tomarse la foto, ofrecer la resolución de muchas de las importantes demandas prácticamente todo es atendible, dijo, pero que bien se habrían podido cumplir tiempo atrás. Demandas como reinstalar despedidos, dar justicia y reparación a muertos y heridos. Sin embargo, nada de conceder la marcha atrás a la modificación constitucional.
La reunión respondería, también, al hecho evidente de que hoy la reforma está en un periodo de extrema fragilidad. El crecimiento de protestas magisteriales puede ponerla en peligro porque, parafraseando al clásico, la reforma de Peña Nieto ya no asusta a nadie, pues ya no existe, pero la nueva de AMLO no acaba de nacer. Por eso la fragilidad, porque si la inquietud y el movimiento magisterial contra la nueva reforma ya sin amenaza sigue creciendo, puede llegarse al peor de los escenarios posibles: que se generen serias dificultades políticas, sin llegar siquiera a las físicas, que dificulten la aprobación de las leyes secundarias. Sobre todo cuando ya es posible imaginar que el contenido de las secundarias –producto del predominio que sobre Morena han logrado ya el PAN, PRD, PRI– será un enorme aliciente a la protesta cuando se dé a conocer.
Eso explicaría no sólo la reunión de alto nivel para tranquilizar a toda la dirigencia de los maestros, sino también la prisa de la presidenta de la Comisión de Educación por aprobar las leyes secundarias antes de lo que ahora aparece como el larguísimo plazo de cuatro meses, y explicaría también la apresurada convocatoria del Senado a integrar la Junta Directiva y el Consejo Técnico del nuevo INEE. Para conseguirlo, hasta se invita ya a los críticos.
Pero, en otra hipótesis, si el presidente López Obrador auténticamente está buscando construir un proyecto con los sectores del magisterio más activos, con proyectos educativos regionales e intensas relaciones con las comunidades ésta sería una trascendental oportunidad para arraigarlo institucionalmente. En las leyes secundarias pueden tomarse definiciones muy claras que muestren que se trata de una transformación y no de continuación y simulación. Por ejemplo, tomando como base el actual transitorio décimo sexto, aclarar la inclusión de los maestros a la cobertura del 123 también en el ingreso, promoción y reconocimiento. Y rescatar la idea de un procedimiento de ingreso al servicio educativo, respetuoso de la condición de los egresados de las instituciones de Estado, las normales. Otros ejemplos: retomando frases de la actual reforma, la ley secundaria puede ampliar sustancialmente el papel y ámbito de acción las regiones para impulsar sus proyectos educativos; en el tema de la ciencia definir con claridad y perspectiva social (no de mercado) en qué consiste la innovación, y definir también cuáles son los requisitos permisibles en las instituciones con el fin de no vulnerar el derecho a la educación superior. En el caso del nuevo INEE, lo hasta ahora aprobado no impide que, con el impulso de Morena en el Senado, se establezca como procedimiento que al nombrar a los integrantes de la Junta Directiva y Consejo Técnico, se retomen los candidatos que resulten de un ejercicio de democracia por regiones, entre maestros, estudiantes, comunidades, organizaciones sociales cercanas a la educación y grupos de especialistas. Se evitaría así volver al pasado, cuando el nombramiento fue a partir de sólo la evaluación de los partidos y se tradujo en integrantes con acentuadas visiones y e intereses empresariales (OCDE, Mexicanos Primero) y con una enorme insensibilidad social. Sólo en México la evaluación de maestros llegó a los niveles inauditos de abuso, militarización y barbarie (Nochixtlán) que hemos atestiguado.
En la lectura de una Constitución es común que se asuma la interpretación sesgada que de ella hacen quienes la escribieron. Y así, en la ley de 2013 permanencia fue asumida sin chistar como las razones por las que se puede despedir a un maestro. Sin embargo, cuando en 1980 ese mismo término fue constitucionalmente endilgado a los profesores universitarios, en la ley secundaria institucional permanencia se interpretó y aplicó de manera muy distinta y, además, perfectamente válida. Se estableció qué era lo que debía hacer la institución para asegurar que sus profesores fortalecieran su trabajo y permanecieran en la institución. Durante décadas ha tenido buenos resultado y es una muestra de que si se quiere, la orientación e intencionalidad de los textos también marca la resistencia. Siempre hay una mejor salida.
*UAM Xochimilco
