Millones de usuarios de teléfonos celulares Huawei permanecen en la incertidumbre a raíz de que Google anunció el domingo pasado que ha suspendido la transferencia de software a dispositivos de esa marca –salvo el que esté cubierto por licencias de código abierto– en acatamiento a una orden del presidente estadunidense, Donald Trump, de incluir a la firma china en una lista negra comercial, en el contexto de la ofensiva desatada por la Casa Blanca contra el país asiático.
Las restricciones implican que aplicaciones universales propiedad de Google, como Gmail, YouTube, Google Play Store y Google Maps no podrán ser instaladas o actualizadas en los aparatos Huawei. Es probable, por añadidura, que estos dispositivos experimenten limitaciones o interdicciones que les impidan actualizar el sistema operativo Android, que es el que usa la gran mayoría de smartphones, y también ha sido desarrollado por Google.
Aunque Huawei anunció ayer que dará respaldo a sus celulares y tabletas por medio de actualizaciones de seguridad y servicios, ello no basta para remontar el daño causado, que es alarmante por donde se le vea. Para empezar es un golpe severísimo a una de las empresas mejor posicionadas en el mercado de los celulares, la cual puede experimentar en el corto plazo una caída en picada de sus ventas; por otra parte, las disposiciones del gobierno estadunidense utilizan como rehenes a los usuarios de los teléfonos inteligentes de esa marca, cuyos modelos de gama alta representan una inversión cercana o superior a mil dólares; y, lo más preocupante, el boicot de Google a Huawei puede sembrar una desconfianza irremediable en el mercado tecnológico y representar el principio del fin de la tendencia integradora mundial entre fabricantes de hardware y proveedores de software, lo que significaría una regresión de décadas hacia sistemas cerrados y propietarios y, por consecuencia, un daño incalculable a la conectividad multisistemas y multiplataformas característica de nuestro tiempo. Una fragmentación semejante podría, a su vez, generar una contracción sin precedente en el mercado de los productos de informática y telecomunicaciones.
Resulta inocultable, por otra parte, que la ofensiva de Trump contra Huawei –que ha pasado por la persecución judicial de una de sus principales ejecutivas– obedece a razones políticas y electorales y es parte de una serie de actos hostiles realizados con el propósito de obtener concesiones por parte de Pekín en el comercio bilateral.
Y en esta ruta de politización de los intercambios, la Casa Blanca bien podría ordenar a Microsoft abstenerse de surtir sus sistemas operativos a los fabricantes chinos de computadoras, o prohibir a Apple que ensamble sus equipos en factorías de esa nacionalidad. En contraparte, este golpe de Washington puede impulsar a otros fabricantes a desarrollar sistemas operativos propios, pero también a contramedidas que le resultarían desastrosas, como el cese de las exportaciones de circuitos y microcomponentes chinos a ese país.
Más allá del creciente diferendo entre China y Estados Unidos, el episodio debe llevar al resto de los países a reflexionar sobre el peligro potencial que representa la dependencia hacia virtuales monopolios informáticos como los de Google o Microsoft, los cuales, ya se ha visto, pueden ser usados como instrumento de chantaje contra cualquier empresa y de cualquier gobierno, en una suerte de ejercicio de totalitarismo digital.
Otro tanto puede decirse del control estadunidense de las redes sociales y servicios de mensajería más populares del mundo, como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y WhatsApp. Los peligros de esa nueva hegemonía debiera ser suficiente para alentar un esfuerzo multilateral de cooperación para el desarrollo y la expansión de plataformas y sistemas de código abierto que no puedan ser usados como mecanismo de proyección hegemónica.
Negocios y empresas
Monopolio de medidores de luz
Miguel Pineda
A finales de este mes se llevará a cabo una gran licitación para la compra de medidores de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y lo que se va a mostrar es si se mantiene el control de este sector por parte de Grupo Iusa de Carlos Peralta.
Bajo la política de sustitución de importaciones, desarrollada a mediados del siglo pasado, el gobierno otorgó facilidades y protección a empresarios locales para que produjeran en México lo que antes se importaba. Uno de los empresarios ligados al poder que participó en este proceso fue Alejo Peralta, un ingeniero inteligente, apasionado por el beisbol y la educación en México.
Don Alejo, vinculado con lo que después se llamó Grupo Atlacomulco, que construyó su emporio en Pastejé, se dedicó, entre otras cosas, a la producción de apagadores y medidores de luz. La protección que obtuvo por décadas y sus vínculos políticos le permitieron conformar un monopolio en el sector eléctrico, con precios por arriba del mercado internacional, ya que no se podían importar diversos insumos eléctricos. Así se desarrolló uno de los grupos empresariales del estado de México más importantes ligados al poder.
A lo largo del siglo XXI, el control de Iusa sobre la industria eléctrica y, en particular, los medidores de luz ha sido muy criticado por afectar la economía familiar e incluso la Comisión Federal de Competencia Económica, bajo el mando de Alejandra Palacios, lleva a cabo diversas investigaciones para sancionarlo. Sólo en 2018 firmó un contrato con la CFE por mil 973 millones de pesos a cambio de 1.7 millones de medidores.
Ahora el poder que tiene Iusa en el sector eléctrico puede terminar, ya que, por un lado, el mercado se abrirá al mejor postor, sea nacional o extranjero, y, por otro, las relaciones de poder del Grupo Atlacomulco están muy deterioradas con la actual administración federal.
Gane quien gane la próxima licitación, lo que queda claro es que el gobierno federal tiene la intención de recortar el costo en esta compra en aproximadamente 30 por ciento y que quien ofrezca el mejor precio será el que se quedará con un negocio valorado entre 2 mil y 3 mil millones de pesos.
miguelpineda.ice@hotmail.com
