Ayer miles de mujeres marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia en la Ciudad de México, mientras diversos actos se efectuaron en Sinaloa, Michoacán, Colima y otros estados para exigir a las autoridades la búsqueda y localización de sus parientes desaparecidos. Asimismo, se demandó sancionar a los responsables de delitos de desaparición forzada o cometida por particulares a fin de evitar que se repitan estos crímenes, especialmente amargos para el entorno de las víctimas por cuanto prolongan de manera cruel la incertidumbre acerca del paradero de sus seres queridos.
Se trata del octavo año consecutivo en que la manifestación se lleva a cabo el 10 de mayo para recalcar que el Día de las Madres ofrece pocos motivos de celebración a miles de familias mexicanas, aunque la organización social y las protestas por el drama de las desapariciones se remontan hasta la guerra sucia que el Estado emprendió contra las expresiones de disidencia hace medio siglo. Desde entonces, una de las principales denuncias de los familiares de las víctimas ha sido la inacción de las autoridades de todos los niveles y la nula voluntad para esclarecer los casos que no dejan de sucederse.
Las dimensiones de la tragedia resultan escalofriantes: hasta enero, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) estimaba el número de personas desaparecidas en 40 mil 180, 2 mil 695 de las cuales habrían caído en esta situación sólo en los últimos tres meses de 2018. Para colmo, como reconoció desde abril de 2017 la División Científica de la Policía Federal y han refrendado diversos funcionarios, ningún organismo cuenta con un cálculo confiable de personas desaparecidas, no localizadas o fallecidas, por lo que la magnitud de la problemática podría ser incluso mayor.
Ante un panorama tan desolador, resulta natural que las madres de las víctimas encuentren poco alentadoras las señales positivas del actual gobierno federal, algunas de las cuales fueron señaladas por Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: el reconocimiento de la magnitud del problema por parte del Ejecutivo, el cambio de actitud ante algunos casos emblemáticos (como el de los 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, cuyos padres estuvieron presentes en la marcha de ayer) o el relanzamiento del Sistema Nacional de Búsqueda, mantenido como simple cascarón burocrático por la pasada administración federal.
En cambio, es de absoluta urgencia que las autoridades de los tres niveles de gobierno tomen las acciones necesarias para localizar a todas las personas desaparecidas, consignar a los responsables sin importar si se trata de agentes estatales, miembros de organizaciones criminales o particulares, y garantizar la no repetición de este género de ilícitos. Sólo si se esclarece y se pone fin a este lastimoso fenómeno podrá cerrarse una de las heridas más lacerantes que atraviesan a la sociedad mexicana.
