Durante la presentación del Programa para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas, el titular de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came), Víctor Hugo Páramo, dio a conocer que en lo sucesivo la activación de la fase 1 de la Contingencia Ambiental para el Valle de México contemplará la inclusión en el programa Hoy no circula de los vehículos con holograma 0 y 00, con lo que 20 por ciento de este parque automotriz deberá salir de circulación en estas coyunturas. Dicha medida, así como otras anunciadas en el evento en el que también estuvieron presentes la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador del estado de México, Alfredo del Mazo, son una suerte de adelanto del Plan Integral de Calidad del Aire, cuya entrega la mandataria capitalina anunció para la semana próxima.
El endurecimiento del programa Hoy no circula como primera línea para reforzar el combate a las emisiones contaminantes obliga a plantear varias consideraciones. La primera es que, ciertamente, el otorgamiento de los hologramas 0 y 00 –concedido a los modelos más recientes y, en este sentido, promotor de la adquisición de nuevos vehículos– ha debilitado de manera sustancial el propósito de reducir el parque vehicular en días laborales: mientras en 1989 la medida dejaba estacionados a 20 por ciento de los automotores privados, hoy sólo alcanza a 6 por ciento de ellos, una reducción catastrófica para la movilidad si se considera que en estos 30 años la cantidad de automóviles en la capital del país saltó de 1.8 a 4.1 millones.
La segunda tiene que ver justamente con el hecho de que en la actualidad los vehículos privados representan el principal problema en materia de movilidad dentro de la metrópolis que conforman la Ciudad de México y sus municipios conurbados, pero no puede asegurarse lo mismo en lo que toca a la crisis ambiental. En efecto, ésta se encuentra determinada por una multitud de factores, que van desde la complicada topografía del valle de México, la cual dificulta la circulación del aire, hasta sucesos imprevisibles como los incendios que han azotado al país en semanas recientes, e incluye asimismo a generadores de emisiones como los hogares, comercios y, de manera acusada, la industria.
Lo anterior no busca ni negar ni minimizar el impacto del automóvil privado en la ya habitual crisis ambiental que padecen los capitalinos, pero sí ponerlo en su justa dimensión. Así, de acuerdo con el Reporte nacional de movilidad urbana en México 2014-2015 de ONU-Hábitat, los automóviles particulares generan 18 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono producido en las ciudades mexicanas, si bien es cierto que pueden representar hasta 60 por ciento de la contaminación por partículas suspendidas gruesas, las conocidas como PM-10. Por su parte, la industria, y en particular la muy numerosa ubicada en los municipios mexiquenses de la zona metropolitana, se ha visto exenta de contribuir a la mejora en la calidad del aire.
Como reconoció ayer el gobernador Del Mazo, hasta ahora sólo 18 de los 59 municipios de la zona conurbada del Valle de México participaban en el programa de contingencias ambientales, una situación que sin duda ha impactado en los niveles persistentemente altos de polución.
Debe quedar claro que una respuesta duradera necesariamente pasa por ir más allá de las medidas tradicionalmente adoptadas en episodios de crisis –como lo es la inclusión de los municipios en los planes de contingencia– y, en cambio, exige una reconversión en las actividades cotidianas de la industria.
Asimismo, resulta evidente que el costo económico implicado en la adopción de prácticas industriales menos agresivas hacia el entorno no puede esgrimirse como un pretexto para rechazar o postergar su implementación, toda vez que lo que se encuentra en juego es mucho más importante que las tasas de ganancia de cualquier compañía: se trata de la salud de millones de habitantes de la megalópolis y de su viabilidad como espacio habitable.
“Huachicol de cuello blanco...”
Néstor Martínez Cristo
“Es como un huachicol de cuello blanco…” Así definió el presidente López Obrador una práctica a todas luces abusiva, mediante la cual los pasados dos gobiernos otorgaron condonaciones fiscales por más de 400 mil millones de pesos a contribuyentes privilegiados.
De ese monto, 213 mil millones –54 por ciento del total– se concentró en un selecto club de 180 personas morales.
Se benefició a 153 mil contribuyentes, de manera discrecional, de los cuales 58 cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores y 10 de ellos forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones.
Fue debido a esto que el Presidente de la República firmó un decreto, el lunes pasado, que puso fin a esos privilegios.
De acuerdo con la jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Margarita Ríos-Farjat, se trataba de una práctica creciente amparada en disposiciones de la Ley de Ingresos, así como en distorsiones de una facultad presidencial contenida en el artículo 39 del Código Fiscal.
En el sexenio de Felipe Calderón, 18 mil 302 contribuyentes se acogieron a ese beneficio, alcanzando una condonación por 161 mil millones de pesos, cifra que creció sustancialmente en el de Enrique Peña Nieto, al amparar a 135 mil 228 causantes, por un monto de 238 mil 971 millones de pesos.
Me permito retomar estos datos presentados en la portada de La Jornada del martes pasado, para dar luz sobre la dimensión del abuso, del contubernio y de la opacidad de los más recientes gobiernos. Se trataba, pues, de una atribución fincada en la secrecía y en la discrecionalidad de los altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda y, desde luego, de los presidentes Calderón y Peña.
En 2007, la Ley de Ingresos de la Federación facultó a las autoridades hacendarias para que llevaran a cabo la cancelación de créditos fiscales en los que existiera imposibilidad práctica o incosteabilidad en el cobro. Dos años después, a través de las herramientas del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública –ahora INAI–, un solicitante pidió al SAT la lista de asuntos cancelados por nombre y número de crédito en el proceso masivo de cancelación, que ascendía a casi 74 mil millones de pesos.
El SAT se rehusó. Respondió que la información requerida estaba clasificada como reservada, en virtud de que se encontraba amparada por el secreto fiscal. Insatisfecho con la respuesta de Hacienda, en términos del derecho de acceso a la información, el solicitante interpuso recurso de revisión ante el IFAI para impugnar la clasificación.
La decisión del pleno del IFAI, en 2010, recayó en favor del solicitante, por lo que instruyó al SAT a entregar la información requerida. Ese fue el inicio de un trayecto repleto de evasivas, negativas y hasta amenazas a los comisionados del instituto por parte de las autoridades hacendarias.
“Los más molestos eran los hacendarios, siempre opacos –escribió en un artículo periodístico, públicado hace unos meses, el entonces comisionado del IFAI y ponente del caso, Ángel Trinidad Zaldívar:
“Hoy me atrevo a contar algo: los comisionados fuimos convocados por un alto funcionario de la SHCP para decirnos –pero sin quitarme la mirada y señalándome con dedo flamígero– que estábamos locos, que abrir esa información acabaría con el sistema financiero porque rompería el secreto fiscal e incluso nos dijo que le recomendó a Peña Nieto que nos enviaran a la cárcel”.
Por esos días, refiere en su texto, Trinidad Zaldívar fue objeto de extrañas llamadas, amenazas e incluso de un robo a su casa, de donde sustrajeron computadoras y portafolios con papeles diversos.
Lo que es un hecho es que Hacienda se negó a dar la información usando todos los artilugios posibles, incluido el apoyo de la CNDH de entonces, recuerda.
El asunto llegó incluso a la Suprema Corte y algunos de sus integrantes se pronunciaron en favor de que la información se hiciera pública. La SHCP ganó, pese a la resolución del IFAI, y prevaleció la opacidad. Se impuso el absurdo argumento del secreto fiscal y las listas con los nombres de las empresas y grupos favorecidos nunca se publicitaron. Perdió el derecho a la información pública.
Es hasta ahora, tras la firma del decreto presidencial, que se ventilan los nombres de al menos 170 empresas ampliamente beneficiadas con la cancelación fiscal, que buscaban a toda costa, en los tribunales, continuar en el anonimato.
Aunque los nombres de algunos de estos grupos financieros y empresas nacionales y extranjeras ya se habían conocido con base en filtraciones periodísticas, lo cierto es que podían adivinarse. Son los mismos consentidos del régimen anterior. Figuran entre ellos, empresas automotrices, bancos, farmacéuticas, telefónicas, grupos industriales, televisoras, tiendas departamentales y hasta equipos de futbol.
El decreto del Presidente resulta congruente con los postulados de la 4T y apunta en el sentido correcto. No más privilegios a los privilegiados y fin a las prácticas abusivas de cuello blanco.
