Pedro Miguel
La licitación restringida para construir la refinería de Dos Bocas fue declarada desierta, la obra será encargada a la Secretaría de Energía, Petróleos Mexicanos y el Instituto Mexicano del Petróleo y el anuncio respectivo generó reacciones adversas entre los promotores de las empresas privadas en México y en el extranjero. José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), dijo que la decisión nos inquieta con relación a la percepción del país respecto a la certidumbre de inversiones a largo plazo. Como no podía ser de otra manera, la agorera Moody’s afirmó, por boca de uno de sus ejecutivos, que el hecho eleva el riesgo de sobregiros, costos y retrasos que podrían, a su vez, sumar más presión a las finanzas de Pemex y del gobierno en general. Se unió al coro el embajador en México de la Unión Europea, Klaus Rudischhauser, dijo dudar que la decisión anunciada ayer en la conferencia mañanera por el presidente López Obrador, acompañado de la titular de la Sener, Rocío Nahle, y del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, sea una buena respuesta para los inversionistas. Los exponentes de la derecha vernácula, por su parte, se encargaron de amplificar esas discordancias en clave de griterío.
Se entiende que al sector privado y a sus representantes les disguste la pérdida del contrato rector de la obra de Dos Bocas porque la coordinación de una obra de esas dimensiones habría representado un negocio astronómico. Pero los consorcios participantes en la licitación (los estadunidenses Bechtel Technit y KBR, el australiano Parsons-Jacobs y el italiano Technip FMC) no fueron derrotados por su propia ambición de ganancias fáciles y desmesuradas con un contrato que tiene su componente principal –todo mundo lo sabe– en la administración y la subcontratación, es decir, en trabajo de oficina. Por eso mismo, el hecho de que el Estado se haga cargo de dirigir la obra no implicará una reducción sustancial de la participación privada en la erección de la nueva refinería. Simplemente, se ahorrará una suma muy importante en gasto administrativo y serán muchas las empresas constructoras y de tecnología que serán reclutadas para desarrollar tramos y componentes específicos de la obra y que podrán, de esa manera, generar decenas de miles de empleos.
El otro argumento en contra de la dirección del proyecto en manos de instituciones públicas es de orden ideológico y está más desgastado que la credibilidad de Pinocho: el Estado no es capaz de llevar a cabo ni de administrar de manera eficiente obras de ese tamaño. A lo que puede verse, los detractores no saben que fue precisamente el Estado el que coordinó la construcción de las refinerías actuales, de las grandes hidroeléctricas o, para mencionar un ejemplo más a la mano, del Metro capitalino. Y lo hizo tan bien que después de muchas décadas las obras mencionadas siguen siendo indispensables para el funcionamiento del país y de su capital. El razonamiento de Moody’s, por su parte, es incoherente hasta el asombro: una empresa que posee seis refinerías no va a devaluarse por el hecho de agregar una séptima a su inventario en momentos en que, por añadidura, se enfoca en sanear su administración, erradicar la corrupción de sus oficinas, minimizar el robo de combustibles e incrementar su producción.
En suma, las críticas a la decisión sobre la refinería de Dos Bocas tienen un componente de interés sectorial y otro ideológico (neoliberal) y resultan del todo injustificadas. Agregan, eso sí, a la persistente campaña de descrédito en contra del actual gobierno, y a los ensayos de profecías autocumplidas para descarrilar las finanzas nacionales, a fin de que sus autores puedan decir: les advertimos. Cabe esperar que fracasen en sus empeños y que en el mediano plazo la economía nacional se robustezca y consolide con la culminación de proyectos como la refinería de Dos Bocas.
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