David Brooks
▲ La representante demócrata Rashida Tlaib habló con la prensa hace unos días en Washington, luego de recibir de un activista una petición con 10 millones de firmas para que el Congreso inicie un juicio político contra el presidente Donald Trump.Foto Afp
La famosa escena de la película satírica Dr. Strangelove (El Doctor Insólito, en su rara traducción en México), del director Stanley Kubrick, donde el brillante Peter Sellers en el papel de un ex científico nuclear alemán ahora trabaja para el gobierno de Estados Unidos, una y otra vez tiene que agarrar su brazo para evitar que se extienda en el saludo nazi de nuevo ayuda a ilustrar en parte –más de medio siglo después– la coyuntura en Estados Unidos.
Con el mandatario abiertamente imponiendo un bloqueo completo contra la rama legislativa (en palabras del reportero sobre asuntos legales del New Yorker, Jeffrey Toobin) y con ello anulando la supervisión efectiva que es parte esencial de la función del Congreso al negarse a cooperar con las investigaciones de éste, varios en la cúpula política –incluida la presidenta de la Cámara de Representantes– han declarado una crisis constitucional.
A la vez, la descalificación y amenazas contra cualquier oficial, funcionario o político que se atreva a criticar, cuestionar o contradecir al presidente, ni pensar en investigarlo –sea de la FBI o las agencias de inteligencia, un procurador, generales, jueces federales y hasta, en días recientes, su propio ex abogado de la Casa Blanca– no tiene precedente en tiempos modernos.
Junto con todo eso, Trump no deja de repetir que los medios son el enemigo del pueblo. La semana pasada, la Casa Blanca revocó las credenciales permanentes de corresponsales como parte de un intento de imponer un nuevo protocolo para tener mayor control. El veterano senador Patrick Leahy comentó que eso es lo que hacen los dictadores.
Y lo anterior se combina con la promoción de odio racial contra afroestadunidenses y latinos, contra los inmigrantes del sur global, y contra la comunidad musulmana. La ola de temor que esto ha generado dentro de comunidades inmigrantes se nutre cotidianamente con la retórica oficial, así como con los actos de terror de las autoridades migratorias. Un integrante de una milicia en la frontera con México recientemente citó a Hitler y comentó a su colega mientras cazaban a indocumentados: debemos ponerlos en cámaras de gas. La semana pasada, un fanático de Trump gritó en un mitin que se debería disparar contra indocumentados que cruzan la frontera. El presidente se rio.
Este es, vale repetir, el gobierno de niños inmigrantes enjaulados, con una Casa Blanca que incluso contempla enviar a los menores de edad a lo que sería un campo de concentración en Guantánamo.
Los grupos de odio se han multiplicado a más de mil y el mandatario ha justificado y defendido agrupaciones ultraderechistas, incluso después de actos de violencia. Algunos de éstos en su reuniones han usado el saludo nazi en honor a Trump.
La violencia se nutre de este caldo de odio, desde actos racistas cada vez más descarados hasta matanzas aparentemente al azar; en 2018 más estudiantes murieron por armas de fuego en escuelas en este país que militares estadunidenses desplegados en el extranjero.
Y ahora hay creciente preocupación entre opositores que Trump podría negarse a abandonar el poder si es derrotado en las urnas en 2020. Antes y después de su elección en 2016, él cuestionó la legitimidad del sistema electoral, y aún repite que hubiera ganado el voto popular (el cual perdió por casi 3 millones) si no fuera por un magno fraude, que incluye el voto ilegal de inmigrantes. La líder demócrata Nancy Pelosi, al igual que el ex abogado personal de Trump, entre otros, han indicado en días recientes que el presidente es capaz de no permitir una transición pacífica del poder. Él mismo ha jugado con esta idea, dizque en broma.
Nada de esto está oculto. Muchos lo hemos reportado durante más de dos años. Y una vez más, la gran pregunta no es tanto qué harán Trump y sus aliados, sino ¿cómo es posible que tantos, dentro y fuera de este país, lo sigan tolerando?
¿Están esperando hasta ver un brazo levantado en un saludo terrible?
Guerrero: saldos de la descomposición
En la comunidad nahua de Rincón de Chautla, municipio de Chilapa de Álvarez, Guerrero, se anunció la adhesión de ocho niñas y niños de entre 7 y 10 años a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Pueblos Fundadores.
Los menores, que se dicen sobrevivientes de los enfrentamientos ocurridos en enero de este año en ese poblado, aparecen en un video, armados con palos y en posiciones de combate y dispuestos a participar en la poli-cía comunitaria, a fin de cerrar el paso a grupos delictivos como Los Rojos y Los Ardillos.
El estremecedor documento videográfico da cuenta de una de las más terribles consecuencias de las políticas oficiales de décadas hacia el campo guerrrerense: olvido y desinterés, en el menos peor de los casos, pero también represión estructurada y complicidad de los tres niveles de gobierno con grupos delictivos.
Lo anterior ha generado una descomposición tan grave que naturaliza la idea de la violencia como un recurso inevitable y necesario hasta en los menores. Y el hecho es entendible, porque las autoridades han sido tan omisas en su obligación de dar seguridad a los habitantes que a muchas comunidades no se les dejó otro camino que el de la autodefensa, lo que a su vez alimenta la descomposición y la ausencia de Estado.
Pero si resultan fundados los motivos de las policías comunitarias y de grupos de autodefensa, como los que proliferaron en el estado vecino de Michoacán hace unos años, ello no convierte a tales organizaciones en un fenómeno deseable: la población no debe ser contrapeso del crimen organizado ni se tiene que alentar la práctica de la justicia y la seguridad por propia mano, pues el desempeño de esas tareas –contrarrestar la acción delictiva y procurar seguridad– es una de las razones centrales de la existencia de las instituciones públicas: para eso se pagan impuestos y para eso se otorga a la autoridad el monopolio de la violencia legítima.
Por lo demás, resulta inaceptable desde cualquier punto de vista la incorporación de menores a tareas de policía, así se trate de policía comunitaria. En tales circunstancias, resulta de suma urgencia que las autoridades federales, estatales y municipales se coordinen y empiecen a aplicar en Guerrero algunos lineamientos centrales de la estrategia de paz y seguridad presentada al Senado hace unas semanas por el Ejecutivo federal.
Cierto que esa estrategia aún no puede ser llevada a la práctica en su totalidad, habida cuenta de que la Guardia Nacional todavía está en formación y sigue pendiente el debate sobre la reformulación legal de los estupefacientes hoy prohibidos.
En cambio, es necesario que se acelere el paso en las acciones de bienestar, en los procesos de construcción de la paz y otros aspectos del nuevo paradigma ofrecido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para hacer frente a la inseguridad, la violencia y el embate de la criminalidad.
Finalmente, la palabra clave para avanzar en esta tarea es coordinación: coordinación entre el gobierno federal, el Ejecutivo estatal y los municipios; al menos, aquellos que no hayan caído bajo el control de la delincuencia.
