El asesinato del periodista sonorense Santiago Barroso Alfaro, perpetrado el pasado viernes 15 en su propio domicilio de San Luis Río Colorado, no sólo incrementa la tétrica lista de comunicadores victimados en nuestro país, sino que vuelve más acuciante la pregunta que surge de manera unánime ante cada uno de estos acontecimientos: ¿hasta cuándo?
Como en cada caso, en éste abundan las expresiones de repudio al crimen, de solidaridad con los deudos y de preocupación por el recurrente fenómeno que, desde inicios de 2000 hasta hoy, ha cobrado la vida de 145 hombres y mujeres comprometidos con la labor de informar. Pero como casi se ha vuelto costumbre, también, las motivaciones y la autoría del nuevo homicidio permanecen en la penumbra, al menos hasta el momento.
Los últimos trabajos publicados por Barroso en un medio local –donde escribía una columna periódica llamada Sin compromisos– se referían por un lado a la actividad fronteriza del cártel de Sinaloa, y por el otro a los problemas de seguridad pública que afronta San Luis Río Colorado, por lo que la opinión extraoficial más generalizada atribuye su muerte al crimen organizado; pero en términos estrictos no parecen tener las autoridades mayores datos sobre las causas del asesinato y quienes lo cometieron.
Tan poco alentadores son los antecedentes sobre cómo se investigan los crímenes de las y los periodistas en México, que a los naturales sentimientos de indignación y pesadumbre, de inmediato se le agregan los de impotencia y escepticismo respecto a las posibilidades de que los autores del hecho sean identificados, detenidos y adecuadamente juzgados. No es esta ciertamente una reacción deseable, porque de alguna manera coloca a esta larga y odiosa serie de delitos en la categoría de hechos inevitables, de circunstancias inherentes a un estado de descomposición social, en lugar de ubicarlos como lo que son: atroces demostraciones de una brutalidad que se siente o se sabe impune.
Autoridades de Gobernación informaron que Santiago Barroso no se encontraba entre los beneficiarios del mecanismo de protección a comunicadores y defensores de los derechos humanos, instancia federal adscrita a esa secretaría que periódicamente da a conocer un informe estadístico que incluye los nombres de personas y colectivos protegidos por dicha instancia. Pero lo cierto es que su inclusión tampoco hubiera constituido una garantía de seguridad, porque el mecanismo, aun con sus bondades, sólo brinda algunas medidas individuales de protección que no van acompañadas de políticas públicas capaces de prevenir efectivamente la violación a los derechos de los comunicadores, empezando por el de la vida. Y en un contexto donde el índice de impunidad supera el 90 por ciento, este no es un problema menor.
Este nuevo crimen de un periodista –el cuarto del año en territorio nacional– exige una vez más que se rexaminen y hagan verdaderamente eficaces las medidas para proteger a quienes se dedican a informar y a proteger los derechos humanos. En tal sentido, la reactivación del plan de contingencia del mecanismo de protección puede constituir un saludable punto de partida para que, en México, quienes se dedican a ejercer el periodismo dejen de ser blancos móviles de la violencia y el crimen.
Despertar en la IV República
Disuadir o perseguir
José Agustín Ortiz Pinchetti
Compartiré con ustedes mis experiencias y reflexiones de los trabajos de la Fiscalía Electoral. Serán varios artículos.
En este intento, describiré el marco de esta institución de cara a las elecciones del próximo 2 de junio que van aproximándose mientras la gente se ocupa de otros temas.
Actualmente la Fiscalía Electoral sobrevive con la inercia de sus 25 años, pero después de las elecciones de 2018 sus directivos renunciaron. La institución ha quedado a la deriva. Se tendrá que hacer un gran esfuerzo para reorganizarla. En éste, como en casi todos los organismos del gobierno federal, donde se pone el dedo salta la pus.
Antes de iniciar una tarea deben depurarse las instituciones. La única forma de que la antes llamada Fepade adquiera prestigio es cumpliendo con el propósito político de acabar con el fraude electoral para abrir la puerta a la democracia en México. Si los fraudes se siguen cometiendo nadie creerá que es un instrumento efectivo.
En los próximos comicios no habrá proceso electoral federal. Sin embargo, la Fiscalía Electoral intervendrá en Puebla, donde se dará una fuerte competencia por la gubernatura. La fiscalía actuará como el órgano encargado de la persecución de los delitos electorales. Además tendrá presencia en Baja California, donde habrá una elección histórica a gobernador, y otras cuatro entidades: Aguascalientes, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas.
Si existen indicios de fraude electoral esperamos identificarlos en sus primeros síntomas y disuadir a los que quieran cometerlo o perseguirlos enérgicamente si no comprenden que los tiempos cambiaron. El gobierno federal estará ahora en contra del fraude electoral, no a favor. Eso cambia el escenario.
Colaboró: Mario Antonio Domínguez
