Miguel Concha
Durante el siglo XX los regímenes autoritarios, posteriores a la Revolución tuvieron en el presidencialismo, el partido de Estado y las formas clientelares y corporativas, la fórmula de un control político basado en mucho gobierno, poca sociedad civil y grandes privilegios para pequeños grupos. Este modelo está en los orígenes del enriquecimiento de unos cuantos y la polarización profunda de la sociedad mexicana, a tal grado que en 2019 un puñado de 10 personas tiene en su haber lo mismo que ganan en un año 118 millones de personas.
En 1981 el modelo económico capitalista de nuestro país empezó a formar parte de la estrategia política y económica del neoliberalismo que a partir de entonces fue acumulando mayor riqueza con base en salarios bajos, sindicalismo corporativo, represión, incremento de la violencia, tolerancia del narcotráfico y creciente corrupción en la administración pública federal.
En México el neoliberalismo no implica sólo gobiernos corruptos, sino políticas de enriquecimiento de pocos, represión, desorganización de las oposiciones y destrucción del medio ambiente. Frente a esta política, desde principios de la década de los 60 empezaron a surgir agrupaciones ciudadanas autónomas de gobiernos, iglesias y partidos políticos, interesados en participar en el bien público, para impulsar la promoción de todos los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente, que tomaron la forma de asociaciones civiles no lucrativas.
Después del movimiento estudiantil de 1968 se multiplicaron los entonces llamados organismos no gubernamentales (ONG) especializados en diferentes campos como la libertad de presos políticos y asociaciones de profesionales para impulsar políticas de salud pública, educación popular y derechos humanos. Entre éstos los derechos de las mujeres, los niños, así como la vivienda popular y asesorías en proyectos productivos, el cuidado del medio ambiente, las culturas indígenas y otros campos de la vida de la sociedad nacional.
Estas organizaciones, instituidas entre los gobiernos y los individuos, nunca se situaron en una lógica del llamado clientelismo político, ni como intermediarias de recursos públicos, sino como instrumentos para combatir las causas de la pobreza y generar opciones para mejorar las condiciones de vida, trabajo y el cuidado del medio ambiente, al lado de las organizaciones y movimientos populares y sociales.
Desde la promulgación de la Ley Federal de Fomento a las Actividades Realizadas por las Organizaciones de la Sociedad Civil, el 6 de febrero de 2004, aún vigente, el Estado mexicano ha fomentado las actividades de las denominadas OSC mediante recursos aprobados en la Cámara de Diputados que se ejercen conforme a reglas de operación; convocatorias abiertas y transparentes para proyectos de coinversión; dictaminación por órganos tripartitas integrados por gobierno, academia y sociedad civil, sujetos a rendición de cuentas e informes oportunos.
Sin embargo, en este periodo los recursos para el fomento de las actividades de las OSC han sido escasos, como lo expresa el Centro de Estudios de la Sociedad Civil de la Universidad Johns Hopkins: sólo el equivalente a la cuarta parte del promedio internacional; a la quinta parte del promedio en los países desarrollados y a menos de la mitad que en las naciones en desarrollo.
Aparte del escaso monto de las partidas asignadas a las OSC en el Presupuesto de Egresos de la Federación, 69.4 por ciento fue entregado en 2007 a organizaciones paraestatales y sólo 30.6 por ciento llegó a las verdaderas OSC. Es entonces necesario que el Presidente de la República distinga a las organizaciones de la Sociedad Civil que han resistido al neoliberalismo y a los proyectos de muerte, trabajando sin descanso para impulsar la democracia, el cuidado del medio ambiente, la atención a personas vulnerables y la promoción de los derechos humanos, de las organizaciones clientelares o las que impulsaron un campo de golf, que no dejan de ser una excepción y deben, en efecto, rendir cuentas.
El fondo del problema es que las sociedades modernas impulsan con energía las organizaciones intermedias entre gobierno y ciudadanos, precisamente para llevar adelante iniciativas de la sociedad civil que difícilmente pueden ser atendidas por los gobiernos. Organizaciones que instituyen mediaciones profesionales y empáticas con los grupos más vulnerables como migrantes, mujeres violentadas, familiares de personas desaparecidas. Mediaciones que promueven colectivos para impulsar la democracia y el cuidado de la naturaleza y que colocan, siempre en el centro la vigencia plena de los derechos humanos, el cuidado de la naturaleza, el respeto a las personas vulnerables como sujetos de derechos, el agua como derecho humano (no como mercancía), la justicia y la democracia, son contrapesos necesarios para evitar nuevas formas de autoritarismo y corporativismo, buscando siempre abordar las causas de los problemas que han generado tanto la corrupción como el autoritarismo y el neoliberalismo.
Ferronales: desfalco transexenal
En diciembre de 1997 se constituyó un fideicomiso en Nacional Financiera para garantizar el pago de las pensiones a los trabajadores jubilados de la extinta paraestatal Ferrocarriles Nacionales (Ferronales), desmantelada por el gobierno de Ernesto Zedillo con el propósito de entregar el sector ferrocarrilero a distintas compañías privadas extranjeras. A partir de entonces, a lo largo de más de dos décadas y de cuatro diferentes administraciones federales, cada año el gobierno ha entregado 18 millones de pesos directamente al Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana con la presunta finalidad de cubrir los costos de un comité encargado de administrar los recursos del fideicomiso –integrado con una aportación inicial de 13 mil 579 millones de pesos.
Desde noviembre de 2016, los ferrocarrileros retirados han denunciado que los recursos entregados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) por concepto de gestoría al gremio que encabeza Víctor Flores Morales, son administrados de manera opaca, sin rendición de cuentas ni informes que permitan darle un seguimiento a su destino. Dicha situación persistió, pese a la alternancia partidista vivida en la nación entre 2000 y 2012, y no fue alterada ni siquiera a raíz de las múltiples denuncias por fraude, agresiones físicas, uso indebido de recursos públicos, hostigamiento y represión que acumula el emblemático representante de lo peor del charrismo sindical.
El desfalco –que suma casi 400 millones de pesos– fue evidenciado porque la actual administración federal decidió poner fin a dicha transferencia en el contexto de sus medidas de austeridad. De acuerdo con un comunicado conjunto de Hacienda y su Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), dicho recorte no afectará en nada el pago de las jubilaciones de unos 27 mil beneficiarios, lo cual obliga a preguntarse cómo se ha usado ese dinero a lo largo de tantos años, si ahora se sabe que no se requería para garantizar las prestaciones de los ferrocarrileros.
Si bien resulta aplaudible que se termine con un dispendio de esta magnitud, sólo explicable por las redes de corrupción e impunidad tejidas a lo largo de décadas de tráfico de favores entre autoridades, patrones y dirigentes sindicales en detrimento de las mayorías trabajadoras, es también imprescindible emprender una investigación puntual acerca del destino de los recursos públicos, así como de los responsables de su manejo, pues de otro modo poco se habrá avanzado en el desmantelamiento de dicho tipo de lacras.
