La movilización de los docentes –que se inició el lunes en el recinto de San Lázaro, donde se generó el dictamen– se centra en exigir la eliminación total de los aspectos laborales en la redacción del artículo tercero constitucional y, en un sentido más amplio, el cumplimiento de los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador, según los cuales la reforma de 2013 sería derogada por completo y la nueva propuesta en la materia sería discutida y consensuada con la plena participación del magisterio.
Es necesario aclarar que, si bien la actual redacción del dictamen supone innegables avances con respecto a la embestida antimagisterial que la administración anterior disfrazó de reforma educativa, también conserva aspectos de forma y fondo que resultan indeseables para sectores del profesorado. De manera fundamental, mantiene la puerta abierta para que cualquier persona acceda a la función magisterial, lo cual va en menoscabo del reconocimiento tanto a la capacitación especial que los docentes reciben en las escuelas normales como al papel histórico del normalismo en el impulso de todo el sistema educativo nacional.
Asimismo, existe un inocultable fallo en la elaboración de la propuesta toda vez que, con independencia de su contenido, el proceso se ha llevado a cabo a contracorriente de los compromisos del partido que ostenta la mayoría legislativa en lo que toca a la inclusión de todos los sectores del magisterio. Dicho error de procedimiento resulta lamentable no sólo porque a estas alturas debería estar claro que ninguna legislación en la materia podrá prosperar si no se involucra en ella a los docentes, sino también a la luz de la resistencia del magisterio democrático frente a la prolongada y sistemática embestida de los gobiernos neoliberales.
Cierto, Morena no legisla en solitario y lograr la mayoría calificada requerida para modificar términos constitucionales tiene que negociar con otras bancadas y ello explica la incorporación al proyecto de decreto de aspectos que generan rechazo en la CNTE. Se hace indispensable, así, establecer un diálogo en dos instancias paralelas: el Legislativo propiamente dicho y la interlocución permanente con el magisterio movilizado. Esa parece ser la única vía de resolver el actual impasse y de evitar la reactivación de las costosas y lamentables confrontaciones entre la CNTE y el gobierno federal que marcaron el sexenio pasado.
EL SME LE RESPONDE A LOZANO.
Sr. Director de El Financiero, mucho le agradecería publicar nuestro punto de vista respecto a lo dicho por su entrevistado Javier Lozano en la pasada edición del domingo 17 de marzo de su gustado programa "La Silla Roja”.En relación a la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LyFC), el ex Secretario del Trabajo en el sexenio del impresentable Felipe Calderón, repite su falsa verdad histórica que asume que el despido masivo de 44 mil trabajadores y la extinción del organismo público descentralizado LyFC fue una acción de gobierno impecable que resultó de innegable beneficio para el interés nacional.
Nada más falso. Javier Lozano escogió el peor ejemplo para criticar la estrategia de combate al “huachicoleo” del presidente López Obrador. Omite que el decreto de extinción de LyFC fue ilegal, y autoritario de principio a fin, lo cual derivó en un conflicto social que se mantiene vivo hasta nuestros días, a raíz del injustificado despido de más de 44 mil trabajadores y la persecución, linchamiento mediático y criminalización de los 16,599 electricistas que durante años hemos luchado por la preservación de nuestro sindicato y la defensa de la soberanía energética de nuestro país.
No es como dice Lozano, el gobierno de Felipe Calderón no “entró al organismo” sino que militarmente tomó por asalto los centros de trabajo de LyFC en forma violenta, empleando a cerca de 30 mil efectivos de las fuerzas armadas disfrazadas de policía federal para desalojar a punta de pistola nuestros centros de trabajo.
Afirma Javier Lozano “no se rompió un solo vidrio, ni se fue un minuto la luz”, sin embargo, una breve revisión de las afectaciones derivadas del decreto de extinción muestran decenas de personas heridas por el estallido de bóvedas subterráneas, transformadores, cortos en líneas de distribución, etc., además de cientos de accidentes laborales que incluso costaron la vida a por lo menos una docena de trabajadores contratistas, quienes sin equipo de seguridad y capacitación alguna fueron lanzados a operar y dar mantenimiento a la línea viva energizada de Luz y Fuerza. Lozano es responsable de este crimen industrial.
Aunado a lo anterior, el decreto de extinción provocó un aumento irracional de los costos de la energía eléctrica en la zona centro del país, los usuarios del servicio público de energía se vieron forzados a cambiar de compañía, sin contrato de por medio, a CFE; lo que derivó en la creación de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica, quienes hasta la fecha se mantienen en huelga de pagos por las altas tarifas eléctricas.
En pocas palabras, el Decreto de Extinción de LyFC fue un acto ilegal, irracional y arbitrario del expresidente Felipe Calderón que le fue recompensado por las empresas trasnacionales que pujaban por la privatización del sector eléctrico. Como se sabe la ex Secretaria de Energía, Georgina Kessel es Consejera Externa Independiente y parte del Consejo de Administración de la empresa española IBERDROLA, mientras que Felipe Calderón fue, de 2016 a 2018, miembro independiente del Consejo de Administración de la empresa estadounidense Avangrid, filial de IBERDROLA. De lo que se deduce entonces: Javier Lozano es cómplice del huachicoleo eléctrico. Lo mismo defendió la extinción de Luz y Fuerza que la fracasada reforma energética de Peña Nieto.
FRATERNALMENTE.
“Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”
José Humberto Montes de Oca Luna.
Secretario del Exterior.
Sindicato Mexicano de Electricistas.
Ciudad de México a 19 de marzo de 2019.
