Ana María Aragonés
La migración de centroamericanos que desde el 16 de octubre han estado llegando a México en forma masiva constituye una condición inusual, en la medida en que hasta ahora lo hacían en números mucho más reducidos, si bien constante.
Es muy encomiable que El Colegio de la Frontera Norte se haya abocado a hacer un censo sobre estos migrantes, pues ha sido una de las graves omisiones de las instituciones mexicanas relacionadas con este fenómeno. Esto permitirá tomar decisiones adecuadas, dar los apoyos necesarios y sobre todo poder informar con toda amplitud cuáles son las posibilidades para alcanzar sus objetivos diversos. Sobre todo en relación con su deseo de pedir asilo en Estados Unidos, pues se enfrentan a la negativa rotunda del vecino del norte, incumpliendo compromisos internacionales y, mucho peor, poniendo en marcha la militarización de la frontera, la amenaza de su cierre y dispuesto a ataques letales.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha planteado que la migración es un derecho y tiene que ser resultado de una opción y no de una necesidad, con lo cual estamos totalmente de acuerdo. Las causas que llevan a una persona a salir de su país, y en circunstancias tan vulnerables, si bien complejas, es posible enmarcarlas en condiciones económicas inaceptables para una vida digna, falta de acceso a la educación y a la salud, inseguridad rampante, corrupción, falta de democracia, etcétera.
La explicación que doy de por qué la masividad de esa migración de personas desesperadas tiene que ver con la historia vivida por esos países de explotación y subordinación a los poderes de grandes empresas y la injerencia de potencias como Estados Unidos. Vale la pena recordar las condiciones en que se estableció la tristemente célebre compañía United Fruit apropiándose de las tierras, coludidos y apoyando a los dictadores, con salarios de hambre para los trabajadores y promoviendo golpes de Estado contra los gobernantes que se atrevían a buscar reformas agrarias. Por eso surgieron los movimientos insurgentes en la década de 1960 y la respuesta fueron represiones, campañas de tierra arrasada, guerra sucia en El Salvador, mientras Honduras fue utilizada como base de los contras. La justificación para la barbarie en esos momentos era el comunismo, actualmente la bandera de intervención ha sido el Consenso de Washington, los ajustes estructurales, las cartas de intención del Fondo Monetario Internacional, única forma de recibir apoyos monetarios. Se fue la United Fruit, pero fue sustituida rápidamente por Monsanto, con lo cual las condiciones no sólo se mantienen, sino que ahora, con la instauración del neoliberalismo, la pobreza se ha extendido en forma catastrófica, al tiempo que los ricos se hacen más ricos, campea la inseguridad, la violencia extrema, la criminalización de la protesta social, los escuadrones de la muerte.
La región ha vivido diferentes etapas de integración regional y a partir del Protocolo de Tegucigalpa, en 1991, se forma el Sistema de Integración Centroamericana, cuyos principios fueron: paz, libertad, democracia y desarrollo. Tienen toda una estructura institucional, parlamento, cortes de justicia, consejos ministeriales y en 2010 se redefinió la agenda; sin embargo y a pesar de ello, hemos presenciado una migración masiva nunca vista.
Por eso, la propuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es muy interesante al buscar impulsar el desarrollo y las oportunidades desde una perspectiva regional integral, cuyo objetivo primordial es atacar las causas estructurales del fenómeno migratorio y así cambiar la necesidad por el derecho a no migrar. Esto marca, sin duda, un nuevo enfoque migratorio, alejado de la criminalización y de la seguridad nacional. Sin embargo, habría que analizar muy cuidadosamente quiénes son los verdaderos interlocutores, los sujetos reales y los grupos sociales a los que hay que dirigirse, pues no sólo serán los receptores de los programas, sino fundamentalmente los que tienen la posibilidad de indicar el camino para llevar acciones concretas que permitan transformar sus condiciones.
Los gobiernos y sus representantes van en línea directa, sin solución de continuidad, de la historia señalada. Por eso no es extraño que cuando Donald Trump dijo que ya no enviaría el apoyo monetario a esos países, la respuesta de los migrantes fue contundente no hay problema, porque a nosotros no nos llega nada.
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Astillero
Al banquillo, el Poder Judicial // Litigio (social) por remuneraciones // Austeridad contra legalidad // Tribunal avala fraude poblano
Julio Hernández López
▲ REUNIÓN EN TABASCO. El presidente Andrés Manuel López Obrador estuvo con varios gobernadores para anunciar el Plan Nacional de Refinación.Foto Twitter de Alejandro Murat
Una de las propuestas centrales del lopezobradorismo ha entrado en un conflicto de definiciones con el aparato tradicional de justicia. El litigio no es menor ni secundario y va más allá del tema específico de las remuneraciones a servidores públicos: es la reivindicación que el Poder Judicial federal pretende hacer, en favor de sí mismo, ante la abrumadora concentración de poder en el Ejecutivo (el presidente Andrés Manuel López Obrador) y el Legislativo (bajo control, en los hechos, del mismo titular del Poder Ejecutivo), más los venideros nombramientos que en instituciones como la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación habrá de impulsar el combo Palacio Nacional-San Lázaro y Senado.
La contienda judicial podría resultar interesante si se desenvolviera en un escenario de normalidad jurídica y política. Recurrir a las instancias de justicia para impugnar un acto de poder que se considere lesivo es uno de los derechos indiscutibles de los ciudadanos y de las instancias de organización social, como son los partidos políticos. Ninguna mayoría electoral, sólo por su fuerza numérica, debería pretender frenar o satanizar la recurrencia de particulares e instituciones ante la potestad del Poder Judicial.
Sin embargo, el escenario político y social es particularmente adverso para el ejercicio judicial de escrutinios y eventuales sentencias en favor de causas en las que se incluye ese mismo poder. Así sea un exceso el estribillo propagandístico que propone al sexenio lopezobradorista como proceso de una Cuarta Transformación del país y así sea insostenible la hipótesis de un cambio de régimen, lo cierto es que los poderes judiciales, el federal y los estatales, requieren una profunda transformación y un cambio verdadero, pues hasta ahora han sido, en lo general, parte del conjunto de complicidades y retorcimientos que ocasionaron la crisis de un sistema que ahora tiene en López Obrador, y sus propuestas correctivas, una oportunidad de saneamiento desde lo electoral (Morena) y lo institucional (la Presidencia de la República y el control del Congreso) sin estallidos violentos.
El choque en curso (con movilizaciones populares contra el freno a los sueldos excesivos) es, a fin de cuentas, entre una legalidad en bastante entredicho (la de los poderes judiciales) y una legitimidad de índole política y social (la exigencia de austeridad en cuanto a sueldos y prestaciones de una élite abusiva y despilfarradora). La suspensión de la aplicación de la ley sobre remuneraciones ha sido abiertamente rebatida por López Obrador, en un tono sin consideraciones, y por los conductores morenistas de las cámaras, Ricardo Monreal y Mario Delgado, quienes han hecho pronunciamientos secos, de absoluta descalificación hacia esa decisión judicial y han advertido una virtual desobediencia legislativa, pues han asegurado que el próximo presupuesto federal no considerará la resolución imperativa emitida preventivamente por un ministro de la Corte.
La controversia en curso exhibe penosamente la situación interna de ese Poder Judicial en el que jueces, magistrados y ministros (entre éstos Olga Sánchez Cordero, ministra en retiro, senadora con licencia y ahora secretaria de Gobernación, pensionada con los mismos montos que ahora tanta irritación producen) han permitido que se les identifique ampliamente con los fenómenos de dispendio, corrupción e impunidad que el nuevo gobierno federal pretende erradicar.
Un ejemplo de esa disparidad, entre lo que el Poder Judicial pretende ser y lo que parte de los ciudadanos percibe, se acaba de producir en Puebla, donde el tribunal electoral, integrante del Poder Judicial de la Federación, ha confirmado la asignación de la gubernatura de esa entidad a la esposa del senador Rafael Moreno Valle, quien ya fue mandatario del mismo estado), a pesar de las múltiples pruebas de que en los comicios de referencia hubo un escandaloso fraude electoral.
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