Revuelta de la burocracia dorada // Poder Judicial: oro por espejitos
Carlos Fernández-Vega
El artículo 74 constitucional enumera las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Entre éstas se cuenta la de aprobar, modificar o rechazar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, que a esa soberanía envía anualmente el Presidente de la República.
Son los diputados, en exclusiva (los senadores sólo participan en la aprobación de la Ley de Ingresos), quienes deciden a dónde, con qué fin y en qué proporción se canalizan los dineros de la nación en un ejercicio fiscal determinado. Por ejemplo, las remuneraciones para los servidores públicos. Y si esto lo saben los mortales, cuanto más los sabiondos en materia legal.
Por si fuera poco, el artículo 127 constitucional es más transparente que el agua, pues en su inciso segundo establece que “ningún servidor público podrá recibir remuneración por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el presupuesto correspondiente… Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los presupuestos de egresos correspondientes…” (léase por los diputados).
La ley es clara, pero a pesar de ello se ha dado una rebelión, alegando autonomía, en el Poder Judicial y en ella se han colado otros personajes, ante el ya cercano debate (aprobación, modificación o rechazo) sobre el Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente a 2019, el cual, todo indica, incluirá la reducción de las remuneraciones de los altos mandos de los denominados tres poderes de la unión.
Y la citada revuelta se enfoca a mantener las altísimas remuneraciones de los integrantes del Poder Judicial, pero deja a un lado la ostentosa falta de resultados en la materia, las corruptelas y el burocratismo, con el consabido efecto negativo para los ciudadanos, que son quienes les pagan. Cobran mucho y hacen poco, pero, eso sí, se retuercen y escandalizan ante la posibilidad de que disminuyan sus canonjías.
Habrá que ver qué deciden los inquilinos de San Lázaro, pero en vía de mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador entregará a la Cámara de Diputados, a más tardar el sábado próximo, su primer paquete económico, en el entendido de que hasta el gobierno de Enrique Peña Nieto el insostenible gasto por nómina burocrática representaba alrededor de 20 por ciento (poco más de un billón de pesos) del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En vía de mientras, en su más reciente análisis –del que se toman los siguientes pasajes–, el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico señala que la presentación del próximo paquete económico dará vida a las primeras estrategias de la nueva administración. Es prioritario que se encuentren alineadas para resolver los problemas nacionales.
Para que sea sostenible se deben crear las condiciones productivas que aseguren el fortalecimiento del único mecanismo que permite el desarrollo social y económico de cualquier nación: empleo formal bien remunerado. Su generación se da en el sector productivo, público y privado. Sólo mediante el diálogo, la confianza y la certidumbre se puede garantizar que la inversión fluya a los sectores productivos y regiones del país que pueden contribuir a que México pase de un crecimiento de 2 por ciento a otro de 5 por ciento.
La pregunta es: ¿cómo revertir la senda de bajo crecimiento? Como indicó López Obrador, el país se encuentra anclado a un producto interno bruto que sólo se eleva 2 por ciento en promedio anual. Ello es fruto de los errores de política económica que castigaron la inversión pública y privada, de tal suerte que el próximo Presupuesto de Egresos debe revertir dicha situación.
Las rebanadas del pastel
Que la reforma fiscal fue exitosa (Videgaray dixit). Ajá, y como muestra lo publicado ayer por La Jornada: nueve grandes corporativos con utilidades brutas por 766 mil millones de pesos pagaron impuestos equivalentes a 2.99 por ciento de sus ventas totales, cuando les correspondía 35 por ciento. Entonces, ¿así, o más exitosa?
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