La realidad sigue desmintiendo al presidente estadunidense Donald Trump: pese a las amenazas, el reforzamiento de las vallas fronterizas y el trato inhumano dispensado a quienes ingresan a Estados Unidos sin documentos, el número de personas que llegan a la frontera sur de ese país de manera irregular muestra un marcado crecimiento respecto del año pasado. Estos hechos se reflejan tanto en la afluencia de personas migrantes a los albergues ubicados en las ciudades mexicanas colindantes con territorio estadunidense, como en las cifras de detenidos provistas por la Patrulla Fronteriza de aquel país.
Lo anterior obliga a plantear varias consideraciones. En primer lugar, queda al descubierto la inutilidad de los métodos empleados por Washington –y replicados por otros gobiernos de naciones receptoras de flujos migratorios– para mantener lejos de sus jurisdicciones a quienes huyen de la violencia, la miseria o de ambas. En esta misma línea, remarca el sinsentido de edificar el muro que Trump ha tomado como principal bandera de campaña y de gobierno, para cuyo inicio exige, por lo menos, 5 mil millones de dólares en las negociaciones en curso con el Legislativo para adoptar en el presupuesto del año entrante.
Por otra parte, el incremento en el número de personas que practican la vía terrestre hacia Estados Unidos muestra que quienes abandonan sus regiones de origen de forma individual, familiar o colectiva y se lanzan a una búsqueda incierta de un mejor futuro no lo hacen en ningún caso como una opción entre varias, sino como un último recurso desesperado del que no pueden ser disuadidos simplemente porque ya se les cerró cualquier otra alternativa. Las propias cifras del cuerpo policiaco encargado de impedir su entrada son elocuentes al respecto: de las 51 mil 856 personas detenidas hasta noviembre pasado, 25 mil 172 viajaban en familia y 5 mil 823 eran niños que no contaban con el acompañamiento de un adulto, quienes además han mudado la añeja práctica de pasar desapercibidos tras el cruce por la de entregarse a las autoridades y pedir asilo.
Para colmo, la política de estigmatización y criminalización de los migrantes emprendida por sectores de derecha en todo el mundo y que tiene en el magnate a su principal portavoz parte de la hipocresía de rechazar a quienes huyen de catástrofes creadas por actos de fuerza de las naciones poderosas, con Estados Unidos y sus aliados a la cabeza. Por mencionar sólo lo referente a la actual oleada migratoria, cabe recordar que Honduras se encuentra inmerso en una espiral de degradación económica y social desde que la Casa Blanca brindó su visto bueno al golpe de Estado con el que la oligarquía de ese país depuso al presidente constitucional Manuel Zelaya. Casos similares existen en las otras naciones centroamericanas expulsoras de población, Guatemala y El Salvador, donde Washington ha orquestado o respaldado todo tipo de asonadas y regímenes autoritarios a cambio de la lealtad política de sus titulares y el otorgamiento de patentes de corso para las empresas estadunidenses.
Así las cosas, la postura de Trump no sólo resulta contraria al más elemental respeto a los derechos humanos, sino además notoriamente abominable por cuanto criminaliza a quienes, desde cualquier perspectiva, son víctimas de las propias decisiones tomadas por el mandatario republicano y sus antecesores en las relaciones de la superpotencia con las naciones sobre las cuales hace sentir su influencia.
Los de Abajo
En Oaxaca, juicio popular contra mineras
Gloria Muñoz Ramírez
Ya con un nuevo titular al frente del gobierno federal, las comunidades y organizaciones oaxaqueñas que participaron en el juicio popular comunitario en contra del Estado y las empresas mineras, celebrado el 11 y 12 de octubre pasado, darán a conocer el informe y veredicto el próximo 10 de diciembre.
En el juicio popular se denunciaron 22 casos de violaciones de las minas a los derechos de los pueblos, en un ejercicio que permitió que reivindicaran su autonomía frente al modelo extractivista. El próximo lunes y ya con un nuevo interlocutor federal, denunciarán en la plaza pública de la capital oaxaqueña las violaciones a los derechos humanos que en las últimas décadas han cometido las autoridades estatales y federales en agravio de los territorios oaxaqueños.
Para 52 comunidades de los pueblos chatino, chontal, cuicateco, ikoots, ayuuk, mixteco, zapoteco y mestizo, el juicio abrió una nueva etapa en su lucha frente a los proyectos extractivos, hidráulicos, energéticos, turísticos y de construcción de infraestructura. Adelantaron que el veredicto dibuja un panorama de reivindicación de sus autonomías y de la organización comunitaria que serán pilares fundamentales para detonar los cambios que anhelamos y fortalecer los procesos de defensa de nuestros territorios,
Actualmente hay 41 proyectos mineros activos en Oaxaca, mismos que pertenecen a empresas registradas en Canadá, Estados Unidos, Perú, Australia y México. La Secretaría de Economía, se advirtió en el juicio de mediados de octubre, otorgó 322 concesiones mineras de 2002 a 2016 tan sólo en esta entidad, en una superficie de 462 mil 974 hectáreas. Los proyectos, acusaron las comunidades, han violado el derecho al territorio y al acceso preferente a los recursos naturales, el derecho al desarrollo propio, el derecho a la identidad cultural y el derecho a la información técnica y culturalmente adecuada.
Un testimonio de la comunidad de San José del Progreso resume el daño causado por las minas: Nos han dañado las parcelas, nos han encarcelado y nos han asesinado.
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