Silvia Ribeiro *
En septiembre de 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Ginebra tomó la decisión histórica de aprobar la Declaración sobre Derechos de los Campesinos y Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, propuesta iniciada hace 17 años por Vía Campesina. Se establecen por primera vez en la legislación internacional un conjunto de derechos de campesinos y trabajadores rurales (incluyendo pastores, migrantes y trabajadores rurales sin tierra), como a la no discriminación, a la alimentación sana, al acceso a la tierra, a conservar sus tierras y territorios, a no exponerse a agrotóxicos en sus trabajo y a obtener créditos agrícolas, educación, información y otros.
Establece además el derecho internacional de esos actores a ser consultados y a dar o negar el consentimiento libre, previo e informado antes de que se tomen decisiones no sólo sobre proyectos, sino también sobre leyes y programas que los afectarán.
La declaración fue aprobada el 20 de noviembre de 2018 en Nueva York por una amplia mayoría del comité de Naciones Unidas sobre el tema y remitida para su aprobación por la Asamblea General de la ONU en diciembre, la cual, sin duda, la adoptará, debido a la amplia mayoría de países que se manifestaron en favor.
En la misma reunión de la ONU en Nueva York se aprobó también otro documento que amplía la definición y proceso de consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas, estableciendo que para obtener tal consentimiento los estados deben consultar y cooperar de buena fe con los pueblos indígenas, mediante las formas de representación propias de los pueblos, en un proceso justo para decidir si otorgan o no su consentimiento antes de que proyectos y leyes que afectarán sus territorios y recursos comiencen y antes de que se efectúen.
En este punto sobre consulta y consentimiento el texto de ambas resoluciones, tanto la relativa a derechos campesinos como a derechos indígenas, es prácticamente igual. Las dos afirman y aumentan en contenido y actores las obligaciones de los estados a obtener el consentimiento previo, libre e informado de indígenas y campesinos, estableciendo para ello consultas que deben ser programadas y dirigidas en conjunto con las autoridades designadas por los propios pueblos y organizaciones comunitarias y campesinas. En ese sentido, afirman y van más allá de las obligaciones establecidas en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.
Las dos resoluciones representan un enérgico llamado de atención a los gobiernos que no respetan esos derechos, sea por políticas propias y programas o al permitir que emprendimientos empresariales, sean mineros, urbanos, carreteros, agrícolas, de siembra de transgénicos u otros, avancen atropellando los derechos y territorios de pueblos indígenas y comunidades campesinas.
México tiene muchos ejemplos de proyectos inconsultos en tierras indígenas y campesinas; otros, con una pantomima de consulta, como sucedió con los pueblos de la península de Yucatán en el caso de la siembra de soya transgénica y las acciones cómplices con las trasnacionales transgénicas de Sol Ortiz, de Cibiogem; y otros, donde se realiza consulta, los pueblos no dan su consentimiento y los proyectos continúan igual, como el caso del pueblo yaqui con el acueducto Independencia. En todos los casos, criminalizando además a comunidades y pueblos que reclaman sus legítimos derechos.
En este contexto, la segunda consulta de AMLO, que incluye entre las preguntas a un público general la realización del corredor comercial del Istmo de Tehuantepec, el Tren Maya y una refinería en Tabasco, así como programas que afectan el campo y territorios indígenas y campesinos, es un atropello a los derechos de los pueblos que serán directamente afectados. Es una negación flagrante de la consulta y cooperación previas y de buena fe, y no respeta las organizaciones y formas de los pueblos. Sin importar cual sea el resultado de esta segunda consulta, no es una consulta a los pueblos indígenas ni campesinos, ni representa su consentimiento. Es absurdo que el gobierno anuncie que los trabajos para el Tren Maya comenzarán en diciembre, cuando ni se han tomado mínimos pasos para la consulta a la que tienen derecho los pueblos indígenas y campesinos.
Adicionalmente, la presentación de propuestas de ley, tales como la de desarrollo agrario y la de protección de derechos colectivos de propiedad intelectual sobre conocimientos tradicionales presentadas por el senador Ricardo Monreal, de Morena, además de sus graves implicaciones, como facilitar la privatización de territorios, ejidos y conocimientos (ver artículos de Ana de Ita, Carlos González y Magda Gómez, La Jornada, https://tinyurl.com/y8uh9ku9), también deben ser precedida de consultas –en los tiempos y formas de los pueblos– antes de llevarlas a proceso legislativo. Al respecto, la invitación al Congreso Nacional Indígena y personas interesadas para enriquecer la propuesta de ley que hace en prensa el senador Monreal, cómodamente sentado en su despacho, invierte y pervierte los términos que establece la ONU para las consultas, no sólo de megaproyectos, sino también de leyes como ésta, que afectan directamente a los pueblos.
* Investigadora del Grupo ETC
Venezuela: sanciones económicas y manipulación migratoria
Katu Arkonada
La inminente visita de Nicolás Maduro a México ha despertado la indignación no solo de la derecha, sino también de algunos sectores de Morena.
A pesar de que López Obrador ha dejado claro que todos los presidentes del mundo, incluido Maduro, son bienvenidos, llama la atención que la derecha neoliberal y la progresía lightberal no hayan protestado por la llegada de Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, violador en serie de los derechos humanos (tanto en sus fronteras, como en otras regiones del mundo, desde América Latina a Oriente Medio) o de Iván Duque, delfín de Uribe, cuyo legado en Colombia de desapariciones y falsos positivos deja más restos humanos en fosas comunes que todas las dictaduras militares del cono sur en su conjunto; una Colombia donde hoy, durante el gobierno de Duque, se siguen desapareciendo a decenas de luchadores sociales (más de 150 desde que se firmaron los recientes acuerdos de paz con las FARC-EP).
Nada de lo anterior sucede en Venezuela, cuyo gobierno no tiene bases militares en territorio extranjero, no impulsa golpes de estado ni realiza injerencia política en otros países, y tampoco desaparece líderes sociales; sin embargo, las matrices de opinión que se construyen, sobre todo en torno a dos ejes, crisis económica y éxodo migratorio, para obligarnos permanentemente a opinar sobre su gobierno.
Hablemos y debatamos entonces, sobre las dos matrices en torno a Venezuela sobre las que personas que nunca han estado en ese país caribeño, que tiene las reservas de petróleo certificadas más grandes del mundo (sumadas a las altísimas reservas de oro o coltán, además de un vínculo sur-sur con China o Rusia), opinan a partir de lo que ven o leen en los medios de comunicación masivos.
No hay ninguna duda de que Venezuela está inmersa en una grave crisis económica. Lo que quizás no es tan conocido es que es resultado de la orden ejecutiva de Barack Obama, de marzo 2013, que declaraba a Venezuela peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Orden que ha permitido un ataque multidimensional a la estructura económica venezolana.
Por un lado, mediante las sanciones económicas que incorporan las cuentas que maneja el gobierno venezolano para sus compras en el exterior a la unidad de investigación financiera que indaga, y bloquea en caso de ser necesario, cuentas del Estado Islámico y otros grupos terroristas. Eso ha permitido, por ejemplo, que bancos como el Citibank hayan bloqueado en septiembre de 2017 la compra de 30 mil unidades de insulina, o que el 18 de mayo de 2018, a dos días de la elección presidencial, Colombia bloqueara la llegada de 15 contenedores con 25 mil cajas CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción, un refuerzo del gobierno venezolano para garantizar la seguridad alimentaria de su población) que contenían 400 mil kilos de alimentos.
Y para quien todavía duda sobre la existencia de un bloqueo, el canciller de Brasil admitió recientemente que no pueden pagar una deuda de 40 millones de dólares a la empresa estatal venezolana Corpoelec (por el suministro de electricidad al estado de Roraima) debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea.
Este bloqueo tiene dos componentes más. En primer lugar, la operación quirúrgica de las élites económicas estadunidenses por medio de sus calificadoras Standard & Poor’s, Fitch Ratings y Moody’s, colocando la deuda venezolana (igual que hace JP Morgan con el riesgo país) a nivel de países africanos en conflicto bélico. El objetivo es claro: ahuyentar cualquier posible inversión extranjera. Y el círculo iniciado por Obama en 2013 lo cierra este 2018 la administración Trump, con sanciones contra Pdvsa con otro objetivo nítido, reducir la capacidad de ingreso de un país que vive y se mueve a partir de la renta petrolera.
A esta matriz mediática contra Venezuela debemos sumarle la del llamado éxodo migratorio. Mientras periodistas estrella de Televisa se van a la frontera venezolana a mostrarnos la realidad fronteriza, ningún medio va a la cercana Honduras a realizar un reportaje que explique por qué miles y miles de hermanos centroamericanos huyen de su país con solo una mochila en la espalda, atravesando ríos, montañas y países enteros, arriesgándose al secuestro y asesinato en las vastas zonas del territorio mexicano controlado por las mafias criminales y el narco.
Un dato: mientras la migración hondureña pertenece a los estratos socioeconómicos más bajos, víctimas directas de la doctrina del shock neoliberal, la mayor parte de la población venezolana que migra (52%), según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana, pertenece a las clases media-alta y alta. El 82 por ciento del total afirma migrar en búsqueda de mejores perspectivas económicas.
Es por tanto mentira que la migración venezolana se deba a cuestiones políticas (son muy poquitas peticiones de asilo y refugio las concedidas por los países miembros del beligerante Grupo de Lima). La población migrante venezolana lo hace por motivos económicos, buscando un futuro mejor, algo tan digno y legítimo como cuando lo hacen más de 20 millones de personas en México y Colombia.
En definitiva, ojalá que la visita de Nicolás Maduro a México nos ayude a debatir la realidad venezolana de manera objetiva, tomando distancia del ruido mediático producido por intereses geopolíticos.
