Napoleón Gómez Urrutia
Se detuvo, aunque sólo transitoriamente, el pernicioso intento de aprobar una contrarreforma laboral que daría al traste con la histórica y avanzada legislación de México en la materia, que además hundiría a los trabajadores y al pueblo mexicano en las tinieblas del desamparo social y político. Empujada de manera formal por dos senadores del PRI, uno de la CTM y otro de la CROC, pero en rigor elaborada por empresarios y políticos reaccionarios que pretendían a través de sus ponentes visibles e invisibles que fuera aprobada en el Senado en estos días. Para beneplácito de la auténtica clase trabajadora y del país entero, no se les hizo a este par de traidores a los obreros y a la nación.
Sus nombres son, como ya es del amplio dominio público, Tereso Medina, de la CTM, e Isaías González Cuevas, de la CROC, a quienes incluso el máximo dirigente cetemista, Carlos Aceves del Olmo, calificó como lo que son: unos traidores a la patria y a la clase trabajadora que cargarán con este baldón de por vida y advirtió que ni a la calle se les ocurriera salir, pues iban a ser objeto de agresiones y burlas infamantes, que se las merecen.
Éste fue el episodio del proyecto o más bien el atentado que sus autores intelectuales y materiales no pudieron realizar, para enojo de sus amos, los empresarios y los abogados conservadores que prepararon esa supuesta reforma y la pusieron en manos de esos dos siniestros aunque ineficaces operadores. Lo más sensato y lógico es que ese deshonroso intento sea arrojado para siempre al cesto de la basura, para nunca más volver a aparecer.
Pero este propósito no es algo que ocurrirá de manera espontánea o natural, sino que habrá de ser un intento guiado en sentido contrario al que ha prevalecido hasta hoy desde hace varios lustros, cuando los intereses de los pudientes, esos que acumulan en sus manos más de 90 por ciento de la riqueza nacional, se han impuesto a las inmensas mayorías de trabajadores y clase media. La sociedad mexicana debe disponerse desde hoy a impedir que no sólo éste sino otros intentos de regresión social sean activados en el futuro. El Congreso de la Unión que será elegido el 1º de julio próximo tiene una tarea pendiente muy importante: limpiar los sitios en que ha predominado la política neoliberal que tanta división, desigualdad y daño ha creado en México.
La próxima legislatura, háblese de diputados o senadores tanto federales como estatales, debe empezar por preparar acciones para combatir todos los casos en que la avanzada legislación laboral mexicana haya sido atentada y deformada por los intereses de los pocos multibillonarios que predominan en la sociedad, y volverla a poner sobre sus pies históricos como protectora de los intereses de los trabajadores, ya que el actual gobierno priísta, y las dos administraciones panistas anteriores, han sido evidentemente cómplices de los que medran en la pirámide, junto con los excesivamente ricos. De esto no hay ninguna duda y a eso se debe el hartazgo social que habrá de revertir la representación política nacional a partir de las elecciones de este año.
El siguiente gobierno de México debe caminar en sentido contrario a los actuales, en el aspecto laboral. El convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, referente a la auténtica contratación colectiva, está congelado entre nosotros y no se aplica a pesar de que el gobierno de México ya lo firmó; sólo falta que lo exponga a la crítica del Poder Legislativo y entre en vigor. En cuanto al convenio 87, vigente desde hace más de 60 años, ya que desde entonces lo suscribió el gobierno mexicano, adolece de falta de aplicación, pues la libertad y autonomía sindicales que propugna ha sido atacada por la marejada permanente de contratos de protección patronal que los sucesivos gobiernos han impulsado hasta llegar a ser 90 por ciento de los existentes, y por los abusivos sistemas de outsourcing que prevalecen en una cantidad enorme de relaciones laborales que son, por ese motivo, antilaborales. Ni en los contratos de protección patronal ni en los outsourcing se hace valer la autonomía y la libertad sindicales que señala el convenio 87, sino que se impulsa lo contrario: el sometimiento de los trabajadores a las empresas por la vía supuestamente legal de aquellos instrumentos.
El Poder Legislativo que asumirá funciones al final de este año tiene la obligación moral y política de corregir ese trato errado de beneficio para los que más tienen y de perjuicio para las inmensas mayorías de los que menos tienen. De otra manera el país se seguirá acercando al estallido social, pues sus instituciones no les dan salida a las presiones que generan las formas de altísimos rendimientos para unos cuantos y nulas expectativas para las mayorías populares. Y con eso se recrudece no sólo el hartazgo político, sino la frustración, el coraje y el resentimiento social, ya que aquellos son unos sujetos miserables que no quieren compartir nada.
Se trata de ir por el camino correcto, el de la realidad, no el de la quimera reaccionaria de mantener económicamente asfixiados a los trabajadores y al pueblo. Cuando un régimen o un gobierno no va en el sentido que indica la realidad social y económica, inventan justificaciones irreales que tarde o temprano se descubren como falsas y, por tanto, endebles y hasta suicidas. Los empresarios mexicanos y las cámaras que los representan, que tanto nos dicen que en la sociedad hay que ser muy realistas para no equivocarnos, deben aplicarse la receta ellos mismos.
Es necesario establecer en todas las mentes que el mundo es como es, no como se quisiera arbitrariamente que fuera. La verdad, en ese sentido, no es reaccionaria sino progresista.
La acción a promoverse en las próximas legislaturas federal y estatal deberá ser de tal realismo y valor que no haya quien se oponga a sus determinaciones, por ser tan evidentes en su justicia y racionalidad, que la política laboral tendrá que marchar en el sentido progresista que la realidad indique.
