John Saxe-Fernández
El término neoliberalismo usado para calificar la ofensiva oligarquica-imperial contra la población mexicana, ya por 36 años sin descanso, es una tapadera lingüística de la superexplotación del trabajo, de la atroz guerra de clases y el saqueo desde dentro y fuera contra el patrimonio nacional y los recursos naturales. El neoliberalismo, dice Chomsky, ni es neo, porque contiene lo peor del capitalismo victoriano, ni es liberalismo, una doctrina política opuesta a las autocracias. En nuestro caso, los efectos acumulados de ese recetario económico sobre el tejido social han sido desastrosos: una masacre entre mexicanos que cubre el territorio, cientos de miles de muertos, decenas de miles de desapariciones forzadas y alarmantes aumentos de la población bajo desplazamientos internos forzados (DIF), toda la catástrofe humana que esconden el uno por ciento y la mercadotecnia inquina vargasllosista contra Andrés Manuel López Obrador.
Según la Comisión Mexicana en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (Cmdpdh) el aumento de los desplazamientos internos forzados son similares a los de un país en guerra, mientras organismos internacionales que evalúan el fenómeno se quejan de que la resistencia del Estado a realizar una política integral en la materia, dificulta conocer la magnitud y la evolución de la tragedia. La Cmdpdh calcula la cifra histórica en poco más de 300 mil afectados por lo que sorprende la cifra de otra fuente de 1.7 millones de personas en México sometidas a DIF entre 2006 y 2011 –una cifra anual cercana a 330 mil personas–. ¿Es el desplazamiento forzado una política de Estado? En un reportaje valioso sobre el asunto se indica que Michel Forst, relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre los riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos en México, señaló que las grandes trasnacionales, que compran montañas, cerros, lagos, lagunas y ríos en México, son fuente de graves y sistemáticas violaciones de las garantías individuales y colectivas (ejidales), como el derecho a la consulta previa, libre e informada (La Jornada 4/5/2016).
Otras fuentes advierten que la población indígena y campesina, las mujeres y los niños, son quienes sufren las mayores penalidades. Ya Baskut Tuncak, relator de la ONU sobre el manejo de sustancias peligrosas, señaló la semana pasada que la contaminación es un problema de derechos humanos y en México se ha tornado de graves consecuencias particularmente para los más débiles. Agregó que las industrias extractivas (minerales, gas y petróleo) “ejercen violencia contra las comunidades, en su mayoría indígenas, al contaminar con químicos tóxicos, ya que las víctimas carecen de acceso a medidas de remediación con lo que se incurre en injusticias en México… Las empresas siguen contaminando aire, agua y tierra con toda impunidad”.
Con el acentuado entreguismo generalizado por los compromisos del neoliberalismo formalizado en los préstamos de ajuste estructural, así como en arreglos de seguridad con Estados Unidos, tipo IM, se vuelve más frecuente el uso (de larga data colonial y poscolonial) de fuerzas paramilitares en el despojo de tierras indígenas y campesinas, y luego comunales y ejidales. Es frecuente que los dirigentes comunales requieran el anonimato en sus declaraciones a la prensa, como informa un relato, “por temor ante nuevas agresiones contra sus comunidades (Ibidem).”
Ante la resistencia al despojo territorial, son frecuentes los conflictos con las autoridades municipales, seguidos de amenazas y agresiones contra los ejidatarios reactivando grupos paramilitares. Es aleccionador, en estos tiempos electorales, observar cómo viejas prácticas para-militares de la oligarquía se reviven. En un ejido chiapaneco, los dirigentes ejidales de manera enfática recordaron que mientras la presencia de paramilitares había sido casi nula, sin embargo, durante los procesos electorales se reactivan. Bloquean caminos, salen y entran de las comunidades embozados para generar desconcierto y pánico en la población. Pero como dijo un líder, nosotros seguiremos luchando y manifestándonos hasta recuperar nuestras tierras (E. Méndez y R. Garduño, LJ, 4/5/16 p.4).
La violencia por la torpe militarización de la “guerra al narco” de Felipe Calderón en el marco de la IM no deja de crecer y generalizarse. La IM, recuérdese, es un arreglo de facto entre George Bush II y el panista, continuado por un imprudente Enrique Peña Nieto. El blanquiazul recurrió a la guerra contra algo o alguien, en pos de la legitimidad perdida en el turbio haiga sido como haiga sido de su usurpación electoral. Es al calor de esa violencia que desde la Ley de Seguridad Interior se instauró un estado de excepción y es en ese frágil y explosivo contexto que transitamos hacia otro régimen que nos aleje del caos, guerra y desintegración nacional. En estas elecciones, la nación pende de un hilo, el de la limpieza electoral que sostiene una paz precaria.
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