John M. Ackerman
Sin una separación clara entre las esferas públicas y privadas, entre los políticos y los empresarios, se colapsan tanto la democracia como la libre competencia. Cuando el dinero determina quién ocupa los cargos en la administración pública, las elecciones se convierten en meros ejercicios simbólicos para legitimar la continuidad en el poder de una minoría rapaz. Y cuando el gobierno se utiliza para favorecer a unos cuantos empresarios potentados, el mercado pierde su dinamismo y se estancan la innovación y el desarrollo.
Para avanzar como nación fuerte y soberana es necesario que tanto las instituciones gubernamentales como el sector privado se independicen del puñado de oligarcas que hoy saquean simultáneamente las arcas públicas y la economía popular. Con un gobierno sólido y autónomo que defienda el interés público, se abriría el espacio necesario para el florecimiento de las empresas, las organizaciones sociales y la ciudadanía en general.
Nuestro marco jurídico establece reglas claras con el fin de blindar los procesos electorales de la interferencia indebida del dinero y el poder privado. El artículo 41 de la Constitución fija el principio fundamental de que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado. El mismo artículo también señala que ninguna persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular.
Estas disposiciones colocan al derecho electoral mexicano años luz más allá del marco jurídico estadunidense.
Al otro lado del río Bravo no existen protecciones similares para los procesos electorales. Las actividades más importantes tanto de los candidatos como de los legisladores estadunidenses son las cenas y los bailes de recaudación de fondos con magnates, en lugar de encuentros y diálogos con la ciudadanía. Y los funcionarios públicos muchas veces dedican más tiempo a la búsqueda de trabajos posteriores en el sector privado que a aplicar de manera estricta la ley desde sus cargos públicos.
Autores como Sheldon Wolin, Larry Lessig y Bruce Ackerman han documentado cómo esta situación ha ido alejando cada vez más el sistema político estadounidense de la ciudadanía. La relección sin límite de los legisladores también refuerza esta tendencia en Washington.
A pesar de las avanzadas leyes mexicanas, nuestro sistema político en realidad funciona de manera muy similar al de los vecinos del norte. Tanto la indolencia de los consejeros como la complicidad de los magistrados electorales han generado un enorme espacio de impunidad e ilegalidad en la materia.
Las elecciones de 2006 y 2012 fueron laboratorios para el rompimiento sistemático del estado de derecho. Durante ambos procesos electorales, fluyeron enormes cantidades ilegales de dinero público y privado para la adquisición de propaganda política, la realización de encuestas cuchareadas, la compra de periodistas mercenarios, el soborno de funcionarios electorales y la realización de operativos masivos de compra y coacción del voto.
Hoy el Consejo Mexicano de Negocios, y en particular oligarcas como Alberto Baillères, Germán Larrea y Claudio X. González, buscan repetir la misma fórmula. Y cuentan, como ya es costumbre, con el apoyo de las autoridades electorales.
Por ejemplo, los magistrados electorales recientemente resolvieron permitir que los candidatos independientes violen el principio constitucional de predominancia del financiamiento público sobre el privado para fondear sus campañas electorales. Ahora, tanto El Bronco como Margarita Zavala podrán recaudar entre sus socios y amigos hasta el tope de 429 millones de pesos, lo cual borra de un plumazo este avanzado principio constitucional.
Otra decisión que clava un puñal en el corazón del modelo de regulación electoral mexicano fue la de la Comisión de Quejas y Denuncias del INE que permitió que siguiera al aire el spot evidentemente ilegal de Mexicanos Primero, que utiliza niños actores para promover el voto contra López Obrador. Si bien la sala superior del TEPJF posteriormente enmendó la plana al INE, queda pendiente todavía la resolución sobre el fondo del asunto de parte de la sala regional especializada.
Si los tres magistrados de aquel oscuro tribunal deciden revivir el spot de Mexicanos Primero, ello daría el tiro de gracia a nuestro avanzado marco jurídico en la materia y nos encontraríamos inmediatamente de nuevo en la misma situación que vivimos en 2006 y 2012, en que el sector privado violó olímpicamente la Constitución con el fin de frenar el avance de López Obrador a Palacio Nacional y, con ello, el tan necesario establecimiento de una clara separación entre los poderes públicos y privados.
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