Jorge Durand
La caravana Vía Crucis, que atraviesa México y recién pasó por Guadalajara, se dirige por diferentes rutas a la frontera norte para solicitar asilo. No es la primera vez, ni será la última.
Lo que sí es primera vez, es la reclamación directa, pública e insistente del presidente de Estados Unidos, que dice que es trabajo y obligación de México y su gobierno impedir el paso de los miembros de la caravana y deportarlos. En síntesis, obedecer y hacer el trabajo sucio, que no quiere, o no puede hacer el vecino.
Los migrantes centroamericanos de la caravana tienen el derecho a transitar que les conceden las leyes mexicanas e internacionales, dada su precaria situación e intención de solicitar refugio. Se les da permiso de 20 días para salir por alguna de las fronteras, presumiblemente la del norte.
Es asunto de la nación vecina aceptar o rechazar la petición y proceder de acuerdo con sus leyes. De hecho, esta práctica mexicana, de los 20 días de permiso, fue una adaptación de nuestras leyes a las políticas estadunidenses.
El caso más renombrado es el de los cubanos, que entraban sin documentos, se les detenía y luego no se sabía qué hacer con ellos. En ocasiones, la mafia de Miami se encargaba de liberarlos y llevarlos al norte. En otros casos, la embajada de Cuba no respondía y había que liberarlos o deportarlos. Por eso se diseñó el permiso de los 20 días, para que pudieran llegar a Estados Unidos. Fue una salida práctica y económica para solucionar la migración creciente de cubanos en tránsito.
Esta práctica se aplica a otros casos, como el de los haitianos y africanos que llegaron hace un par de años. El problema es que la frontera se ha convertido en un embudo. Y es México el que tiene que organizar un tránsito ordenado, legal y humanitario, dado que no puede detener o deportar a migrantes que desean transitar para ir a solicitar asilo a otra nación. Hay una lista de países señalados por ACNUR que tienen derecho internacional a solicitar asilo dadas las situaciones en el lugar de origen.
Pero tampoco el gobierno mexicano puede hacerse de la vista gorda de manera indefinida: pasados los 20 días de permiso. puede deportarlos de manera expedita. En otros casos, espera a que se venza el permiso mientras transitan, los detienen en la frontera y los deportan.
La manera correcta es solicitar asilo en una embajada del lugar origen. Pero muchos no pueden hacerlo porque están huyendo o siendo acosados. Por eso optan por cruzar la frontera hacia territorio estadunidense y pedir refugio. Esa práctica tiene décadas para los cubanos y menos años para los casos de otros países. Una vez que cruzan ya no los pueden regresar o deportar a México.
Como la vía de entrada autorizada, por la línea, es muy controlada por el servicio de migración mexicano y de Estados Unidos, los migrantes centroamericanos, muchos menores o viajando en familia, optaron por cruzar por cualquier lado y entregarse a la migra. Ya una vez en territorio estadunidense, la ley dice que los menores tienen derechos especiales y no pueden ser deportados hasta que haya la orden del juez y juicio correspondiente. Como los sistemas de asistencia social no pueden dejar a los niños sin sus padres, se les da permiso para reintegrarse a sus comunidades en la diáspora y proceder con el trámite. De esa manera han ingresado más de 150 mil menores en los últimos años y en menor medida sus acompañantes.
Era una estrategia de reunificación familiar, dadas las reglas de política migratoria que impedían el retorno de los migrantes. Las medidas disuasivas de incrementar costos, riesgos y penas, forzaron a los migrantes a quedarse en el otro lado y forzar la reunificación familiar por medio de esta vía.
No era el caso de los mexicanos, ya que todos los menores pueden y son deportados de manera expedita y hay convenios firmados para hacerlo de manera ordenada y segura, con participación de los consulados fronterizos e instituciones en el lado mexicano. Pero no se puede deportar a niños de otro país a México.
Hoy, son cada vez más padres de familia, varones con niños, los que transitan por nuestro país, con la esperanza de que el niño les abra la puerta a un proceso de refugio y, finalmente, los deje vivir temporalmente en Estados Unidos.
En realidad, el derecho de asilo y la solicitud de refugio está en crisis a nivel mundial. El caso de Europa es particularmente relevante, por la negativa de muchas naciones a recibir migrantes que solicitan en esa condición. Italia y Grecia están en una situación semejante a la de México, que no pueden rechazarlos, pero tampoco pueden obligarlos a quedarse. Porque simplemente no quieren permanecer ahí.
Francia, paradójicamente, cerró su frontera con Italia en Ventimiglia, en 2016, y regresó a 18 mil personas, pero, a su vez, deja en situación precaria, aunque libre, a los miles de migrantes en tránsito en el Pas de Calais y otros campamentos de la costa que están en tránsito hacia el Reino Unido.
En México, la crisis migratoria de hace unos años con Canadá, se debió al creciente número de solicitantes de refugio de origen mexicano. Y se cerró la puerta para todos.
Algo así va a pasar con las próximas caravanas que ponen en tensión permanente a México, Estados Unidos, organizaciones de migrantes y ONG que les apoyan o dan ayuda a lo largo del camino. Honduras los expulsa y los deja salir sin problema, Guatemala se hace de la vista gorda y México, medio atiende el asunto. Finalmente, Estados Unidos enrarece el ambiente con declaraciones altisonantes.
La órdenes ejecutivas están dadas para no permitir el paso hacia Estados Unidos. El permiso de 20 días para transitar, por si no se han dado cuenta las autoridades, ya no es solución y está en crisis: humanitaria, social y políticamente hablando.
Y estos asuntos se resuelven a nivel multilateral y no bilateral, como pretende ahora el presidente Trump. Y hay que recordárselo.
