Enrique Calderón Alzati
En el debate presidencial que observamos el domingo pasado pudimos apreciar a los candidatos del PRI y del PAN lanzarse contra Andrés Manuel López Obrador, con el apoyo de los otros dos candidatos independientes (aunque no me queda claro independientes de qué o de quién) criticando su propuesta de amnistía como una estrategia insensata para reducir y de ser posible eliminar la violencia que azota al país. ¡No se puede apagar el fuego con más fuego!, fue su respuesta a esas críticas. La historia le da la razón:
Al buscar cómo legitimar su gobierno, a Felipe Calderón se le ocurrió declarar la guerra a los narcotraficantes, con eso sólo logró un dramático aumento de la violencia, luego de que las fuerzas armadas fueran llamadas a apoyar a la policía, infiltrada por los delincuentes, al igual que otras instituciones de gobierno, por lo menos desde el periodo de Carlos Salinas de Gortari; los resultados los conocemos todos: la pérdida de decenas de miles de vidas y crecimiento de la violencia en diversas regiones de la república. Muchas vidas fueron de niños y jóvenes ajenos a los grupos delictivos que cayeron ante el fuego cruzado entre los malhechores y las fuerzas de seguridad. Se trata de daños colaterales, respondió el entonces Presidente de la República.
Después se sabría que Calderón había permitido la distribución y venta de armas en territorio nacional a partir de un acuerdo absurdo realizado con el gobierno de Estados Unidos conocido como el Proyecto Rápido y Furioso, supuestamente orientado para identificar a los grupos delictivos, sin que se informara la existencia de ese acuerdo al Congreso de la República. Más de medio millón de armas de fuego entraron al país cada año sin ser incautadas.
A partir de esos hechos irresponsables y absurdos los resultados se hicieron notar día con día; el movimiento dirigido por Javier Sicilia Paz con Justicia y dignidad constituyó un llamado al gobierno, a los partidos políticos y a la sociedad para buscar alternativas que permitiesen encontrar una solución del problema, no hubo respuesta más allá de crear un área de atención a las víctimas, que poco ha servido para ese fin.
Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se siguió esencialmente la misma estrategia, los resultados fueron aún más adversos, tal como éste tuvo que admitirlo en días pasados. Además de la violencia recurrente, se agregaron las acciones realizadas por las fuerzas armadas al margen de la ley en Tlatlaya y Tanhuato, así como la desaparición emblemática de los 43 estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, en las que el gobierno ha quedado involucrado al impedir que las investigaciones incluyan al ejército.
Hace menos de 25 años un hombre negro, que había sido mantenido en la cárcel por 27 años, fue electo como presidente de Sudáfrica; él propuso un plan con objetivos similares a los de López Obrador para superar la grave crisis de violencia y odio en la que había vivido su país los 50 años anteriores. Ese hombre se llamaba Nelson Mandela, su propuesta de amnistía fue sumamente criticada por muchos, pero terminó siendo aceptada al darle el triunfo en las elecciones de ese año. Sudáfrica no dejó de tener problemas, pero el ocaso del odio, del deseo de venganza y la violencia misma pasaron a la historia. El Premio Nobel de la Paz que le fue entregado a Mandela algún tiempo después, constituyó el reconocimiento mundial de la idea de que el fuego no se apaga con fuego.
Las condiciones actuales de nuestro país, sumido en una guerra contra el crimen, son totalmente diferentes a las del Apartheid sudafricano, esencialmente generado como un injusto proceso colonial con intereses económicos y un grave conflicto racial; sin embargo, López Obrador sólo ha esbozado una idea, dejando clara su intención de poner el tema a consulta, no para aplicarla sin ton ni son sin tomar en cuenta las leyes, sino como un tema de estudio para lograr nada más y nada menos que lo que la nación necesita para superar uno de sus más graves problemas actuales (el otro es la corrupción). No se trata de premiar a los autores de crímenes, ni de mandar de vacaciones a ladrones, sino de recuperar la paz y la tranquilidad que nos ha sido robada. La noticia divulgada por la revista Proceso sobre la invitación de López Obrador al reconocido sacerdote Alejandro Solalinde para conformar un consejo ciudadano de contraloría social y ética en torno a este tema, y la aceptación de Solalinde, constituye un paso importante, que a la vez es indicador de las dimensiones y consecuencias de esta nueva visión para enfrentar el grave problema de la violencia que tantos daños ha causado ya.
Las críticas de los candidatos contrarios a esta idea sólo muestran su limitada visión de los problemas y preocupaciones que enfrentamos los ciudadanos de este país, que quisiéramos que nuestra familias volviesen a vivir con seguridad y tranquilidad, como las recordamos de épocas bastante mejores a las que se viven hoy, a partir de que un grupo de delincuentes adueñados del poder se niegan a dejarlo utilizando para ello las campañas de miedo y desconfianza utilizadas con éxito en el pasado.
En este contexto llama la atención la incongruencia del candidato del PRI ante sus señalamientos contrarios a la amnistía, mientras es incapaz de preguntarse por las razones por las que de hecho ha utilizado su jefe Peña Nieto para perdonar de facto, al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por los fraudes cometidos en perjuicio de la población de ese estado, al igual que a su amigo Emilio Lozoya, señalado por los directivos de la empresa Odebrecht en relación con sus actos de corrupción.
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