Multa e inhabilita la Función Pública a cinco ex directivos de la CFE

Se detectaron pagos excesivos en compra de equipo de cómputo
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de julio de 2012, p. 28
La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó a cinco ex directivos de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por su presunta responsabilidad en una serie de irregularidades administrativas relacionadas con el pago excesivo de equipo de cómputo.
Mediante un comunicado, la dependencia informó que el director de operación de la CFE, Néstor Félix Moreno Díaz, fue inhabilitado para trabajar en el gobierno federal por 17 años y seis meses, además de que se le impuso una multa de 69 millones 649 mil 326 pesos.
Los otros servidores públicos sancionados fueron el ex subdirector de información y administración del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), inhabilitado por 20 años y con multa de 153 millones 878 mil 725 pesos; Gustavo Alonso Salvador Torres, y el ex gerente de información y administración del Cenace, Ricardo Sosa Ríos, que fue inhabilitado 12 años y seis meses.
De igual manera fueron castigados el ex gerente de informática y telecomunicaciones de ese organismo, Jorge Hernández Aguilar, con 15 años de inhabilitación y 719 mil 461 pesos de multa, y el ex jefe de la unidad de operación y evaluación comercial, Hugo Ubieta Rodríguez, con 12 años y seis meses más una multa de 789 mil 595 pesos.
Las sanciones, explicó la SFP, son resultado de la revisión de los contratos celebrados por la CFE por un total de 116.3 millones de dólares, que causaron un daño patrimonial estimado en 5 millones de dólares y un perjuicio económico de 677 mil dólares.

La auditoría se realizó en tres contratos con la empresa internacional ABB Inc y su subsidiaria ABB México –adjudicados directamente por los ex funcionarios en cuestión–, para adquirir bienes informáticos con el objetivo de actualizar y dar mantenimiento al Sistema de Información en Tiempo Real para la Administración y Control de Energía (Sitracen).
Según la investigación, se firmó un contrato por 37.4 millones de dólares para adquirir mil 100 bienes informáticos con valor de 12.4 millones de dólares, pero sin una justificación válida y legal, y que no eran sistemas de alta especialidad, sino equipos comerciales sin ningún requerimiento especial para su fabricación.
En diciembre de 2011 la SFP informó a la Procuraduría General de la República sobre los resultados de la auditoría realizada en torno a este caso, y el pasado 12 de julio emitió la resolución de la indagatoria y ya notificó a todos los responsables.