Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía y del Banco de México revelan un incremento notable, de casi 400 por ciento, en la participación de la banca comercial en el sector energético nacional durante el actual sexenio por vía del financiamiento para la extracción y refinación del petróleo, que pasó de 44 millones de pesos a finales de 2006 a 726 millones de pesos en 2011; para la explotación del carbón y sus derivados, que aumentó de 37 millones de pesos a mil 210 millones en lo que va de la actual administración federal, y en la generación de electricidad, gas y agua, que creció de 8 mil 751 millones a 39 mil 141 millones de pesos en el mismo periodo. En contraparte, la participación de la banca de desarrollo en los préstamos para tales actividades se redujo de 52 a 22 por ciento durante el periodo de referencia.
Este cambio cualitativo y cuantitativo en la fuente del financiamiento para el sector energético –cuyas actividades están reservadas por mandato constitucional al Estado– es un elemento inquietante si se atiende a los propósitos específicos de las bancas de desarrollo y la comercial, respectivamente: mientras que la función central de la primera es atender las necesidades de financiamiento de ramos y proyectos prioritarios para el desarrollo nacional, el propósito de la segunda es generar márgenes de utilidad para sus accionistas, ya sea mediante actividades especulativas o por medio del cobro de tasas de interés. Así, en los hechos, la creciente participación de la banca comercial en el financiamiento en actividades relacionadas con la generación de energía en el país implica un incremento de la inversión de particulares –y de los correspondientes márgenes de ganancia– en ese importante sector, y ello ha sido posible sin la modificación de las restricciones contempladas en el marco legal vigente en el país.
Desde una perspectiva más general, la circunstancia de un sector energético cada vez más dependiente del financiamiento privado es consistente con la pretensión inocultable del gobierno actual y de sus antecesores por minimizar, e incluso nulificar, la intervención del Estado en sectores estratégicos para el país, como el energético, y generar en ellos oportunidades de negocio para entidades privadas nacionales y extranjeras. Así ha ocurrido, por ejemplo, con la creación, en tiempos de Ernesto Zedillo, de los Proyectos de Inversión con Impacto Diferido en el Registro del Gasto (Pidiregas), que han alentado el exceso de contratismo y el sobrendeudamiento de empresas públicas como Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad.
En tiempos más recientes, la misma tendencia ha podido observarse con el otorgamiento de contratos integrales de servicio –eufemismo de los inconstitucionales contratos de riesgo– para que particulares participen en tareas de exploración y producción en campos petroleros del territorio nacional
No puede soslayarse, por otro lado, que la generación de esas perspectivas de lucro privado han ido aparejadas de una pérdida de autosuficiencia financiera de las grandes empresas públicas del sector energético, ya sea a consecuencia de la mala administración, del contratismo, de la asfixia fiscal, de la corrupción o de una combinación de todos estos factores.
Cuando se configura en forma tan palmaria una relación inversa entre el ensanchamiento de los márgenes de utilidad para unos cuantos y el perjuicio de las entidades públicas del ramo energético –es decir, del patrimonio de la nación–, se vuelven insostenibles los empeños gubernamentales por presentar, ante la opinión pública, perspectivas halagüeñas para ese sector estratégico.
