lunes, 7 de octubre de 2013
Reta AMLO a Peña a confirmar ‘‘pacto’’ con petroleras extranjeras
Tercera movilización masiva en contra de las reformas energética y hacendaria
Andrés Manuel López Obrador se dirige a sus simpatizantes durante el mitin de ReformaFoto Carlos Ramos Mamahua
Alonso Urrutia y Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Lunes 7 de octubre de 2013, p. 3
En el marco de la tercera movilización masiva en contra de las reformas energética y hacendaria, Andrés Manuel López Obrador emplazó al presidente Enrique Peña Nieto a que ‘‘confirme o desmienta que hizo un acuerdo fuera del país con las petroleras extranjeras, lo que podría llamarse el pacto de la traición a México’’, lo que estaría detrás de su ‘‘propuesta privatizadora’’ del sector energético.
Único orador en el mitin que tuvo como escenario el Paseo de la Reforma, con el templete colocado a unos metros del cruce con Bucareli –de nueva cuenta no se pudo llegar al Zócalo, donde se encuentra el centro de acopio para damnificados–, López Obrador destacó la importancia de la unidad del movimiento, su vínculo con otras organizaciones o partidos para su fortalecimiento, así como la necesidad de emprender la lucha pacífica contra la privatización petrolera.
‘‘Es claro que no existe intransigencia de nuestra parte, lo único que queremos es que sea el pueblo de México el que decida sobre este asunto en el que está de por medio su destino y el de la nación’’, dijo López Obrador, quien acusó recibo de la respuesta negativa de la Presidencia a su solicitud para que Peña Nieto, en uso de sus facultades, solicitara al Congreso realizar una consulta antes de votar los cambios a los artículos 27 y 28 constitucionales, relacionados con la propiedad de los energéticos.
El ex candidato presidencial aludió a la respuesta del Ejecutivo federal –el pasado sábado a las 23 horas–, la cual, dijo, fue ‘‘no satisfactoria’’. Sin embargo, López Obrador acotó: ‘‘La respuesta no la damos por definitiva. Hay tiempo todavía para que Peña Nieto piense en México y cambie de parecer, aunque desde luego no estamos esperando sentados’’, sino definiendo acciones a seguir.
Enfatizó luego en el carácter pacífico de la movilización, al aducir que el ‘‘gobierno oligárquico no le teme al enfrentamiento de los inconformes con sus políticas con los granaderos, sino al despertar y a la organización de los ciudadanos para ejercer a plenitud los derechos consagrados en la Constitución’’.
Por ello, reconoció que las condiciones económicas y sociales que hay en el país generan enojo y desesperación entre algunos sectores que quisieran acciones contundentes en la lucha por la defensa del petróleo, pero lo importante es ‘‘cuidar y no descarrilar al movimiento’’. En este sentido, aseguró que ‘‘lo radical es no claudicar’’, citando que la vía pacífica que eligieron en su momento Mahatma Gandhi, Martin Luther King y Nelson Mandela permitió impulsar la causa de la independencia, los derechos civiles y el fin de la segregación racial.
Poco antes, López Obrador había expuesto las razones de la oposición a la reforma constitucional que pretende compartir las ganancias petroleras que ahora tiene el país con las empresas trasnacionales. Por ello, con el aumento de los impuestos y con el endeudamiento, mediante la ampliación fiscal para captar 500 mil millones de pesos, buscan compensar la caída de los ingresos por la renta petrolera.
A lo largo de Reforma se colocaron más de 80 tambos similares a los barriles de petróleo, donde los asistentes pudieron depositar las 10 firmas de respaldo, acompañadas de los datos de las credenciales de elector para la solicitud de la consulta popular sobre las reformas constitucionales. En esas mismas tambo-urnas se pudo votar sobre las opciones del plan de acción a seguir.
Antes del discurso central, se leyó una carta de la agrupación de distribuidores de gasolina, que tienen 11 mil concesiones en el país y dan empleo a 240 mil trabajadores. En su mensaje, destacaron que la reforma provocaría el cierre de las empresas privadas de distribución, como ya ha sucedido en otros países de América Latina, bajo la misma lógica de entregar la refinación y la distribución a las trasnacionales, lo que deriva en el control de las concesiones y el despido de trabajadores en beneficio de las compañías extranjeras.
sábado, 5 de octubre de 2013
Reforma educativa, ¿qué sigue?
Arturo Alcalde Justiniani
En pocos días se ha generado un escenario inesperado en torno a la reforma educativa. Después del cambio constitucional al artículo 3, se esperaba que la ley reglamentaria del servicio profesional docente quedara sujeta al debate público y a la participación de los maestros y especialistas. Se esperaba también una ley que respetara el papel protagónico que se había otorgado al órgano autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mandatado por la propia Carta Magna, para “…evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional…” Una ley que impulsara la calidad educativa y que garantizara los recursos para mejorar la infraestructura e impulsar la formación y participación de los órganos colegiados con personal calificado para resolver temas como el de ingreso y promoción. En suma, la expectativa en torno a la reforma se centraba en encontrar la mejor manera de responder a lo que en muchos años se identificó como necesidades para lograr un mejor desarrollo de esta política tan importante para el país.
Lamentablemente el proceso legislativo transitó por una vía distinta. No hubo debate, se omitió una visión integral y no se tomaron en cuenta las observaciones de maestros y especialistas. La ley fue aprobada en un atrabancado proceso que incluyó cambios al texto, agregados la noche anterior a su votación en la Cámara de Diputados, contraviniendo la legalidad interna del órgano legislativo. Así se impidió una votación informada, se impuso la consigna y operó la aplanadora. Todas las reservas fueron rechazadas, negándose incluso la posibilidad de discutirlas.
El producto final fue una ley de corte administrativo-laboral que, si bien contiene aspectos positivos como el examen de oposición para el ingreso, exhibe claramente la intención de controlar y subordinar a los maestros a través de las facultades de evaluación y despido que la ley otorga a la burocracia educativa (hoy priísta) en los diferentes niveles de gobierno, en menoscabo de las atribuciones constitucionales otorgadas al INEE. Prueba de ello es el contenido del artículo 52 de la ley, el cual señala que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente... Es cierto que existen facultades complementarias entre el instituto y las autoridades, sin embargo, en el texto de la ley se otorga un amplio margen de maniobra a estas últimas. Por otro lado, coloca a los maestros como los únicos responsables del resultado educativo imponiéndoles un régimen de acoso e inestabilidad permanente, como si la indefensión fuese la vía idónea para lograr su mejor desempeño. Además, la nueva regulación desaparece toda forma de representación colectiva excluyendo incluso al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El rechazo de los maestros a la nueva ley ha sido creciente y generalizado. No se escuchan voces en su favor. El verdadero sentir se ha expresado en la calle a través de un movimiento de insurgencia que si bien es encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha trascendido sus espacios tradicionales a lo largo y ancho del país. En el ámbito de los especialistas de la educación también aflora una crítica fundada en un enfoque reduccionista de la ley, dejando huecos y omisiones que generan gigantescas dificultades para su instrumentación. En estos pendientes parece estar la clave de la acción organizada de los maestros.
Ante este escenario tan confuso e incierto aparecen distintas interrogantes: ¿Cómo van a lograr consolidar sus fuerzas la CNTE y la insurgencia magisterial que la acompaña? ¿Qué cambios debe llevar a cabo el SNTE para salir del corralito que le ha impuesto el gobierno evitando el desmembramiento que como organización nacional reclaman los sectores más conservadores? ¿Qué actitud debe asumir el órgano autónomo (INEE) para recuperar sus facultades constitucionales frente a los órganos burocráticos que pretenden desplazarlos? ¿Qué comportamiento deben asumir la sociedad organizada y los sectores especializados para impedir un simple recambio en el sistema de control exhibiendo las verdaderas intenciones de sectores como Ciudadanos Primero y Televisa, que hoy pretenden hablar en nombre de la ciudadanía?
La definición dependerá en buena medida de la capacidad de los maestros para consolidar sus fuerzas y de convertir en organización el conjunto de la insurgencia. El SNTE debe comprender que la llave para su supervivencia está en asumir una agenda democrática que permita la defensa colectiva. Constituye un gigantesco error que su dirigencia apoye la represión a los maestros movilizados por su legítimo reclamo en contra de una ley que lesiona a todos. Adoptar el voto secreto universal y directo en todas las instancias sindicales favorecería la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad del SNTE, neutralizando el reclamo empresarial de corte antisindical y creando las condiciones para lograr una nueva correlación de fuerzas en favor de los maestros y de una auténtica reforma educativa en beneficio del país.
Los sindicalistas y los luchadores sociales han demostrado que los movimientos también se ganan o se pierden en la etapa posterior a los acuerdos. El paquete legislativo tiene tantas asignaturas pendientes que no será viable si no participan los maestros. Los convenios que se celebran ante las autoridades podrán incluir agendas locales, desistimiento de medidas represivas o comisiones de análisis y resolución. Sin embargo, los verdaderos avances dependen de la capacidad de organizarse en la cotidianeidad, de dar cauce a la pluralidad que se desarrolla en diferentes regiones del país, de crear un frente común en defensa de los intereses laborales, pero también de los educandos; motivo y razón de tan generosa profesión.
En pocos días se ha generado un escenario inesperado en torno a la reforma educativa. Después del cambio constitucional al artículo 3, se esperaba que la ley reglamentaria del servicio profesional docente quedara sujeta al debate público y a la participación de los maestros y especialistas. Se esperaba también una ley que respetara el papel protagónico que se había otorgado al órgano autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), mandatado por la propia Carta Magna, para “…evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema educativo nacional…” Una ley que impulsara la calidad educativa y que garantizara los recursos para mejorar la infraestructura e impulsar la formación y participación de los órganos colegiados con personal calificado para resolver temas como el de ingreso y promoción. En suma, la expectativa en torno a la reforma se centraba en encontrar la mejor manera de responder a lo que en muchos años se identificó como necesidades para lograr un mejor desarrollo de esta política tan importante para el país.
Lamentablemente el proceso legislativo transitó por una vía distinta. No hubo debate, se omitió una visión integral y no se tomaron en cuenta las observaciones de maestros y especialistas. La ley fue aprobada en un atrabancado proceso que incluyó cambios al texto, agregados la noche anterior a su votación en la Cámara de Diputados, contraviniendo la legalidad interna del órgano legislativo. Así se impidió una votación informada, se impuso la consigna y operó la aplanadora. Todas las reservas fueron rechazadas, negándose incluso la posibilidad de discutirlas.
El producto final fue una ley de corte administrativo-laboral que, si bien contiene aspectos positivos como el examen de oposición para el ingreso, exhibe claramente la intención de controlar y subordinar a los maestros a través de las facultades de evaluación y despido que la ley otorga a la burocracia educativa (hoy priísta) en los diferentes niveles de gobierno, en menoscabo de las atribuciones constitucionales otorgadas al INEE. Prueba de ello es el contenido del artículo 52 de la ley, el cual señala que las autoridades educativas y los organismos descentralizados deberán evaluar el desempeño docente... Es cierto que existen facultades complementarias entre el instituto y las autoridades, sin embargo, en el texto de la ley se otorga un amplio margen de maniobra a estas últimas. Por otro lado, coloca a los maestros como los únicos responsables del resultado educativo imponiéndoles un régimen de acoso e inestabilidad permanente, como si la indefensión fuese la vía idónea para lograr su mejor desempeño. Además, la nueva regulación desaparece toda forma de representación colectiva excluyendo incluso al propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE).
El rechazo de los maestros a la nueva ley ha sido creciente y generalizado. No se escuchan voces en su favor. El verdadero sentir se ha expresado en la calle a través de un movimiento de insurgencia que si bien es encabezado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ha trascendido sus espacios tradicionales a lo largo y ancho del país. En el ámbito de los especialistas de la educación también aflora una crítica fundada en un enfoque reduccionista de la ley, dejando huecos y omisiones que generan gigantescas dificultades para su instrumentación. En estos pendientes parece estar la clave de la acción organizada de los maestros.
Ante este escenario tan confuso e incierto aparecen distintas interrogantes: ¿Cómo van a lograr consolidar sus fuerzas la CNTE y la insurgencia magisterial que la acompaña? ¿Qué cambios debe llevar a cabo el SNTE para salir del corralito que le ha impuesto el gobierno evitando el desmembramiento que como organización nacional reclaman los sectores más conservadores? ¿Qué actitud debe asumir el órgano autónomo (INEE) para recuperar sus facultades constitucionales frente a los órganos burocráticos que pretenden desplazarlos? ¿Qué comportamiento deben asumir la sociedad organizada y los sectores especializados para impedir un simple recambio en el sistema de control exhibiendo las verdaderas intenciones de sectores como Ciudadanos Primero y Televisa, que hoy pretenden hablar en nombre de la ciudadanía?
La definición dependerá en buena medida de la capacidad de los maestros para consolidar sus fuerzas y de convertir en organización el conjunto de la insurgencia. El SNTE debe comprender que la llave para su supervivencia está en asumir una agenda democrática que permita la defensa colectiva. Constituye un gigantesco error que su dirigencia apoye la represión a los maestros movilizados por su legítimo reclamo en contra de una ley que lesiona a todos. Adoptar el voto secreto universal y directo en todas las instancias sindicales favorecería la transparencia, la rendición de cuentas y la legitimidad del SNTE, neutralizando el reclamo empresarial de corte antisindical y creando las condiciones para lograr una nueva correlación de fuerzas en favor de los maestros y de una auténtica reforma educativa en beneficio del país.
Los sindicalistas y los luchadores sociales han demostrado que los movimientos también se ganan o se pierden en la etapa posterior a los acuerdos. El paquete legislativo tiene tantas asignaturas pendientes que no será viable si no participan los maestros. Los convenios que se celebran ante las autoridades podrán incluir agendas locales, desistimiento de medidas represivas o comisiones de análisis y resolución. Sin embargo, los verdaderos avances dependen de la capacidad de organizarse en la cotidianeidad, de dar cauce a la pluralidad que se desarrolla en diferentes regiones del país, de crear un frente común en defensa de los intereses laborales, pero también de los educandos; motivo y razón de tan generosa profesión.
¿Hacia la privatización de la educación?
Enrique Calderón Alzati
La molestia y la agitación visible en un amplio sector de la población de varias entidades, que incluye no sólo maestros, sino padres de familia, que ven como una posibilidad nada remota estar pagando la educación de sus hijos sin tener los recursos para ello, y que además constituiría una grave violación a la Constitución, son explicables, por una parte, ante la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales de aclarar que la reforma recién aprobada por el Congreso de ningún modo tiene ese objetivo, y asimismo indicar que la reforma educativa no ha sido preparada para atender las propuestas ni los intereses de las empresas privadas y menos aún de Televisa.
Los análisis de diversos especialistas en torno a la gran concordancia entre algunos de los puntos de la reforma educativa y los dichos de altos funcionarios del gobierno con declaraciones hechas por Televisa, a través de su membrete y sus personeros de Mexicanos Primero, actuando como representantes de diversos grupos de la iniciativa privada, parecieran indicar que existe de facto una clara e interesada injerencia de este sector en la política educativa nacional.
Desde mi punto de vista, está haciendo mucho daño la ausencia de un deslinde claro de la Secretaría de Educación respecto de esta asociación que se le imputa, en especial tomando en cuenta la pobre imagen de Televisa como una organización totalmente contraria a la educación, en su ideología (si es que se le puede llamar así), en su visión cultural y en la búsqueda de lucro ilimitado como objetivo esencial y único de sus acciones, estando presente además el vergonzoso incidente del finado titular de Educación de Felipe Calderón, en el que entregó un reconocimiento a las dos cadenas televisoras por sus grandes aportes a la educación (¿?)
La molestia y la agitación visible en un amplio sector de la población de varias entidades, que incluye no sólo maestros, sino padres de familia, que ven como una posibilidad nada remota estar pagando la educación de sus hijos sin tener los recursos para ello, y que además constituiría una grave violación a la Constitución, son explicables, por una parte, ante la incapacidad o la falta de voluntad de las autoridades gubernamentales de aclarar que la reforma recién aprobada por el Congreso de ningún modo tiene ese objetivo, y asimismo indicar que la reforma educativa no ha sido preparada para atender las propuestas ni los intereses de las empresas privadas y menos aún de Televisa.
Los análisis de diversos especialistas en torno a la gran concordancia entre algunos de los puntos de la reforma educativa y los dichos de altos funcionarios del gobierno con declaraciones hechas por Televisa, a través de su membrete y sus personeros de Mexicanos Primero, actuando como representantes de diversos grupos de la iniciativa privada, parecieran indicar que existe de facto una clara e interesada injerencia de este sector en la política educativa nacional.
Desde mi punto de vista, está haciendo mucho daño la ausencia de un deslinde claro de la Secretaría de Educación respecto de esta asociación que se le imputa, en especial tomando en cuenta la pobre imagen de Televisa como una organización totalmente contraria a la educación, en su ideología (si es que se le puede llamar así), en su visión cultural y en la búsqueda de lucro ilimitado como objetivo esencial y único de sus acciones, estando presente además el vergonzoso incidente del finado titular de Educación de Felipe Calderón, en el que entregó un reconocimiento a las dos cadenas televisoras por sus grandes aportes a la educación (¿?)
jueves, 3 de octubre de 2013
2 de Octubre no se olvida, conmemoración de la matanza de estudiantes en 1968.
Posicionamiento del SME en Mitin Final
Compañero Ignacio del Valle - Atenco
Miércoles 2 de Octubre, 2013
México D.F., SME.-
El año, 1968, el hartazgo social era incontenible hacia el gobierno PRIista encabezado por Díaz Ordaz. Los estudiantes y amplios sectores de la sociedad expresaban su rechazo a través de numerosas manifestaciones que comunmente contaban con la presencia siempre initimidatoria del ejército mexicano que, por otro lado, se supone que fue creado para velar por la seguridad de su patria y no para reprimir al pueblo..
El 2 de Octubre resultó ser el día que siempre se guardará en la conciencia colectiva de los mexicanos concientes, pues en esa fecha, durante una multitudinaria manifestación encabezada por jóvenes estudiantes y realizada en la Plaza de las Tres Culturas ubicada en Tlatelolco, se derramó la sangre de cientos de inocentes muchachos, hombres y mujeres y también algunos niños que al parecer estorbaban al gobierno pues la realización de sus juegos olímplicos estaba en peligro.
Esa plaza, la Plaza de las Tres Culturas, quedó marcada de injusticia y por muchos años se guardó silencio sobre datos que ahora se conocen gracias a grabaciones históricas y narraciones de los sobrevivientes que nos muestran el momento en el que se dio la fatal orden que desencadenó uno de los hechos más sangrientos en México. Tristes narraciones reviven aquellos momentos de terror y a su vez, nos damos cuenta que el contexto político y social esos días era muy parecido al actual.
Año con año, miles de estudiantes y ciudadanos concientes se manifiestan el 2 de Octubre con el fin de conmemorar la cruel matanza y este 2013 no fue la excepción, numerosos contingentes de diferentes escuelas preparatorias, del Politécnico y de la UNAM acudieron a la cita, miles de maestros de la CNTE también formaron parte de la movilización. Porsupuesto el Sindicato Mexicano de Electricistas fue parte de esta importante actividad .
Aún cuando hubo algunos contratiempos al frente de la marcha, siempre provocados por infiltrados gubernamentales, el enorme contingente se trasladó hacia el Ángel de la Independencia saliendo de la Plaza de las Tres Culturas.
Las consignas sonaron fuerte por parte de los electricistas, el SME exige solución YA al actual gobierno de Peña Nieto y es de recalcar que la participación de nuestros compañeros SMEitas fue excepcional pues como es costumbre se mostró entera diciplina a cada paso de la marcha.
Finalmente se se realizó un mitin en la base del Ángel de la Independiencia en donde las diferentes organizaciónes y personajes que apoyan la causa plantearon sus puntos de Vista y posicionamientos.
Por parte del SME, nuestro Secretario General, Martín Esparza Flores tomó la palabra y recalcó algunos puntos de importancia y cuyo discurso completo puede ser visto en el video anexo.
En el mitin final también participó nuestro compañero Ignacio del Valle quien estaba acompañado por un numeroso contingente de Atenco.
Héctor Pimentel (Redacción)
Mario Navarrete (Fotos)
miércoles, 2 de octubre de 2013
SME Informe durante la asamblea de jubilados 2oct13
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martes, 1 de octubre de 2013
Parar la destrucción.
Pedro Miguel
Felipe Calderón duplicó la deuda externa, prohijó una enorme corrupción en las oficinas públicas, pervirtió la procuración de justicia y su política de guerra causó decenas de miles de muertes. Pero, comparada con la administración de Peña Nieto, el calderonato parece un mal menor. En menos de un año de gobierno, el mexiquense no ha resuelto uno solo de los problemas legados por su antecesor y, en cambio, ha generado una nueva situación catastrófica. La corrupción permanece invariable, la ineficiencia gubernamental crece y la violencia ha remitido sólo en el retrato mediático del país, pero los conflictos y los agravios sociales se ahondan, las reformas multiplican los descontentos y el manejo financiero amenaza con destruir lo que queda de la economía nacional.
La agresividad del peñato y su afán de transformar bruscamente al país mediante un plan de choque disfrazado de reformas legales pretende encontrar asidero y legitimación en resultados electorales fabricados con mejor ingeniería que el endeble 0.56 por ciento con el que Calderón fue impuesto en la Presidencia. En contraste, la ventaja de Peña sobre López Obrador, logrado a punta de sobornos al electorado y de cosas peores, es de más de 7 por ciento; tal vez el priísmo gobernante se haya creído su propia mentira y piense, con base en ese dato, que goza de mayor respaldo social y, por ende, de mayor margen de maniobra que la administración oligárquica anterior.
Otra fantasía autoinducida en la que es fácil creer es que el peñato cuenta con el espaldarazo de la diversidad política del país, vía el Pacto por México. Pero el espectro político real está fuera de ese conciliábulo, ideado originalmente para darle un rostro democrático a un régimen que no lo es y para repartir prebendas a cambio de votos aprobatorios en el Congreso. En el caso del PAN, el Pacto no hizo sino oficializar viejos acuerdos tácitos de gobernabilidad que se remontan al fraude de 2006 –convalidado por los priístas–, si no es que a las concertacesiones del salinato. Y por lo que respecto al PRD, el peñato compró una cúpula, un logotipo y una sigla pero, desde luego, las izquierdas nacionales se encuentran, en su inmensa mayoría, fuera del cascarón de ese partido.
Sin embargo, el peñato se comporta como si hubiese ganado las elecciones como soñaban los priístas a finales del año antepasado –con mayoría absoluta y con limpieza– o como si encabezara un verdadero frente de unidad nacional: mete mano a la Constitución, impone un paquetazo de neoliberalismo ortodoxo no muy distinto a los aplicados en Grecia y España (nuevo ciclo de privatizaciones, incremento generalizado de impuestos y tarifas, eliminación de derechos laborales y de programas de bienestar, salud, educación y cultura) y se propone, en general, un reacomodo de la institucionalidad aún más favorable a los capitales monopólicos y trasnacionales que el que ya existe.
Tal vez el priísmo se haya creído sus propias mentiras; tal vez esté empeñado en provocar una reacción social virulenta para justificar una represión masiva que le permita gobernar mediante el miedo el resto del sexenio; tal vez se trate de una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que el calderonato palidece ante el grado de destrucción nacional que sus sucesores pretenden causar. En estas circunstancias, sería trágico que la sociedad optara por acomodarse a la devastación y que la resistencia al peñato quedara circunscrita a las organizaciones y movimientos de izquierda, sociales, obreros y comunitarios que han resistido desde siempre. Impedir la destrucción del país no puede ser tarea de decenas de miles ni de centenas de miles: requiere de millones de ciudadanos que, de manera activa y pacífica, amarren las patas al caballo de Atila.
navegaciones.blogspot.com
Twitter: @Navegaciones
navegaciones@yahoo.com
Felipe Calderón duplicó la deuda externa, prohijó una enorme corrupción en las oficinas públicas, pervirtió la procuración de justicia y su política de guerra causó decenas de miles de muertes. Pero, comparada con la administración de Peña Nieto, el calderonato parece un mal menor. En menos de un año de gobierno, el mexiquense no ha resuelto uno solo de los problemas legados por su antecesor y, en cambio, ha generado una nueva situación catastrófica. La corrupción permanece invariable, la ineficiencia gubernamental crece y la violencia ha remitido sólo en el retrato mediático del país, pero los conflictos y los agravios sociales se ahondan, las reformas multiplican los descontentos y el manejo financiero amenaza con destruir lo que queda de la economía nacional.
La agresividad del peñato y su afán de transformar bruscamente al país mediante un plan de choque disfrazado de reformas legales pretende encontrar asidero y legitimación en resultados electorales fabricados con mejor ingeniería que el endeble 0.56 por ciento con el que Calderón fue impuesto en la Presidencia. En contraste, la ventaja de Peña sobre López Obrador, logrado a punta de sobornos al electorado y de cosas peores, es de más de 7 por ciento; tal vez el priísmo gobernante se haya creído su propia mentira y piense, con base en ese dato, que goza de mayor respaldo social y, por ende, de mayor margen de maniobra que la administración oligárquica anterior.
Otra fantasía autoinducida en la que es fácil creer es que el peñato cuenta con el espaldarazo de la diversidad política del país, vía el Pacto por México. Pero el espectro político real está fuera de ese conciliábulo, ideado originalmente para darle un rostro democrático a un régimen que no lo es y para repartir prebendas a cambio de votos aprobatorios en el Congreso. En el caso del PAN, el Pacto no hizo sino oficializar viejos acuerdos tácitos de gobernabilidad que se remontan al fraude de 2006 –convalidado por los priístas–, si no es que a las concertacesiones del salinato. Y por lo que respecto al PRD, el peñato compró una cúpula, un logotipo y una sigla pero, desde luego, las izquierdas nacionales se encuentran, en su inmensa mayoría, fuera del cascarón de ese partido.
Sin embargo, el peñato se comporta como si hubiese ganado las elecciones como soñaban los priístas a finales del año antepasado –con mayoría absoluta y con limpieza– o como si encabezara un verdadero frente de unidad nacional: mete mano a la Constitución, impone un paquetazo de neoliberalismo ortodoxo no muy distinto a los aplicados en Grecia y España (nuevo ciclo de privatizaciones, incremento generalizado de impuestos y tarifas, eliminación de derechos laborales y de programas de bienestar, salud, educación y cultura) y se propone, en general, un reacomodo de la institucionalidad aún más favorable a los capitales monopólicos y trasnacionales que el que ya existe.
Tal vez el priísmo se haya creído sus propias mentiras; tal vez esté empeñado en provocar una reacción social virulenta para justificar una represión masiva que le permita gobernar mediante el miedo el resto del sexenio; tal vez se trate de una combinación de ambas cosas. Lo cierto es que el calderonato palidece ante el grado de destrucción nacional que sus sucesores pretenden causar. En estas circunstancias, sería trágico que la sociedad optara por acomodarse a la devastación y que la resistencia al peñato quedara circunscrita a las organizaciones y movimientos de izquierda, sociales, obreros y comunitarios que han resistido desde siempre. Impedir la destrucción del país no puede ser tarea de decenas de miles ni de centenas de miles: requiere de millones de ciudadanos que, de manera activa y pacífica, amarren las patas al caballo de Atila.
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