Periódico La Jornada Miércoles 12 de noviembre de 2025, p. 17
Luego de que el lunes el gobierno de México anunció un incremento del arancel a las importaciones de azúcar, los sectores agroindustriales de la caña y el azúcar manifestaron su apoyo al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al resaltar que se trata de una decisión que muestra su compromiso con el desarrollo económico y la estabilidad del país.
“El sector de la agroindustria de la caña de azúcar reconoce y expresa su apoyo a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, por su compromiso con el desarrollo económico y la estabilidad del país a través de la Cuarta Transformación, que fortalece los programas para el bienestar, el combate a la corrupción y mejora la salud de los mexicanos”, señala una carta firmada por distintas organizaciones del sector.
La Unión Nacional de Productores de Caña de Azúcar, la Unión Nacional de Cañeros, la Cámara Nacional de las Industrias Azucarera y Alcoholera y el Sindicato de Trabajadores de la Industria Azucarera de la República Mexicana señalaron que esta agroindustria, “pilar de la soberanía alimentaria de México”, tiene más de 500 años en el país y entrega un producto “sano y natural”.
Además, destacaron que genera más de 2.5 millones de empleos directos e indirectos en 267 zonas altamente rurales en 15 estados de la República Mexicana.
“En representación de más de 12 millones de personas que participan y se benefician de la producción de azúcar, expresamos nuestro agradecimiento por la publicación del decreto presidencial del 10 de noviembre pasado, mediante el cual se modifican los aranceles a la importación de azúcar a 156 por ciento ad valorem”, indicaron.
“Nos sumamos al Plan México, que busca sustituir las importaciones por lo hecho en México, fomentando el consumo nacional en sectores estratégicos, lo cual se puede lograr sustituyendo edulcorantes químicos importados por un producto natural como el azúcar de caña 100 por ciento mexicana”, señala el escrito.
De Grupo Salinas, dos de 13 casinos vinculados a lavado de dinero por Hacienda
Dora Villanueva
11 de noviembre de 2025 22:46
Grupo Salinas confirmó que entre los 13 casinos señalados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público como parte de establecimientos que estarían lavando dinero se encuentran un par de las filiales de Tv Azteca y aseguró que siempre ha cumplido con la ley en la materia. “Confiamos plenamente en ello”, apuntó.
El consorcio informó que Ganador Azteca S.A.P.I. de C.V., y Operadora Ganador TV Azteca, S.A.P.I. de C.V., empresas subsidiarias de TV Azteca, son parte de la investigación difundida la noche del martes por las autoridades hacendarias.
Según Grupo Salinas, sus empresas Ganador Azteca y Operadora Ganador TV Azteca “cumplen cabal y oportunamente con todos los requerimientos legales y normativas aplicables al sector”.
Agregó que sus empresas, en conjunto con sus socios internacionales, en particular del Reino Unido, “han dado pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
Antes, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que identificó 13 casinos establecidos en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México que hacían actividades que caen en los parámetros de lavado de dinero. Entre esas operaciones se detectaron transferencias hacia Estados Unidos, Rumanía, Albania, Malta y Panamá; así como el uso de plataformas digitales no reguladas.
Grupo Salinas asumió la investigación contra grupos de lavado de dinero como una estrategia de acoso y “confió” en que sus empresas dan “pleno cumplimiento a los más altos estándares de prevención de lavado de dinero”.
Si bien la investigación abarca a 13 establecimientos, el corporativo acusó que es “un acto autoritario e infundado”, que atribuye a la procuradora fiscal, Grisel Galeano, pese a que la Unidad de Inteligencia Financiera es la que asumió el rol principal en las investigaciones y en una eventual demanda a la Fiscalía General de la República.
Los permisos para operar casinos por hasta 25 años le fueron otorgados a Tv Azteca en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Casi al concluir esa administración, la Secretaría de Gobernación, bajo el mando de Alfonso Navarrete Prida, le entregó el aval para sorteos.
El permiso abarcaba las apuestas vía internet, telefónica y electrónica.
Ganador Azteca, la razón social que tenía el permiso para operar los sorteos de Tv Azteca, también es parte acusada dela demanda que promovieron los acreedores de la televisora en la Corte Suprema del Estado de Nueva York.
México SA
Carlos Fernández-Vega
▲ El último episodio de la novela de Grupo Salinas se televisará el próximo jueves, en vivo, desde las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.Foto Cristina Rodríguez
Todo indica que, tras no menos de 102 capítulos transmitidos en 16 años, el lacrimoso culebrón fiscal protagonizado por el barón de los abonos chiquitos está a punto de concluir, y para el Estado mexicano el final será rotundamente feliz, aunque no para el megalómano Ricardo Salinas Pliego, quien pagará el voluminoso adeudo al Servicio de Administración Tributaria (SAT) que acumuló desde el sexenio de Felipe Calderón. Y el último episodio se televisará el próximo jueves, en vivo, desde las instalaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Además, como es adicto a no pagar, hoy vence el ultimátum que le dio la Suprema Corte de Nueva York.
Como diría Juanga, “lo que se ve no se pregunta”, de tal suerte que no había ninguna necesidad de que el barón se autoproclamara de ultraderecha, porque siempre lo ha dejado claro con su proceder, discurso de odio, racismo, clasismo, fanfarronería, y actitud de “todopoderoso”, con bufones, merolicos y siervos a sus pies. De cualquier forma, se acabó la fiesta y la protección del régimen neoliberal y sus achichincles en el máximo tribunal de país.
La información publicada por La Jornada (Iván Evair Saldaña y Redacción) es contundente: “en los últimos cinco años, empresas de Grupo Salinas han promovido 102 recursos ante la SCJN, los cuales han dilatado la resolución en definitiva de nueve juicios contra créditos fiscales que suman más de 49 mil millones de pesos por concepto del impuesto sobre la renta (ISR), actualización, recargos y multas. El alto tribunal tiene previsto resolver este jueves siete de los nueve litigios pendientes, mediante proyectos que abordan amparos directos en revisión, recursos de reclamación e impedimentos. Sus efectos confirmarían las sentencias de tribunales colegiados que obligan a Grupo Elektra y Tv Azteca a pagar dicha cantidad a la Secretaría de Hacienda, correspondientes a los ejercicios de 2009 a 2015”.
Algo más: “el juicio con más impugnaciones de Elektra corresponde al amparo directo en revisión 6321/2024, que cuestiona el crédito fiscal más cuantioso, originalmente determinado por el SAT en 18 mil 455 millones de pesos por concepto de ISR del régimen de consolidación fiscal de 2013; con recargos, multas y actualizaciones, las autoridades reclaman 33 mil 306 millones. Sobre este litigio, la empresa interpuso 28 recursos, desde solicitudes de facultad de atracción, en los que desde 2021 pedía a la Corte revisar el caso, reclamaciones y una decena de impedimentos que pedían apartar de los juicios a ministros, principalmente a Lenia Batres”.
Y el cúmulo de adeudos no es porque el barón careciera de recursos para pagar (“yo fui pobre”, dijo el cínico magnate), sino porque de plano no se le pegó la gana, creyéndose intocable dada la ignominiosa compra de protección de los “impartidores de justicia” y de las supuestas autoridades del régimen neoliberal. Pero la telenovela llega a su fin, de tal suerte que Salinas Pliego puede hacer coro con Molotov y cantar: cuando éramos impunes, vivíamos “en un país bien chingón”.
Ayer, la presidenta Sheinbaum se refirió al último capítulo del culebrón de los abonos chiquitos y los adeudos descomunales: “la SCJN enlistó en su agenda algunos casos de este grupo empresarial, y ella resolverá lo que considere de acuerdo con sus criterios. Lo he dicho muchas veces: este grupo empresarial tiene adeudos con el fisco, con el SAT, que suman un monto y lo pagará lo que dice la ley, porque lo que él está diciendo es que el SAT está imponiéndole que pague lo que no es legal. Y eso, pues nunca se hará así; es muy claro el Código Financiero y tendrá que pagar. Jamás vamos a hacer algo autoritario, algo que tenga que ver con hacer estar fuera de la ley. Nunca, no haríamos nada de eso”.
Además, dijo, “él ahora políticamente enarbola (ser de ultraderecha) y a lo mejor lo hace porque no quiere pagar los impuestos, no lo sé; y sí vamos a platicar aquí en La mañanera qué quiere decir “ser de ultraderecha”, qué es la ultraderecha, porque la ultraderecha justamente lo que defiende es el autoritarismo, lo que defiende es que sí haya libertades, pero las del mercado nada más, ningunas otras. La ultraderecha en el mundo ha llevado al fascismo, que tiene como base el clasismo, la discriminación, el racismo, incluso llevado al extremo de que se elimina a todo aquel, elimina a todo aquel que no se considera que es la raza superior. La ultraderecha no tiene nada que ver con las libertades, no tiene nada que ver con la democracia”.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, ¿debe impuestos? Que pague. Y estos sí “son hechos”.
X: @cafevega cfvmexico_sa@hotmail.com
Michoacán: revelaciones ominosas
El lunes se reveló que los escoltas de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan asesinado el pasado 1º de noviembre, mataron al presunto autor material del homicidio cuando ya se encontraba detenido. La ejecución extrajudicial de Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años y originario del cercano municipio de Paracho, enturbia el ya complicado caso que ha levantado una justificada ola de indignación en la sociedad michoacana.
A menos que se trate de un ejemplo de aguda ineptitud, nerviosismo o brutalidad por parte de los hombres que el edil había seleccionado personalmente para cuidarlo, la eliminación de Ubaldo Vidales obliga a cambiar el énfasis de las indagatorias, hasta ahora centradas en el crimen organizado, a un crimen de índole política. En este sentido, la aparente urgencia por silenciar a quien se considera responsable directo del atentado descarta que las órdenes provinieran de cabecillas del narcotráfico, pues es un hecho conocido que dichos personajes no ocultan la autoría de sus ataques; por el contrario, en ocasiones la hacen pública por medio de las denominadas narcomantas, e incluso se ufanan de su capacidad de fuego pagando para que les compongan corridos, entre otras formas de exhibición de poder y pretensión de inmunidad.
La creciente complejidad de la trama delictiva vuelve inaplazable la atracción del caso por la Fiscalía General de la República: ya sea que se determine que el involucramiento de la delincuencia organizada, como sugiere el desarrollo de los acontecimientos, tenga detrás una conspiración con actores y propósitos que permanecen en las sombras, resulta claro que trasciende las facultades de las autoridades locales y requiere la acción directa de la Federación. Además de pertinente, atraer el caso al ámbito federal es lo conducente en términos legales, tanto por el empleo de un arma de uso exclusivo del Ejército como por la sospechada participación de un grupo criminal.
Independientemente de los próximos avances que presenten las autoridades, resulta inquietante pensar que el atentado pudo buscar un efecto político y que las investigaciones permanecerán incompletas en tanto no se establezca cómo y por qué se perpetró el homicidio del joven atacante.
Asimismo, llama la atención la coincidencia entre el asesinato del edil y las maniobras dirigidas a instrumentarlo con propósitos de desestabilización, lo cual arroja una señal sumamente ominosa.
