Enrique Calderón Alzati*
Después de seis largos meses de estar sitiados por la pandemia del Covid-19 que azota al mundo, los mexicanos estamos viviendo una transformación que, sin lugar a duda, dejará una huella positiva importante en la historia de nuestra nación, no sólo por la transformación tecnológica que estamos viviendo para hacerle frente a la enfermedad, sino por las nuevas formas de trabajo y colaboración que un buen número de empresas y organizaciones ha desarrollado con la finalidad de seguir operando, muchas de las cuales se han comenzado a dar cuenta de sus ventajas en comparación con sus formas tradicionales de operación.
En el caso de la educación, igualmente, maestros y autoridades se han percatado de las ventajas que tiene la educación a distancia, utilizada en estos meses para actualizar a los docentes, con costos de operación significativamente menores, constituyendo una solución real para asegurar educación a corto plazo, la secundaria y la media superior, a cientos de miles de jóvenes que hoy en día no han tenido ni tienen acceso a la educación.
Al mismo tiempo, la epidemia ha llevado a la quiebra a diversas empresas, ante la falta de recursos propios, así como a usuarios que compren o puedan adquirir los bienes y servicios que ellas producen; como resultado, no es difícil visualizar que al término de la misma, la estructura económica del país habrá cambiado de manera significativa, dejando una estela de compañías y empresarios sin capital ni trabajo, siendo una parte de éstos, los disgustados que prevén un futuro próximo con pesimismo, pensando que el gobierno no ha actuado correctamente, negándose a comprender que éste ha tenido como prioridad reducir en lo posible el número de contagiados y muertes, y que es relativamente poco lo que ha podido hacer para apoyar a las empresas medianas y pequeñas, incluyendo a las informales, en virtud del elevado endeudamiento que dejaron los gobiernos anteriores, siendo lamentable y vergonzoso que uno de ellos y los líderes de su partido sean ahora los principales críticos de las acciones del gobierno actual, aprovechándose del descontento de los empresarios mencionados, todo ello con el claro propósito de impedir la transformación que está en marcha siguiendo los lineamientos del presidente López Obrador.
Por ahora, estas críticas han recaído en el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, pero claramente dirigidas al Presidente, exigiendo la renuncia del subsecretario, no obstante, la certera coordinación que éste ha dado al personal encargado de enfrentar la pandemia, revelando con ello que es poco lo que les importa la salud y la vida de los mexicanos, pues de darse tal dimisión, el efecto directo no sería otro que el descontrol de la campaña contra el virus. ¿Es acaso esto lo que desean? En estas difíciles condiciones han surgido dos acontecimientos que incidirán positivamente en el futuro de nuestro país. Uno de ellos es el juicio que se le sigue en Estados Unidos a Genaro García Luna, secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón y el otro es el proceso que ha iniciado la Fiscalía General de la República a Emilio Lozoya, director de Pemex en la administración de Enrique Peña Nieto. En ambos casos, el nombre del ex presidente panista aparecerá como figura central de la descomposición social y la violencia con la que ha vivido la nación, en virtud de sus múltiples actos de corrupción, los cuales trató de ocultar con la complicidad de Peña Nieto. Más temprano que tarde, los delitos cometidos por ambos tendrán como resultado su juicio y encarcelamiento, siendo parte del proceso de cambio que estaremos viendo seguramente durante los próximos meses y como muestra importante de la transformación, que estamos viviendo en nuestro país.
Para comprender las dimensiones de esta transformación es necesario retroceder a los tiempos en que Felipe Calderón y Peña Nieto gobernaban México; del primero fueron emblemáticos los niveles de violencia que vivimos como resultado criminal de su imposición, mientras del segundo lo fue su célebre Pacto por México, cuyos fines no fueron otros que la enajenación de los recursos energéticos de nuestra nación y la privatización de la educación pública, actos que al igual que los del panista, se cocinaron a espaldas del pueblo, cuyo notorio empobrecimiento, iniciado en el gobierno de Salinas y seguido por Zedillo y Fox, llegaba a niveles trágicos. ¿Qué fue lo que hizo posible que, durante el gobierno de Peña Nieto, el país llegara a condiciones similares a las que hicieron necesaria la Revolución Mexicana de 1910? ¿Fue su ineptitud, su nivel de corrupción o ambas?
Termino este artículo señalando la importancia internacional del cambio que estamos viviendo, por una parte fortaleciendo nuestras relaciones con los países de gobiernos progresistas de Centro y Sudamérica y, por otra, tomando en cuenta las posibles consecuencias del tratado de libre comercio de México con Estados Unidos y Canadá, establecido al final del gobierno de Salinas de Gortari, que de alguna manera puso en riesgo la soberanía nacional al ligar nuestro futuro al incierto comportamiento de la economía estadunidense, misma que hoy se tambalea ante la absurda política de su presidente Donald Trump, repudiado por la mayor parte de su población, incluso por personajes importantes de sus fuerzas armadas y de su propio partido, buscando así el camino para aligerar el yugo que el tratado original nos ha impuesto y, simultáneamente, estableciendo nuevas relaciones internacionales basadas en nuestras propias posibilidades de crecimiento.
* Director general del ILCE
Políticas públicas contra la trata
Miguel Concha
Desde hace 10 años el Observatorio contra la Trata del Centro de Estudios Sociales y Culturales Antonio de Montesinos AC (CAM) ha tenido el objetivo de analizar la legislación y la política pública que en materia de trata de personas (TdP) existe en diferentes entidades del país, bajo la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. El CAM realizó para el presente año el informe Legislación, política pública y trata de personas en Baja California, la Ciudad de México, Chihuahua, Coahuila, San Luis Potosí y Zacatecas. La elección de las entidades del norte coincidió con que son territorios donde existe mucha migración interna e internacional.
Sin embargo, llamó la atención que la TdP tiene allí más víctimas del propio país que del ámbito externo. Es decir, que la gente migra y es enganchada, sobre todo las niñas, adolescentes y jóvenes, por el desplazamiento forzoso, a causa de la violencia en sus estados, los megaproyectos o la pobreza. En todas esas entidades existe además la violencia por causa de la delincuencia organizada, que afecta directamente el fenómeno de la TdP y la impunidad. Por ejemplo, aunque existe un número de carpetas de investigación sobre trata en 2019 (Baja California tiene 17 carpetas; Ciudad de México, 194; Chihuahua, 44; Coahuila, siete; San Luis Potosí, 14 y Zacatecas, 24), el número de sentencias es mínimo: Ciudad de México 19 (10 condenatorias y nueve absolutorias); Chihuahua, siete; Coahuila, dos, y San Luis Potosí, una. De las otras entidades no se pudo obtener el dato debido a la falta de transparencia.
La TdP es, pues, un delito que queda impune. En la mayoría de los estados analizados no se cubren, en efecto, los mínimos requisitos de política pública en la materia. Esto hace que la política nacional contra la trata no tenga la coherencia necesaria con las políticas de las entidades, y aún menos con la de los municipios. La mayoría de las comisiones o consejos interinstitucionales de los estados se han reunido pocas ocasiones, sin cristalizar su actuar en la elaboración del programa contra la TdPcon su respectivo presupuesto.
En cuestión de albergues para víctimas de trata, sumamente importantes para su seguridad y reinserción en sus comunidades, sólo la Ciudad de México y Chihuahua tienen espacios gubernamentales. Las demás entidades carecen de ellos. Los únicos que tienen un fondo para la atención de víctimas de trata son Chihuahua y San Luis Potosí. La Ciudad de México, pese a la cantidad de casos existentes, no cuenta con un fondo específico.
En un Estado neoliberal, todo se ha convertido en mercancía, y las niñas y las mujeres son las más afectadas en el negocio de la trata de personas. Los flujos migratorios y la pobreza se suman a los aspectos que posibilitan que este tipo de violaciones se presenten y tiendan a incrementarse en un contexto posCovid-19. Este informe evidencia que en la región norte del país prevalece un clima violento, en el que el Estado se encuentra debilitado por la presencia de la delincuencia organizada, así como por la corrupción que genera, lo cual dificulta las tareas de persecución, sanción y atención a víctimas de trata en todas sus modalidades.
Hoy en día predomina en nuestro país una tradición que considera que los problemas públicos se resuelven con leyes. Esto es fundamental, pero no suficiente. Adentrarnos al análisis institucional y al monitoreo de políticas públicas permite incursionar en los procesos cotidianos del quehacer gubernamental donde recae, desde una perspectiva de derechos humanos, la capacidad garantista del Estado.
Por todo esto el Informe recomienda: 1. Definir con claridad el problema de la TdP, en el que participen la sociedad civil y el Estado, 2. Generar sistemas de información que permitan crear un piso común para la coordinación interinstitucional y dar respuesta de manera oportuna a las solicitudes de la ciudadanía, 3. Que las comisiones interinstitucionales den cuenta de su trabajo a través de informes periódicos y de mecanismos acordes con una perspectiva de gobierno abierto, 4. Diseñar, ejecutar y evaluar los programas especiales contemplados en las leyes estatales, 5. Estimar con claridad los recursos económicos destinados a la política pública sobre TdP, 6. Creación de albergues, refugios o casas de transición especiales para recibir y atender víctimas de trata, 7. Incrementar los esfuerzos institucionales y de coordinación de los gobiernos federal, estatales y municipales con la finalidad de dar cabal cumplimiento al Objetivo 5 de la Agenda 2030, y 8. Abrir espacios de interlocución y colaboración gobierno-sociedad civil con el propósito de contar con diagnósticos, estrategias y mecanismos de contraloría para fortalecer las acciones que se vienen realizando.
