La semana pasada proliferaron en distintos estados los enfrentamientos entre bandas delictivas rivales, así como entre grupos de sicarios y fuerzas del orden, y las ejecuciones. Esta alarmante racha fue sucedida por una escena terrible: en La Huacana, municipio michoacano de Nueva Italia, un grupo de civiles jaloneó, desarmó y retuvo a soldados que previamente habían desarmado a presuntos autodefensas; en una videograbación que recorrió las redes sociales puede apreciarse un intercambio telefónico entre uno de los habitantes y el superior de los uniformados, en el que el primero exige la devolución del armamento. Si se agrega a los hechos de violencia antes referidos, el episodio deja la impresión de un desolador vacío de poder y de autoridad a lo largo y ancho de la República.
Tal vacío es real, pero los hechos mencionados son sólo sus expresiones más recientes; se ha ido creando desde hace cuando menos tres sexenios y se ha visto agravado por el fracaso de la estrategia antidelictiva y de seguridad pública aplicada en los dos anteriores, esa guerra contra la delincuencia que la Presidencia lopezobradorista ha declarado cancelada. En su lugar, el gobierno federal ha planteado un nuevo paradigma en materia de seguridad pública en el que la parte fundamental no es ya la guerra o el combate en contra de algo, sino la pacificación del país.
Lo inevitable de este viraje puede ilustrarse con el hecho de que los sucesos de La Huacana sólo habrían podido enfrentarse de dos maneras: con una reacción defensiva, pero obligadamente violenta por parte de los efectivos militares –a quienes, en rigor, les habría asistido la razón jurídica, porque las armas que decomisaron son de uso exclusivo de las fuerzas armadas–, o con una autocontención como la que exhibieron. Los pobladores que redujeron a los soldados tenían, por su parte, su propios motivos: abandonados y desprotegidos durante años por las autoridades de los tres niveles de gobierno, la posesión de ese armamento ha sido la única manera de darse a sí mismos cierta seguridad.
No hay, en esta circunstancia, una solución fácil ni inmediata ni una alternativa viable a la estrategia de paz y seguridad elaborada por el gobierno federal, la cual pasa por resolver las causas sociales profundas de los fenómenos delictivos, la lucha contra la corrupción –la cual significa también el encubrimiento y la complicidad desde el poder público a los grupos criminales–, la depuración y el rediseño de la procuración de justicia, la cultura de derechos humanos, el replanteamiento del problema de las adicciones como un asunto de salud y no de seguridad, la dignificación del sistema carcelario, y la construcción de procesos de paz con justicia transicional, además de la creación y el despliegue de la ya mencionada Guardia Nacional.
Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que a partir del próximo 30 de junio se reforzará la presencia de esa corporación en los puntos más conflictivos del país, ya con el marco de las leyes secundarias aprobadas hace unos días y que regulan el uso de la fuerza, el registro de detenciones y reforman el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Aun así, y en el supuesto de que dé resultado la apuesta del gobierno federal de reducir la delincuencia atacando sus razones sociales y económicas, la pacificación la nación no podría lograrse en meses o semanas; será, por desgracia, un proceso largo y erizado de obstáculos. Por el bien del país y sus habitantes, cabe esperar que tenga éxito.
Negocios y empresas
El gasto público en medicinas
Miguel Pineda
Raquel Buenrostro, al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, tiene la encomienda del Presidente de recortar los gastos del gobierno en un promedio de 30 por ciento, lo cual no sólo es posible, sino necesario, para mantener finanzas públicas sanas, para los nuevos programas sociales y para proyectos como el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas.
Sin embargo, para lograr ese objetivo se requiere diferenciar con precisión aquellas áreas y actividades que son indispensables para el desarrollo y el bienestar de los mexicanos de las que no lo son.
Al realizar los recortes de manera indiscriminada ya se presentó la primera crisis en uno de los nichos de mayor importancia para la población: el sector salud. El Presidente ya admitió que hay graves problemas en este sector y la semana pasada liberó parte del dinero que se encontraba congelado; por su parte, Raquel Buenrostro señaló que se cuenta con los recursos para comprar los medicamentos necesarios.
El grave problema es que estamos a poco más de un mes de que venzan los contratos con farmacéuticas y distribuidores y todavía no se tiene certidumbre alguna sobre quién o cómo se atenderán las necesidades de salud. Es posible que se logre abastecer a partir de julio a las principales ciudades del país, pero se ve difícil que los medicamentos lleguen a las poblaciones alejadas de los grandes centros económicos.
Están por licitarse 3 mil 887 claves médicas y hay que entregar los productos en cerca de 5 mil lugares. ¿Cómo se va a enfrentar este reto si no participan los especialistas en la materia? No hay duda de que se pueden comprar los medicamentos, pero el problema es el de la distribución y el abasto de las comunidades más pobres y alejadas. Hay que tomar en cuenta que muchos productos se tienen que refrigerar y otros tienen caducidad rápida. En general, los medicamentos requieren una distribución especializada y controles muy estrictos.
De poco servirá un fuerte ajuste en el gasto público en este sector si los medicamentos no pueden entregarse donde se requieren en tiempo y forma. Para lograrlo se necesita infraestructura y logística, elementos con los que no cuenta el gobierno y que ni siquiera se encuentran entre sus funciones básicas.
miguelpineda.ice@hotmail.com
