Napoleón Gómez Urrutia
La reforma a la legislación laboral y a la Ley Federal del Trabajo, aprobada en el Senado por unanimidad de todos los partidos políticos la semana pasada, representa un avance muy importante en materia de justicia laboral y puede constituir, si se aplica correctamente, la mejor protección a la contratación colectiva, al derecho de huelga y a la libertad sindical, las cuales han sido algunas de las demandas históricas del movimiento obrero y de las fuerzas progresistas y responsables del país.
Los intentos y la insistencia interesada para frenarla por parte de las fuerzas más reaccionarias de la iniciativa privada, como la Coparmex, representada en el Senado por el cómplice y abyecto Javier Lozano Alarcón, entre otros, se estrellaron con un muro que afortunadamente exhibió una vez más la ignominia y el descaro de quien fue coordinador para recoger los fondos del financiamiento de la campaña del panista Felipe Calderón, y posteriormente designado titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en esa misma administración, con lo cual terminó, junto con Francisco Xavier Salazar, siendo uno de los peores secretarios del Trabajo en la historia de México. Una vergüenza, un descaro y un cinismo totales.
Hoy, la clase trabajadora de México y de muchos lugares del mundo está bajo constantes ataques y amenazas de los gobiernos y los grupos más conservadores e inhumanos de la sociedad. Los agresores son generalmente los más ricos, los del uno por ciento de la población, perversos y ambiciosos que buscan a cualquier costo, incluso de la vida y la salud de los trabajadores, incrementar sus ganancias y la acumulación de capital de manera obsesiva. De ahí que la creciente pobreza y desigualdad constituyen el peligro más grave para la estabilidad y la paz laboral.
Esa estrategia se acompaña de la explotación irracional de la mano de obra y de los recursos naturales, y se basa en políticas como la laboral para reprimir todos los días los derechos de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto. Los límites al crecimiento de los salarios mínimos y contractuales que aplican obedecen sólo a ese esquema diseñado para exprimir absurda y criminalmente a los que tienen menos recursos para defenderse.
Muchos de los empresarios y políticos de México se enorgullecen de que en el país hoy se pagan los salarios y las prestaciones más bajas de América Latina, cuando anteriormente fuimos los líderes. Con esa visión errónea e injusta creen llegar a ser más competitivos y generar más empleos, aunque éstos sean de la peor calidad y en los que no hay respeto a las condiciones de trabajo que siempre deben prevalecer. Ese mismo grupo de políticos y miembros de la iniciativa privada también presume de que en el territorio nacional no existen huelgas y de que algunos líderes sindicales oficialistas declaran que ellos ya borraron de su vocabulario, y algunos de sus estatutos, las palabras huelga, protesta, paro o manifestación para exigir el respeto a los intereses de los trabajadores a los que dicen representar.
De ahí que esta reforma laboral aprobada puede ser histórica, porque responde en lo esencial a las demandas de los sindicatos democráticos de México, como el de Mineros, y al movimiento gremial internacional. Lo fundamental será ponerla a prueba y aplicarla con transparencia en la práctica diaria de la vida laboral del país.
Por ahora surgen tres dudas básicas e importantes que las autoridades del Trabajo y el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto tendrán que responder o demostrar:
1. ¿Por qué entrará en vigor, según se comenta, hasta dentro de dos años, como si no fuera urgente corregir y eliminar las desviaciones y los vicios de la política laboral?
2. Dentro de dos años esta administración terminará, y quién garantizará que los cambios aprobados y las confirmaciones positivas se vayan a aplicar y realmente a respetar. Igualmente habrá que observar quién elegirá, y con qué criterios, a los presidentes y miembros de los nuevos tribunales laborales que sustituirán a las juntas de Conciliación y Arbitraje.
3. Existen en la ley del trabajo varios aspectos fundamentales que no se modificaron, como eliminar el requisito obsoleto y contradictorio del espíritu de la Constitución Política de México, en relación con exigir la toma de nota o registro oficial de los sindicatos, que hoy está sujeto a la aprobación de la autoridad y que va contra el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la libertad de asociación. Hay una terrible contradicción entre los sindicatos democráticos e independientes, que enfrentan la censura y el control político, mientras por otro lado existe pleno reconocimiento para los que obedecen y se adaptan a los intereses de ese sistema de complicidades entre el capital y el gobierno, pero no puede haber las dos cosas simultáneamente. O se respeta la ley o se simula y viola el marco del derecho laboral.
Asimismo, esta reforma, aunque tiene aspectos positivos, debe estar ligada de inmediato al compromiso de las autoridades laborales para resolver desde ahora la enorme cantidad de demandas de titularidad de diferentes sindicatos y centros de trabajo que no han sido resueltos, increíblemente en algunos casos hasta en más de tres o cuatro años de esperar a que llamen a una votación o un recuento para que los trabajadores, en forma libre y democrática, decidan a qué organización pertenecer y a qué líderes elegir.
Precisamente hace dos semanas el Sindicato Nacional de Mineros presentó una denuncia penal contra el presidente y el secretario de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y quien resulte responsable, por obstrucción a la justicia, dada la falta total de responsabilidad, la indiferencia y las complicidades con las empresas que buscan frenar el derecho a la libertad de asociación.
Finalmente, debemos vigilar si se aplica y respeta la ley para eliminar los contratos de protección patronal, que son el instrumento principal para la explotación y la mediatización de los trabajadores. Bienvenidos los cambios, pero urge que se apliquen correcta y honestamente, de acuerdo con el espíritu de la ley, y lo más pronto posible.
