SECCIÓN:ARTICULISTAS FECHA:7 JUNIO, 2014
La punta del iceberg
Martín Esparza Flores
En la antesala de la discusión de las leyes secundarias en materia energética, legisladores del PRI y del PAN se esfuerzan por quitarse de encima el lodazal del que se han impregnado por la irresolución y solapamiento al caso de la firma Oceanografía que ha resultado ser uno de los más claros ejemplos de la corrupción en que se vieron envueltos los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón en el manejo discrecional de multimillonarios contratos otorgados por Pemex a sus socios, amigos y familiares.
Si un rasgo mínimo de justicia se albergara en el agonizante Estado de derecho en México, ambos exmandatarios debieran estar en el banquillo de los acusados respondiendo a la nación por los cuantiosos quebrantos ocasionados a las finanzas de la paraestatal —ahora en riesgo de transformarse en “empresa productiva del estado”—, que sirvieron para que pillos como el ahora acusado, Amado Yáñez Osuna, lograran amasar, en menos de una década, una considerable fortuna gracias al tráfico de influencias ejercido a su favor por panistas como el entonces director de Servicios Marítimos de Pemex Exploración y Producción, Mario Ávila Lizárraga, ligado al desaparecido Juan Camilo Mouriño, y a los hermanos Manuel y Javier Bibriesca Sahagún, hijastros del expresidente Vicente Fox.
La caja de Pandora que los panistas de las manos limpias intentaron cerrar bajo siete llaves ha sido abierta y auscultada en toda su podredumbre por las cortes norteamericanas, medios como The New York Times, The Wall Street Journal y por el grupo financiero Citigroup Banamex, colocando en un auténtico brete la aprobación misma de la reforma energética y sus apátridas leyes secundarias.
En el contexto actual, Oceanografía es apenas la punta del iceberg de lo que está por venir en caso de que los acostumbrados mayoriteos parlamentarios doten al director de Petróleos Mexicanos y al Consejo de Administración de las facultades, casi plenipotenciarias, que se plantean en la nueva Ley de Pemex.
Desde hace años, la comisión de la Cámara de Diputados, integrada ex profeso para investigar a los hijos de la ex primera dama, Martha Sahagún, tuvo en sus manos las evidencias de que gracias a ese tráfico de influencias los juniors Bibriesca, lo mismo que su tío Guillermo Sahagún, se enriquecieron a la sombra del poder; en su momento, el entonces secretario de Hacienda en la primera mitad del gobierno de Felipe Calderón, Agustín Carstens, supo de las anomalías que se cometían en la paraestatal pero se guardó de actuar y revelar información pues dentro de los beneficiados estaba el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, también protector, a través de Ávila Lizárraga, del hoy detenido —y apapachado por las autoridades— Amado Yáñez, a quien de forma por demás benévola se le fijó una fianza de 80 millones de pesos, se le permitió estar arraigado en su casa de Acapulco y recuperarse de su salud en un lujoso hospital.
sábado, 7 de junio de 2014
viernes, 6 de junio de 2014
miércoles, 4 de junio de 2014
Gobierno y desprestigio.
Luis Linares Zapata
El grupo gobernante, durante el corto ejercicio de su sexenio, ha cruzado varios límites que lo han puesto en serios predicamentos. A pesar de ello, nada parece apuntar hacia actos de disculpas y acordadas correcciones; menos aún ha aceptado los descalabros surgidos en su ruta para restaurar el autoritarismo de otros tiempos. Al principio tal tendencia se disfrazó con la mampara del Pacto por México: los acuerdos alcanzaron clamorosas unanimidades y fueron rubricados, con entusiasmo y vanidades evidentes, por las cúpulas burocráticas partidarias. Las así llamadas reformas estructurales dieron ciertamente una prueba contundente de que, muy a pesar de los retobos sociales en su contra, se estaba dispuesto, desde las alturas decisorias, a llevarlas hasta sus postreras consecuencias. La continuidad modélica al precio de la desesperante desigualdad, el entreguismo rampante y el ralo crecimiento. El regodeo propagandístico que acompañó a las veloces aprobaciones careció de todo decoro, realismo y pudor. Pero, muy a pesar del esfuerzo cupular por concitar la aprobación mayoritaria de la población, tales reformas han pasado a ser, con rapidez inusitada, toque de discordia.
Los manipuleos a las leyes secundarias han horadado un tanto más el de por sí acortado prestigio gubernamental. Tres momentos han sido especialmente álgidos para la credibilidad y la presumida eficacia del oficialismo. El primero cuando se trató de incluir –como si fueran grandes logros de la modernidad– controles indebidos a la libre circulación de las ideas y las expresiones en las llamadas redes sociales. Las intentonas de legisladores siempre dispuestos a servir al poder en turno (J. Lozano y otros de tristes recuerdos) fracasaron, no sin antes manchar, con indeleble tinta, la imagen de apertura y transparencia que se quería exhibir ante la ciudadanía. La Secretaría de Gobernación no se percibe, desde la sociedad, como la instancia dotada con los debidos arrestos para ser árbitro imparcial o juez comprensivo. Por el contrario, se teme, cada vez con más firmeza, que reprimiría cualquier disidencia que afectara los intereses de los grupos de presión. El masivo fenómeno contestatario que provocó la intentona movilizó en contra de tales pretensiones represoras a un segmento por demás crucial de la modernidad. Los tuiteros dieron contundentes pruebas de que ya forman, con sus múltiples voces disidentes, un contrapeso significativo a la opinocracia afecta al régimen imperante.
El segundo momento devino por las prisas de modificar la Constitución para posibilitar la alarmante extranjerización del petróleo y, en general, de toda la vasta industria de la energía. Las preguntas formuladas por un simple ciudadano con prestigio (A. Cuarón) introdujeron a buena parte de la sociedad enterada en una dinámica que impactó, en el mismo centro de gravedad, al poder centralizado y a todos sus ayudantes y alarmados corifeos. La solicitud de diálogo y debate sobre tal reforma caló hondo y ganó muchos adherentes. El tercer momento que ya ha marcado con exactitud los límites permisibles ha sido la introducción, a tras mano y siguiendo órdenes de Los Pinos, artículos de ley para recompensar, a unos magistrados que han pasado, desde hace ya varias elecciones, a ser abanderados de la torpeza, la medianía y, en especial, de la servidumbre hacia el poder atrabiliario y tramposo. El famoso pago de marcha, tan generosamente usado –en una serie inacabable de variantes– para premiar a legisladores, presidentes, consejeros (IFE o INE) funcionarios de las finanzas nacionales, directivos de empresas, banqueros centrales, gobernadores o magistrados de la Suprema Corte, ha calado hondo en la sensibilidad ciudadana. Y tal parece que esta vez no habrá paso atrás: la grieta es inmensa y no cesará de supurar, ennegrecida, como tajo en la piel infectada de tétanos. Las pretensiones del Ejecutivo federal para retribuir favores indebidos o para congraciarse con tan mediocres personajes togados, retornaron, llenos de agravios, para incidir con inaudita fuerza para clavarse en el centro de la honorabilidad, la credibilidad y la mesura de aquellos que ejercen este tipo de poder malhadado. Lo que pretendió ser una gracia desde lo alto se tornó en certero hachazo para los magistrados solicitantes de tan insultante beneficio. El desprestigio para unos (jueces) y otros (priísmo y aliados) ha sido monumental. Pero lo importante de este caso es que exhibe con fiereza inocultable la distancia inhumana, ya casi insalvable, entre las élites gobernantes y la ciudadanía común. Las necesidades, penurias y angustias de la mayoría de los mexicanos no significan, no juegan, en este tipo de injustos desplantes patrimonialistas, justa consideración ni papel alguno. Nada hay, tanto en los tanteos reformistas con que se reviste el oficialismo, sobre todo el priísta, que apunte en la dirección correcta para mitigar esta creciente divergencia.
Los usos y desusos de los haberes públicos en cuanto a insultantes salarios y retribuciones adicionales a diferentes personajes que desempeñan funciones públicas, se descubren como abusos con absoluta falta de decoro. En verdad, y con un mínimo de mesura, esta situación ofensiva, no debe continuar, por la sanidad de la República. A pesar de que la vergüenza y el sentido común no parezcan anidar en las conciencias de los ya beneficiados en exceso, no hay que dejar de insistir, de exigir, su corrección. En medio de tan desgraciadas acciones oficiales, la presumida habilidad del nuevo grupo gobernante, se ve contrariada por el frustráneo crecimiento de la economía que, si mucho, se situará en un poquitero 2 por ciento de promedio bianual. Este será, al parecer y a pesar del espejismo petrolero, el ritmo con que se promete mover a México.
El grupo gobernante, durante el corto ejercicio de su sexenio, ha cruzado varios límites que lo han puesto en serios predicamentos. A pesar de ello, nada parece apuntar hacia actos de disculpas y acordadas correcciones; menos aún ha aceptado los descalabros surgidos en su ruta para restaurar el autoritarismo de otros tiempos. Al principio tal tendencia se disfrazó con la mampara del Pacto por México: los acuerdos alcanzaron clamorosas unanimidades y fueron rubricados, con entusiasmo y vanidades evidentes, por las cúpulas burocráticas partidarias. Las así llamadas reformas estructurales dieron ciertamente una prueba contundente de que, muy a pesar de los retobos sociales en su contra, se estaba dispuesto, desde las alturas decisorias, a llevarlas hasta sus postreras consecuencias. La continuidad modélica al precio de la desesperante desigualdad, el entreguismo rampante y el ralo crecimiento. El regodeo propagandístico que acompañó a las veloces aprobaciones careció de todo decoro, realismo y pudor. Pero, muy a pesar del esfuerzo cupular por concitar la aprobación mayoritaria de la población, tales reformas han pasado a ser, con rapidez inusitada, toque de discordia.
Los manipuleos a las leyes secundarias han horadado un tanto más el de por sí acortado prestigio gubernamental. Tres momentos han sido especialmente álgidos para la credibilidad y la presumida eficacia del oficialismo. El primero cuando se trató de incluir –como si fueran grandes logros de la modernidad– controles indebidos a la libre circulación de las ideas y las expresiones en las llamadas redes sociales. Las intentonas de legisladores siempre dispuestos a servir al poder en turno (J. Lozano y otros de tristes recuerdos) fracasaron, no sin antes manchar, con indeleble tinta, la imagen de apertura y transparencia que se quería exhibir ante la ciudadanía. La Secretaría de Gobernación no se percibe, desde la sociedad, como la instancia dotada con los debidos arrestos para ser árbitro imparcial o juez comprensivo. Por el contrario, se teme, cada vez con más firmeza, que reprimiría cualquier disidencia que afectara los intereses de los grupos de presión. El masivo fenómeno contestatario que provocó la intentona movilizó en contra de tales pretensiones represoras a un segmento por demás crucial de la modernidad. Los tuiteros dieron contundentes pruebas de que ya forman, con sus múltiples voces disidentes, un contrapeso significativo a la opinocracia afecta al régimen imperante.
El segundo momento devino por las prisas de modificar la Constitución para posibilitar la alarmante extranjerización del petróleo y, en general, de toda la vasta industria de la energía. Las preguntas formuladas por un simple ciudadano con prestigio (A. Cuarón) introdujeron a buena parte de la sociedad enterada en una dinámica que impactó, en el mismo centro de gravedad, al poder centralizado y a todos sus ayudantes y alarmados corifeos. La solicitud de diálogo y debate sobre tal reforma caló hondo y ganó muchos adherentes. El tercer momento que ya ha marcado con exactitud los límites permisibles ha sido la introducción, a tras mano y siguiendo órdenes de Los Pinos, artículos de ley para recompensar, a unos magistrados que han pasado, desde hace ya varias elecciones, a ser abanderados de la torpeza, la medianía y, en especial, de la servidumbre hacia el poder atrabiliario y tramposo. El famoso pago de marcha, tan generosamente usado –en una serie inacabable de variantes– para premiar a legisladores, presidentes, consejeros (IFE o INE) funcionarios de las finanzas nacionales, directivos de empresas, banqueros centrales, gobernadores o magistrados de la Suprema Corte, ha calado hondo en la sensibilidad ciudadana. Y tal parece que esta vez no habrá paso atrás: la grieta es inmensa y no cesará de supurar, ennegrecida, como tajo en la piel infectada de tétanos. Las pretensiones del Ejecutivo federal para retribuir favores indebidos o para congraciarse con tan mediocres personajes togados, retornaron, llenos de agravios, para incidir con inaudita fuerza para clavarse en el centro de la honorabilidad, la credibilidad y la mesura de aquellos que ejercen este tipo de poder malhadado. Lo que pretendió ser una gracia desde lo alto se tornó en certero hachazo para los magistrados solicitantes de tan insultante beneficio. El desprestigio para unos (jueces) y otros (priísmo y aliados) ha sido monumental. Pero lo importante de este caso es que exhibe con fiereza inocultable la distancia inhumana, ya casi insalvable, entre las élites gobernantes y la ciudadanía común. Las necesidades, penurias y angustias de la mayoría de los mexicanos no significan, no juegan, en este tipo de injustos desplantes patrimonialistas, justa consideración ni papel alguno. Nada hay, tanto en los tanteos reformistas con que se reviste el oficialismo, sobre todo el priísta, que apunte en la dirección correcta para mitigar esta creciente divergencia.
Los usos y desusos de los haberes públicos en cuanto a insultantes salarios y retribuciones adicionales a diferentes personajes que desempeñan funciones públicas, se descubren como abusos con absoluta falta de decoro. En verdad, y con un mínimo de mesura, esta situación ofensiva, no debe continuar, por la sanidad de la República. A pesar de que la vergüenza y el sentido común no parezcan anidar en las conciencias de los ya beneficiados en exceso, no hay que dejar de insistir, de exigir, su corrección. En medio de tan desgraciadas acciones oficiales, la presumida habilidad del nuevo grupo gobernante, se ve contrariada por el frustráneo crecimiento de la economía que, si mucho, se situará en un poquitero 2 por ciento de promedio bianual. Este será, al parecer y a pesar del espejismo petrolero, el ritmo con que se promete mover a México.
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