jueves, 6 de septiembre de 2012

Tragedia, frivolidad, justicia


Adolfo Gilly
Adolfo Gilly, Trinidad Ramírez, Joel Ortega, José (de Cherán) y Luis Hernández Navarro, durante el foro Diálogo académico y con la sociedad civil sobre el contrainforme, celebrado en la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de MéxicoFoto Yazmín Ortega Cortés
1. Tragedia
Monseñor Raúl Vera, obispo de Saltillo, en su incansable clamor por la justicia, dice hoy en La Jornada que el gobierno de Felipe Calderón se va con cerca de cien mil cadáveres espacidos por todo el territorio, decenas de fosas clandestinas, cerca de cuarenta mil desapariciones forzadas, doscientos mil desplazados, encarecimiento de los alimentos, fuga de capitales y venta de empresas mexicanas al capital extranjero.
Esta tragedia mexicana no es un azar del destino. Tiene al menos dos propósitos.
Uno, contribuir a mantener una de las industrias de exportación más rentables, el narcotráfico, y con ella las redes financieras locales e internacionales que la sirven, la encubren y sacan de ella sus propios y grandes beneficios.
El otro, sembrar el miedo, la indefensión y la desorganización en el pueblo mexicano para imponer las llamadas reformas estructurales, cuyo objeto es terminar de convertir en valor de cambio, en mercancías, en fuente de dinero para pocos y no de disfrute y vida para todos, nuestros trabajos, nuestra educación, nuestra salud, nuestras vidas y todas las riquezas naturales de México: las tierras, las aguas, los bosques, el suelo y el subsuelo y hasta el aire mismo con sus plantas eólicas.
De la indignación moral contra esta tragedia nació en la Ibero, el viernes 11 de mayo de 2012, el #YoSoy132. Otra vez los estudiantes se aparecieron a desordenar lo que bien planchado estaba y a informar lo que estaba desinformado. ¡Caramba y zamba la cosa, que vivan los estudiantes!, cantaba Violeta Parra.
¡Bienvenidos sean, y larga y sorpresiva vida al movimiento y a su inventiva!
2. Frivolidad
Mientras los estudiantes, lo mismo que Javier Sicilia y los movimientos que se organizan y actúan en todo el territorio nacional –Cherán, Atenco, Wirikuta, la Policía Comunitaria, las Juntas de Buen Gobierno zapatistas, los mineros, los electricistas y tantos y tantos más– enfrentan esta tragedia cada uno en su lugar y con su modo, la respuesta desde los gobiernos es la frivolidad y la amenaza, y desde muchos políticos el desconcierto y el pasmo.
El primer mensaje de Enrique Peña Nieto como presidente entrante, ante el escenario de destrucción que el que se va nos deja, es un discurso frívolo. Por eso mismo es conveniente tomarlo en serio. Mencionaré aquí tres de sus propuestas.
Nos dice Enrique Peña Nieto que se propone transformar una democracia esencialmente electoral en una democracia de resultados. Como ustedes bien saben por sus estudios, el pragmático y empresarial atributo resultados nada tiene que ver con el sustantivo democracia. Es un vocablo del pensamiento empresarial. Claro y coherente era, en cambio, el lema del Plan de Ayala, cuya demanda republicana fue libertad, justicia y ley. Sigue vigente para todos nosotros.
Tenemos playas, mares y litorales, tenemos valles y extensas planicies que deben ser espacios de verdadera oportunidad para nuestra gente, dice después ese mensaje.
México cuenta con bellezas naturales y culturales suficientes para convertirse en potencia turística global.
Sí, todo eso existe en México y es patrimonio común de vida y disfrute del pueblo mexicano, y no un espacio de verdadera oportunidad para muchos o para alguno. Espacios de oportunidad es lenguaje empresarial, amenazante para esos bienes nuestros que ahora los ven como nuevos espacios de despojo.
Más claro aún: esas bellezas naturales, dice Peña Nieto, permitirán a México convertirse en una potencia turística mundial. El sustantivo potencia se da de patadas con el adjetivo turística, pero esto es lo menos. Lo de más es que el presidente entrante se propone poner a la venta ese patrimonio y convertir a la naturaleza en valor de cambio en el mercado y no en valor de uso, de vida y de disfrute de los habitantes de la nación mexicana.
Enrique Peña Nieto también nos dice que vamos a ser protagonistas globales, preparando y educando a las nuevas generaciones para triunfar en cualquier lugar del mundo. Es la propuesta de un funcionario que no sabe el precio de la tortilla y del boleto de Metro ni el monto de los salarios mínimos ni los terribles índices de la pobreza ni los estragos de la guerra de Calderón.
La idea de educar a los jóvenes mexicanos para triunfar en cualquier lugar del mundo parece surgida de la mente de un publicista de universidad patito. Conocemos los índices de exclusión educativa a nivel universitario: los cientos de miles de jóvenes que, teniendo derecho y capacidades, no tienen acceso cada año a la educación superior; y las enormes deficiencias en recursos, instalaciones y hasta nutrición de la educación primaria y secundaria.
¿Cómo puede el nuevo presidente hablar de educar para triunfar en cualquier lugar del mundo? Ustedes, estudiantes, lo saben bien: está hablando para una juventud dorada de hijos de ricos, esos que nos llaman la prole y creen que el título se paga, no que se alcanza con trabajo, estudio, tenacidad y experiencia aprendida en la práctica del conocimiento.
Este es el pensamiento frívolo del presidente que nos han heredado una elección comprada y la falsa justicia de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Este es, en efecto, un tipo de democracia que en verdad da resultados, dirán los miembros del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, uno de cuyos empleados bien podría haber escrito este primer mensaje presidencial.
3. Justicia
El Movimiento Progresista tiene razón en denunciar el fraude e impugnar ante la justicia la validez de la elección presidencial. Tiene razón también en señalar la prevaricación del alto tribunal electoral. Lo que no resulta tan coherente es por qué sólo se impugna la elección presidencial y se dan por válidos todos los demás resultados de la jornada electoral, falseados por la misma operación de compra de votos y de coacción clientelar de los votantes. Es desafiar a medias y aceptar a medias el resultado del fraude.
Pero más allá de esta incongruencia, que como ya sucedió en 2006 deja abierta una línea de falla y de litigio, un hecho es evidente: quienes con razón reclamaron su derecho ante la justicia electoral no encontraron jueces probos ni justicia legítima.
Pero ¿encuentran esa justicia los mexicanos y las mexicanas cada vez que son victimas de una agresión, un agravio, un despojo, una violación, un crimen de sangre o un atropello pequeño o grande de la autoridad? ¿Encuentran justicia en un país ocupado por sus propias fuerzas armadas? ¿Tienen a quien acudir las víctimas de la tragedia de este sexenio funesto?
El clamor de justicia en México es inconmensurable. Piden justicia Cherán, Ayotzinapa, Guerrero entero, Veracruz, Chihuahua y todos los estados de la dolida geografía mexicana. Piden justicia los movimientos indígenas y campesinos. Piden justicia los zapatistas y el entero pueblo chiapaneco, los pobladores de Cherán y de Atenco, los trabajadores despedidos, las víctimas de las catástrofes mineras, los cientos de miles de víctimas del terror desatado por Felipe Calderón y los suyos.
Justicia es un clamor nacional que en la desvaída campaña electoral sólo se empezó a escuchar de verdad ese viernes 11 de mayo, cuando ustedes en la Ibero, al grito de Atenco no se olvida, se rebelaron contra la represión, la injusticia y la mentira.
La justicia no empieza por la promesa escrita en un programa, sino por la denuncia, la indignación y la pelea en los casos de la vida real, poniendo el cuerpo y alzando el grito en la denuncia.
La justicia empieza por el conocimiento y la divulgación de la injusticia. Empieza por conocer, saber e informar al país cada injusticia, como lo han hecho quienes han asumido como personas o como organizaciones esa ardua tarea. La ausencia de justicia está encubierta y legitimada por el monopolio de la información. Antes que esos jueces infidentes, Televisa y TV Azteca son los fabricantes y los encubridores de la injusticia.
El gran malentendido del inicio de la campaña electoral con el apretón de mano a Joaquín López Dóriga y con él a su empresa, fue roto por ustedes ese 11 de mayo y con todo lo que después vino en las calles y plazas. La temporada electoral culminó en el cerco estudiantil a Televisa. Así cambiaron el panorama de la elección y hasta sus cifras finales.
Esa es conquista del movimiento estudiantil. No salió a pelear por partidos y promesas sino contra el escudo de la injusticia: Televisa y TV Azteca, el monopolio de la información, la expropiación del conocimiento, la mentira organizada y tecnificada. Es la enseñanza más preciosa del movimiento: saber, conocer, investigar, denunciar e informar al pueblo la injusticia y la depredación de esos que usurpan el gobierno y ejercen el poder.
Tenemos ahora por delante una embestida contra nuestros derechos y nuestras vidas que ya se apresuró a desatar Felipe Calderón con su proyecto legal de desmantelamiento de los derechos y conquistas de los trabajadores y sus organizaciones. Promete además Enrique Peña Nieto reforma energética: privatización abierta o encubierta de Pemex y el petróleo, propiedad inalienable de la nación, y apertura del territorio a la depredación de la megaminería; reforma fiscal: IVA a alimentos y medicinas, exenciones impositivas a los ricos; reforma educativa: exclusión para unos y privatización para otros, esos que, dice él, van a triunfar en cualquier lugar del mundo. Ante estos desafíos está hoy el movimiento #YoSoy132.
* * *
No se trata en cada movimiento de hacer un programa nacional, unos estatutos, una institucionalización. Son tareas de otros. Es mejor y más vivaz mantener el alerta y la pronta respuesta y, en medio de la vida de estudio, trabajos y disfrute que nos reúne, hacer propias las grandes causas de este pueblo; disputar cada día la información; usar la cultura y los conocimientos científicos y tecnológicos que las universidades nos dan, no para triunfar en cualquier lugar del mundo, sino para enfrentar y desconcertar a los agentes y los voceros de la injusticia y el despojo, y para defender y difundir todas y cada de las causas de la justicia y la libertad.
Auditorio Narciso Bassols, Facultad de Economía, UNAM, 4 septiembre 2012.



PGJDF: hay elementos contra ex tesorero del SME


Comparece Alejandro Muñoz en tribunal
Tania Sánchez Hernández
Periódico La Jornada
Jueves 6 de septiembre de 2012, p. 39
El titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), Jesús Rodríguez Almeida, señaló que hubo elementos para solicitar una orden de aprehensión contra Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), la cual se basó en dictámenes periciales y testimonios, por lo que al ser cuestionado si el caso pudiera estar ligado a un tema político, el funcionario declaró: es cuestión de legalidad.
Al término de su participación en el foro Transparencia, acceso a la información y libertad de expresión, efectuado ayer en la sede del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF), Rodríguez Almeida explicó que a Muñoz Reséndiz se le configuró el delito de administración fraudulenta pues en la calidad que tenía en el SME, tesorero, su obligación era realizar un buen manejo de los recursos del sindicato y no fue así.
Señaló que la dependencia a su cargo integró la averiguación previa en la que constan los dictámenes periciales, testimonios y una serie de pruebas con base en las que se solicitó la orden de aprehensión, otorgada por un juez de primera instancia del máximo tribunal local, misma que fue cumplimentada.
Al ser cuestionado sobre si el caso pudiera estar ligado a un asunto político, declaró: es una cuestión de legalidad y quien tiene que resolver la situación jurídica de él (Muñoz Reséndiz) es el Tribunal Superior de Justicia.
Por su parte, el titular del TSJDF, Édgar Elías Azar, entrevistado también en el mencionado foro, señaló que en ese asunto, y en todos los demás que tienen un tinte político, la impartición de justicia y el apego a derecho están garantizados.
Muñoz Reséndiz, rindió su declaración preparatoria ante el juez 50 penal, José Eligio Rodríguez Alba, con sede en el Reclusorio Oriente, por su presunta responsabilidad en el delito de administración fraudulenta por alrededor de 21 millones de pesos, considerado grave, por el cual no tiene derecho a fianza, dijeron fuentes del TSJDF.
Durante la audiencia, que duró alrededor de dos horas, Muñoz Reséndiz negó las acusaciones en su contra, presentó pruebas y testigos, y solicitó la ampliación del término constitucional, mismo que vence el próximo lunes.

miércoles, 5 de septiembre de 2012

El sendero de la protesta

JOHN M. ACKERMAN
3 DE SEPTIEMBRE DE 2012 · 9 COMENTARIOS
ANÁLISIS
Marcha fúnebre de #YoSoy132 contra fallo del TEPJF.
Foto: Benjamín Flores.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El problema principal con la democracia mexicana no es que algunos actores políticos no “acepten su derrota”, sino que demasiados aceptan la impunidad y la complicidad como algo normal y cotidiano. La debilidad más importante de la cultura política del país no es la supuesta ausencia de una “cultura de la legalidad”, sino una obediencia y respeto exagerados a los dictados de la autoridad. El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Pedro Joaquín Coldwell, ha pedido “darle vuelta a la hoja” de la impugnación de la elección de Enrique Peña Nieto. Pero los ciudadanos deberíamos hacer todo lo contrario si esperamos tener impacto en la agenda nacional durante el próximo sexenio.
Décadas de dominio de un régimen de partido de Estado comandado por el presidente de la República han inculcado una profunda admiración hacia la figura presidencial entre los mexicanos. A diferencia de otros países en América Latina, en México la tasa de aprobación para quien ostenta la banda presidencial pocas veces baja de 50%, aun en los momentos más difíciles. Esto contrasta con tasas que llegan a ser incluso menores a 30% en muchas naciones centroamericanas y de Sudamérica. Ni siquiera los desastrosos sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón rompieron con esta tendencia histórica.
Pero esta situación podría cambiar, y para bien, en caso de que Peña Nieto llegue a Los Pinos. Los cuestionamientos hacia su persona y su elección son mucho más fuertes que los de 2006 con respecto a Felipe Calderón. Hace seis años Calderón hizo pactos inconfesables con dirigentes políticos y sociales como Elba Esther Gordillo, así como con el Consejo Coordinador Empresarial, y evidenció su falta de respeto por los principios más básicos de la democracia y la transparencia al rechazar la posibilidad de un recuento generalizado de la votación.
Pero hoy únicamente 37% de la población cree que Peña Nieto haya “ganado limpiamente”, de acuerdo con la encuesta más reciente de Covarrubias. La compra de votos, el sesgo mediático y la triangulación de recursos de procedencia desconocida hacia su campaña son innegables. Es también más complicado lidiar con un movimiento social autónomo y descentralizado como #YoSoy132 y la Convención Nacional Contra la Imposición que con un movimiento político que sigue las indicaciones de su líder.
En 2006, el cuestionamiento de la legitimidad de la elección y del gobierno de Calderón fue a todas luces justificado, y además rindió frutos políticos muy importantes. Si no fuera por las protestas, muy difícilmente hubiera sido tan productivo el Congreso de la Unión durante el último sexenio con la aprobación de una serie de reformas constitucionales históricas en las materias electoral, de transparencia, rendición de cuentas, justicia penal, derechos humanos y amparo, entre otras. Los legisladores solamente actúan cuando la presión social los obliga a hacerlo, en aras de recuperar su legitimidad cuestionada.
También debemos al movimiento de Andrés Manuel López Obrador el despido anticipado del fallido Consejo General del IFE encabezado por Luis Carlos Ugalde, y el freno al intento de privatización de Pemex impulsado por Calderón. Recordemos que la histórica reforma electoral de 1996 también fue resultado directo de la movilización social encarnada en el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de 1994.
Ahora bien, en un principio parecía que la decisión de López Obrador de confrontar en lugar de negociar con el régimen le iba a costar muy caro políticamente. Los voceros del régimen insistían en que este tipo de actitudes alejarían a la “clase media” y a los votantes “moderados”. Sin embargo, fueron precisamente los sectores más dinámicos de la sociedad los que apoyaron a López Obrador con mayor fuerza en esta ocasión.

El SME presentará más pruebas en contra de su ex tesorero encarcelado

Muñoz jugó el papel de cómplice de la Secretaría del Trabajo
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Miércoles 5 de septiembre de 2012, p. 16
La detención de Alejandro Muñoz Reséndiz, ex tesorero del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), se sustenta en una demanda penal que se interpuso en su contra por los delitos de administración fraudulenta en perjuicio de los trabajadores, activos y jubilados del gremio, cuantificada en más de 520 millones de pesos.
En la demanda que interpuso el SME se detalla que el desfalco económico a los electricistas, por parte de Muñoz Reséndiz, se registró en 2009 y el primer semestre de 2010. Incluso en los próximos días este sindicato ampliará el contenido de su denuncia en términos procesales, a fin de consolidar el proceso penal y aportar nuevas pruebas para afianzar el caso.
El sindicato precisó que, además de que el ex tesorero jugó el papel de cómplice de la Secretaría del Trabajo para la intervención del gobierno en los asuntos internos de la organización, dividirla y dejarla en indefensión jurídica, también hizo el lamentable papel de llamar a liquidarse a los trabajadores de Luz y Fuerza del Centro.
A la par de ello, estafó las finanzas de la organización y la dejó sin recursos, además de que cobró cheques correspondientes a las cuotas sindicales de manera indebida, sostuvo el SME.
Muñoz forma parte del grupo de ex dirigentes que insistentemente llamó a liquidarse a los trabajadores, y contribuyó a la creación de 68 empresas contratistas al servicio de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), integradas con trabajadores liquidados, y que hoy están quebradas –menos una–, explicó el sindicato.
También deslindó a los electricistas que se encuentran en calidad de presos políticos en el Reclusorio Oriente de los señalamientos que hizo el grupo de Muñoz de que pudieran agredir al ex tesorero ahora que está en el mismo reclusorio. Además informó que se actuará penalmente en contra de quienes acusaron que miembros del SME agredieron al jubilado Alfredo Ríos.
Por su parte el grupo que apoya a Alejandro Muñoz indicó que la detención de éste se debe a una venganza política de grupos pro Andrés Manuel López Obrador.
Alfredo Ríos Solís y Gustavo Lugo, representantes de jubilados del grupo de Muñoz, exigieron al jefe de gobierno del Distrito Federal y al procurador de Justicia capitalino actuar con apego a la legalidad.

martes, 4 de septiembre de 2012

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El sexenio de las catástrofes

Luis Hernández Navarro
El verdadero informe de gobierno de Felipe Calderón no fue el que hizo llegar al Congreso de la Unión este 1º de septiembre, sino el que rindió ante embajadores, gobernadores y funcionarios del gobierno federal el pasado 19 de abril. Su sexenio, les confesó en un acto público, estuvo marcado por el sello del infortunio.
En esa fecha, ante el incremento de la la actividad volcánica de Don Goyo, el mandatario tuvo un arranque de sinceridad y compartió con el país su balance de su sexenio. Ya sólo falta –dijo– que haga erupción el volcán para completar el cuadro de calamidades que ha enfrentado mi administración, entre las que se encuentran: la peor crisis económica, la epidemia de influenza A/H1N1, inundaciones, sequías, por no citar desde luego la virulencia, la irracionalidad, la brutalidad de la delincuencia que afecta principalmente las actividades de comercio.
Y, aunque la lista omitió predecir la llegada a Los Pinos de Peña Nieto, no le falta razón al jefe del Ejecutivo al describir sus seis años de gobierno como un periodo marcado por la catástrofe. Sin embargo, sus palabras omiten que esa calamidad no fue hechura de la diosa fortuna, sino producto de su pecado de origen: la ilegitimidad de su mandato.
Felipe Calderón asumió la Presidencia entrando al recinto legislativo por la puerta de atrás, entre enérgicas protestas, con un país dividido y enfrentado. Gobernó protegido por vallas, cercas, policías, militares y el silencio cómplice de la mayoría de los medios de comunicación. Termina su periodo dejando un México tanto o más fracturado y polarizado como el que existía cuando le fue colocada la banda presidencial.
El michoacano inició su gestión presidencial con una parada militar. El 3 de enero de 2007, en Apatzingán, durante su primera actividad pública ese año, se hizo retratar con uniforme de campaña, gorra de campo de cinco estrellas y el escudo nacional. Cuatro meses más tarde, el 8 de mayo, en la misma ciudad, la foto era una continuación de la del 3 de enero: elementos del Ejército, utilizando vehículos blindados y lanzagranadas, se enfrentaron a presuntos narcotraficantes.
El inquilino de los Pinos hizo de la guerra contra el narcotráfico el eje de su gobierno. Su afición por los uniformes castrenses, las fanfarrias y los actos públicos con las fuerzas armadas como telón de fondo fueron la marca de la casa. El combate al crimen organizado le proporcionó durante cierto tiempo una vía de legitimación que las urnas le negaron. La militarización de la política le dio las herramientas para administrar el país con medidas de excepción.
El balance final de su cruzada es desastroso: 88 mil 361 homicidios y más de 13 mil desaparecidos, miles de mutilados, huérfanos, desplazados, regiones enteras del país en llamas, ciudades asoladas por la violencia, las fuerzas armadas sumidas en el desprestigio. Como señaló Javier Sicilia: Felipe Calderón será recordado como el presidente de la violencia, como el presidente de una guerra inútil, una guerra perdida; como el presidente de la obstinación de la violencia y de la negación de la vida humana (...) se va como criminal, incumplió su misión con el país.
Amarga ironía para quien quiso pasar a la historia como el presidente del empleo y ofreció crear un millón de nuevos empleos al año y fracasó en el intento. De acuerdo con las estadísticas del IMSS, a lo largo de estos seis años se abrieron, solamente, un millón 219 mil empleos permanentes nuevos, en parte, en el nuevo sector maquilador.
Además de recuperar el camino a convertirse en Maquilatitlán y Taiwanajuato, Felipe Calderón logró convertir a México, cada vez más, en Changarrotilán. En julio de este año, 29 de cada 100 personas se emplearon en la economía informal.
Por si eso fuera poco, según la Cepal, el sexenio de Felipe Calderón será el de menor crecimiento económico en el país desde hace 24 años. En cambio, la pobreza y la indigencia en México se incrementaron 4.6 por ciento en cuatro años. Fuimos el único país latinoamericano en el que entre 2006 y 2011 registró una contracción del PIB por habitante.
Pero este fracaso no impidió que el mandatario sirviera a sus patrocinadores. México es una de las naciones más desiguales de América Latina, región de por sí desigual. En 2008, la décima parte de los mexicanos que está en la punta de la pirámide de la riqueza concentró ingresos por el equivalente al 41.3 por ciento del ingreso total nacional. La cifra creció 40 por ciento en cuatro años. Indicadores de estos servicios prestados a los señores del dinero son la salida del país más de 145 mil millones de dólares, y que compatriotas tengan en paraísos fiscales al menos 417 mil millones de billetes verdes.
Pero, más allá de estos servicios prestados, Calderón fracasó en dos dos tareas centrales. Tuvo seis años y toda la fuerza del Estado a su disposición para acabar con el movimiento de Andrés Manuel López Obrador. No escatimó recursos para hacerlo. Apoyó a un sector de la izquierda institucional para desplazarlo de la política nacional. El resultado final de su empresa fue un fracaso. Las cuentas que le rinde a los poderes fácticos en este rubro no son buenas. Su enemigo cosechó casi 16 millones de votos, más de los alcanzados por el partido del gobierno.
Tampoco pudo aniquilar a los centenares de movimientos de resistencia que en todo el país obstaculizan y descarrilan los negocios de quienes buscan explotar irracionalmente los recursos naturales, apropiarse de bienes públicos y comunes, precarizar aún más el mundo del trabajo y destruir el tejido comunitario. Esos movimientos, que frecuentemente se encuentran por afuera de los marcos de la política institucional y de la izquierda electoral, siguen activos a pesar del acoso gubernamental y la falta de solución a sus demandas.
La administración de Felipe Calderón se recordará como uno de los periodos más negros de la historia nacional, por lo menos para quienes no son parte de la pequeña minoría beneficiada por sus favores. Será conocido como el sexenio de las catástrofes.



La alternancia mafiosa

Pedro Miguel
No sorprende demasiado la revelación de que en 2006 Felipe Calderón pactó con el PRI la devolución de la Presidencia a ese partido en la persona de Peña Nieto (La Jornada, 3/9/12).
El dato es consistente con la relación de mutuo beneficio entablada entre Acción Nacional y el tricolor desde 1988, cuando Salinas pudo consumar la usurpación gracias al reconocimiento de los legisladores panistas. En los seis años siguientes habrían de venir las concertacesiones, es decir, las entregas de gubernaturas estatales, al margen de las urnas, a militantes del blanquiazul; el estreno de un panista en el gabinete presidencial (Antonio Lozano Gracia, 1994); la tersa sucesión Zedillo-Fox en 2000; el respaldo de los priístas a la imposición de Calderón tras el fraude de 2006 (ahora ya sabemos con nitidez a cambio de qué) y, en el año presente, la aquiescencia del calderonato y del panismo a una elección inmunda, a la legalización de la inmundicia por el Tribunal Electoral y, seguramente, si es que el resto del país la aguanta, a una toma de posesión moralmente inviable, el próximo 1° de diciembre.
La convivencia entre los dos partidos es, pues, un hecho sostenido que dura ya 24 años y que ha llevado a la sociedad a bautizar a ese régimen bicápite con un apelativo evidente: el PRIAN. El PRIAN no es únicamente, desde luego, una alianza política inconfesable sino, antes que eso, un acuerdo de estrategia económica y de sometimiento a las directrices provenientes de Estados Unidos. El PRIAN es la garantía de continuidad del modelo neoliberal, el cual requiere de gobiernos autoritarios, resueltos a violentar las leyes y los derechos y blindados y excluyentes en el ejercicio del poder.
Lo sorprendente, en todo caso, es que la existencia de ese pacto mafioso para una alternancia bipartidista antidemocrática sea tan conocido entre cuadros panistas y que éstos, conociéndolo, no lo hayan denunciado de manera pública y, en algunos casos, se hayan prestado a participar en una campaña presidencial –la de Josefina Vázquez Mota– que, a la luz de este acuerdo, fue una mera simulación.
Ello es significativo de la bancarrota cívica del panismo y de la perfecta improcedencia de buscar alianzas con el blanquiazul para democratizar al país. Esa perspectiva es tan cándida –en el mejor de los casos– como la de aliarse con Drácula para enfrentar al hombre lobo, o al revés. También exhibe, a posteriori, la injusticia de las críticas emanadas de los chuchos perredistas contra López Obrador, cuando éste se oponía a una alianza PAN-PRD en el Estado de México, y era acusado de jugar, de esa forma, para los intereses de Peña. ¿Lo ven? Pues no: quienes trabajaban para enfilar a Peña a Los Pinos eran aquellos con los cuales se pretendía establecer alianzas.
Otra inferencia necesaria es que hoy en día, como en los años 60 y 70 del siglo pasado, quien controla el Ejecutivo sigue teniendo en sus manos un protagonismo tan ilegal como indecente en la decisión central en torno a su sucesión.
La campaña, la elección, la calificación y la confirmación de que el PAN y el PRI son dos logotipos de un mismo programa de dominación oligárquica llevan, finalmente, a una conclusión inevitable: poco o nada puede esperarse de esa formalidad democrática, tan minuciosamente sellada por los poderes mafiosos, para impulsar los cambios de fondo que le urgen al país. En tal circunstancia, la primera transformación necesaria es el desmantelamiento de ese poder anticonstitucional cerrado en sí mismo y cada vez más contrapuesto y hostil a las aspiraciones de sus supuestos representados.
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Calderón arruinó tanto a Luz y Fuerza como a CFE

2. septiembre, 2012 Autor: Martin Esparza Opinión
Durante la celebración del 75 aniversario de la CFE, el presidente Felipe Calderón Hinojosa no tuvo el menor recato ni el mínimo sentido común cuando volvió a referirse a la Comisión Federal de Electricidad como una “empresa modelo”, puntal del desarrollo económico y comprometida con el bienestar de los mexicanos.
Martín Esparza Flores*/Quinta parte
Las cifras y los hechos dan al traste con las palabras del mandatario que sólo se engaña a sí mismo cuando habla de logros intangibles y fuera de todo contexto social, político y económico. Calderón se atrevió a citar los objetivos que alentaron en 1937 al entonces presidente Lázaro Cárdenas a la creación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Y que eran, en sustancia: organizar, dirigir y sentar las bases de un Sistema Nacional de Generación, Transmisión y Distribución de energía eléctrica en el país, basándose en principios técnicos y económicos, sin propósitos de lucro y con la finalidad de obtener el mayor rendimiento de los intereses generales.
Millones de mexicanos debemos preguntarle a Calderón si realmente han cumplido los gobiernos de su partido con tales objetivos. Él enarbola que el 98 por ciento de los mexicanos ya cuentan con energía eléctrica, pero no habla de las altas tarifas ni de la entrega paulatina y antinacionalista que se ha hecho de la infraestructura eléctrica del país a firmas trasnacionales, como tampoco de los multimillonarios contratos que se han entregado hasta por 25 años a las mismas, para que nos vendan su generación de electricidad financiada con nuestros propios recursos a través de mecanismos como los Proyectos de Inversión Diferidos en el Gasto (Pidiregas) o Proyectos de Inversión a Largo Plazo.
En su oficioso mensaje el presidente ofendió a la más elemental inteligencia de los expertos en la materia cuando volvió a afirmar haber obrado en razón de Estado sobre la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), de la que dijo se debían destinar para subsidiarla 50 mil millones de pesos, paraestatal a la que calificó nuevamente de improductiva.
Refutemos con hechos y cifras en la mano los galimatías del presidente: En primer término, Felipe Calderón nunca se ha referido a los subsidios que también ha recibido en la última década su autocalificada “empresa de clase mundial”. Cifras de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) dadas a conocer en la Cuenta Pública 2009 (año en que el presidente emitió el Decreto de Extinción de Luz y Fuerza del Centro) señalan que de 2001 a 2009, LFC recibió subsidios por 248 mil millones de pesos mientras que en el mismo periodo, la CFE los obtuvo por un monto de 563 mil millones de pesos; es decir, que ambas paraestatales debían compensar por igual pérdidas operativas.
¿Cuál era la gran diferencia? Que mientras el gobierno federal impidió a LFC generar su propia energía, a la CFE sí se lo permitió. Entonces, ¿por qué los déficits en ambas entidades y por qué tan gravosos en la CFE?
Es aquí donde los gobiernos panistas han manipulado la realidad de su errada política energética en el sector eléctrico: los cuantiosos subsidios no tienen como origen directo el impedir el incremento de las tarifas eléctricas, ésa es la cortina de humo para justificar algo más delicado, que es la creciente autorización a las empresas privadas, sobre todo extranjeras, la generación de energía en el país, pese a que el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos lo prohíbe claramente.
Lo más grave y delicado, que puede equipararse a una traición a la patria, es que los gobiernos panistas a través de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) han autorizado más de 700 permisos a empresas privadas con 25 de las cuales (como Iberdrola, AES, Unión Fenosa, Mitsubishi, por citar algunas) la CFE tiene contratos que obligan a esta “empresa de clase mundial” a comprarles su energía.
Calderón presume a los cuatro vientos obras e infraestructura como las presas El Cajón y la Yesca; entonces la pregunta natural es: si el país tiene tal capacidad de generación de energía ¿por qué aceptar que la trasnacionales se metan a un negocio que debe ser área exclusiva y estratégica del gobierno mexicano?
Bajo esta óptica, y como lo destacan los especialistas de la ASF, es notorio el desplazamiento que está sufriendo el servicio público de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica en el país por los Productores Externos de Energía, contribuyendo con ello a un alto grado de desocupación de la planta productiva del Sistema Eléctrico Nacional, propiedad del Estado. De esta manera, como exponen los analistas, es fácil de entender que no sólo es LFC, extinguida por decreto, sino la propia CFE la que está perdiendo progresivamente participación en el mercado, pues los productores privados ya detentan alrededor del 50 por ciento de la capacidad de generación de la CFE.
Esto, por supuesto, en nada beneficia al país ni a los consumidores. Veamos un ejemplo del saqueo y las ventajosas condiciones de las trasnacionales, en contrasentido de la inducida quiebra de LFC por el propio gobierno federal:
En 2007, Unión Fenosa, firma de origen español, vendió el kilovatio-hora (kWh) a la Comisión Federal de Electricidad en 59 centavos, la cual a su vez lo vendió a Luz y Fuerza del Centro en un peso, y en 93 centavos a los industriales. Un año después, en 2008, las compañías eléctricas en su conjunto aumentaron el kWh entregado a la CFE en 93 centavos y la CFE lo cobró a LFC en 1.50 pesos, pero la Secretaría de Hacienda obligó al hoy organismo liquidado a venderlo al usuario en 1.18 pesos. Ello originó –y de esto nada habla Calderón– que los costos de explotación de CFE fueran absorbidos por LFC, generando un sobreprecio de 13 mil millones de pesos en 2009.
De esta forma, la energía comprada a CFE tuvo un costo que se incrementó de 41 mil 500 millones de pesos en 2001, a 108 mil 400 millones de pesos en 2008; así, los costos de explotación se integraron en un 56 por ciento en la electricidad comprada a CFE y 26 por ciento de pasivo laboral. Es así que, aunque resulte ilógico, los costos de energía eléctrica que la CFE adquiere de los productores independientes, fueron transmitidos a la propia LFC, deteriorando aún más su difícil situación financiera.
No puede hablarse de que CFE sea una empresa modelo cuando, además de tener pasivos por casi 850 mil millones de pesos, ha solapado que las trasnacionales se adueñen paulatinamente de la generación y transmisión de la energía eléctrica estando a un paso de meterse al campo de la comercialización pública. Es claro que la intención de los gobiernos de Acción Nacional nunca fue fortalecer y sanear a LFC, sino desaparecerla para abrir paso a la encubierta privatización de la que se han vueltos cómplices los funcionarios de la propia Comisión Federal de Electricidad, como su exdirector, Alfredo Elías Ayub.
Valga señalar que Calderón estuvo enterado, desde que fue Secretario de Energía, de la corrupción de los altos funcionarios de la CFE y Luz y Fuerza del Centro, y no hizo nada; por el contrario, como presidente justificó de forma maquillada la extinción y quiebra financiera de los dos organismos descentralizados, basta con leer la Ley Federal de Entidades Paraestatales donde se establece con claridad que ambos se administran con un órgano de gobierno, el cual es observado y auditado tanto por la controlaría general como por la Función Pública. Si éste órgano de gobierno no sirve, entonces recae en el presidente la responsabilidad de intervenir para hacer que funcione, pues como ya apuntamos, es una obligación del Estado proporcionar el suministro público de electricidad, situación que Calderón jamás asumió como secretario y menos como presidente.
Su traición a la patria es doble porque, además de haber desnacionalizado nuestra industria eléctrica, ahora trasladan el costo de las multimillonarias ganancias de las trasnacionales a los recibos de pago de los usuarios en todo el país, pisoteando los objetivos que hace 75 años estableció el general Cárdenas.

RESCATARÁN LA INICIATIVA DE NUEVA EMPRESA DE LUZ

Desde el Senado...
*La Propuesta Incluye la Reinserción Laboral de los 16 mil 599 Electricistas del SME en Resistencia.
Por Martín Esparza Flores
Conductor de Frecuencia Laboral
y Secretario General del Sindicato Mexicano de Electricista
El recién electo senador de la República, Manuel Bartlett, dijo en entrevista que volverá a presentar la iniciativa de ley para crear una nueva empresa paraestatal que sustituya a Luz y Fuerza y en donde sean reinstalados los 16 mil 599 agremiados al Sindicato Mexicano de Electricistas en resistencia.
Como recordarán esta iniciativa fue presentada ante el pleno de la Cámara de Diputados el pasado 11 de noviembre del 2010, por José Narro Céspedes del PRD. En la cual se propone crear una nueva empresa paraestatal eléctrica. Pero debido a que a finales de abril del 2012 el pleno de diputados determinó por voto mayoritario desechar todas las iniciativas que no fueron dictaminadas, por lo cual ahora se volverá a presentar pero en el Senado de la República (Leer Noticia Relacionada: "DIPUTADOS PROPONEN NUEVA EMPRESA DE LUZ")
"Nosotros en la Cámara de Senadores vamos a luchar por que se cree esa nueva entidad, porque es técnicamente indispensable, están operando en la zona con empresas privadas. La Comisión Federa de Electricidad contrata licitaciones cuyo contenido ni siquiera conocemos. Es un negocio más del calderonismo. Es urgente dotar a esta región que tiene una estructura de distribución especial y quienes la conocen desde hace 100 años son los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas".
dijo que esta nueva empresa de luz es una necesidad social porque hay miles de trabajadores especializados en la materia que fueron expulsados a la calle por la decisión de Calderón de dar contrato eléctricos a empresas privadas, para hacer negocio.
El actual senador de la República dijo que para privatizar al sector eléctrico, el gobierno de Felipe Calderón emitió un decreto ilegal de extinción de Luz y Fuerza y utilizó las fuerzas militares disfrazadas de policías federales, como un típico golpe de Estado, subrayó Manuel Bartlett.
"Desde que se dio el golpe al Sindicato Mexicano de Electricistas, se presentó como un golpe de estado. El golpe de Estado se da cuando los propios funcionarios utilizan los instrumentos del Estado para violar sus propias reglas. El presidente de la República depende de la constitución y las leyes, pero en este caso el hecho de que Calderón haya mandado al ejército disfrazado de policías, para tomar las instalaciones de una empresa pública legal y funcionando, es un típico golpe de Estado que dió Calderón".
Calderón tenía que haberse majenado por la vía legal y no lo hizo. Y prefierió utilizar la fuerza bruta para desaparecer a un organismo público descentralizado, que sólo puede extinguirse por autorización del poder legislativo y luego de un proceso judicial. Por lo cual su decreto de extinción de Luz y Fuerza es ilegal.
Bartlett Díaz reconoció que el Sindicato Mexicano de Electricistas ha sido una pieza clave de la resistencia civil pacífica en contra de la ola Calderonista de desmantelamiento del sector energético nacional y en contra de su privatización.
"Al SME se le reconoce como sindicato, tiene toma de nota -aunque es un instrumento fascistoide que utilizo Calderón y Javier Lozano, su compinche- pero, finalmente el vigor, la fuerza, la unidad que mantuvo el SME obligó al gobierno a aceptar que es una organización reconocida. No lograron destruirlo, como pretendía Calderón ahorcar a trabajadores indefensos. Pero buscaba la venganza porque el SME se opone a las privatizaciones eléctricas que es lo que le han ordenado a Calderón que haga, desaparecer las empresas públicas. En PEMEX es lo mismo, a la CFE la tiene totalmente debilitada".
Esta legislatura tendrá que revisar la legalidad de la extinción de Luz y Fuerza del Centro. En la informe de la Auditoría Superior de la Federación, cuenta pública 2009, se establece que el auditor superior tendrá que establecer los mecanismos para el análisis económico, legal y político de la extinción de Luz y Fuerza del Centro, para observar si esto fue producto de la participación mayoritaria de las empresas privadas en el sector eléctrico y l a subutilización de la infraestructura eléctrica pública del país.
También tendrá que analizar la figura del comodato de los bienes de Luz y Fuerza a Comisión Federal de Electricidad, que es una simulación jurídica firmada a los 25 minutos de tomar la desición de extinguir a ese organismo público descentralizado. Eso es una berración jurídica para simular la entrega a empresas privadas del sector eléctrico público. Eso es una aberración que avalaron los propios ministros de la corte.
Esta LXII Legislatura que acaba de iniciar el 01 de septiembre del 2012, tiene mucho trabajo qué hacer para restablecer el orden jurídico en el país. ( Leer Noticia Relacionada: "EL DECRETO DE EXTINCIÓN TIENE VICIOS DE LEGALIDAD")

No nos moveremos del Zócalo: SME

Exige que el gobierno cumpla con la reinserción laboral de 16 mil despedidos de LFC
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 4 de septiembre de 2012, p. 24
No nos moveremos del Zócalo hasta que el gobierno federal cumpla con el compromiso que firmó en septiembre del año pasado para reinsertar laboralmente a los 16 mil 599 trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que no se liquidaron, sostuvieron los integrantes de este gremio, apostados de nueva cuenta en casas de campaña en esta explanada capitalina.
En conferencia de prensa, el secretario general del SME, Martín Esparza, indicó que esta vez no levantarán el plantón que instalaron el fin de semana pasada en esta plancha, aunque se llegue al 15 y 16 de septiembre, hasta que haya acuerdos en firme para que regresen a trabajar los afiliados a este sindicato. Esparza hizo un llamado a Marcelo Ebrard, jefe de Gobierno capitalino, para que reconsidere seguir como mediador en este conflicto, e instó al titular de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Poiré, a que se sume al reinicio de pláticas, este martes en Bucareli, a fin de que de una vez por todas se realicen acciones para resolver la crisis.
Recordó que el 13 de septiembre pasado el SME y el gobierno federal, mediante el titular de Gobernación, Francisco Blake Mora, firmaron un acuerdo en el que los trabajadores aceptaron levantarse del plantón que mantuvieron casi medio año en el Zócalo, para demostrar su disposición al diálogo y abrir la vía de la negociación para solucionar este conflicto social derivado de la ilegal extinción de Luz y Fuerza del Centro, que significó el despido masivo de trabajadores más grande en la historia del país.
Dicho acuerdo contemplaba el regreso de sus fondos sindicales; dar una opción laboral a los 16 mil 599 trabajadores en resistencia y apresurar los procesos legales para que salieran libres los electricistas detenidos; incluso en dicho acuerdo participaron como coadyuvantes el jefe de Gobierno Marcelo Ebrard y el ahora senador Armando Ríos Piter, y se fijó en ese documento, como fecha límite para la solución del conflicto, el siguiente 30 de noviembre.
No obstante, a casi un año de la firma ese acuerdo, el gobierno federal no ha cumplido su palabra con el SME; la mesa de negociaciones que se instaló con Gobernación no ha dado frutos y, a casi tres años de resistencia y uno de haber firmado el acuerdo, la única respuesta a nuestras demandas han sido la represión y calumnia, unidas a tácticas dilatorias para retardar la liberación de los presos políticos, así como la inexistencia de una propuesta seria para la reinserción laboral de los trabajadores, dijo.
Ante dicho incumplimiento advirtió que se mantendrán en plantón, y apuntó que es el gobierno el que los quiere tener en las calles, por lo que demandó a otras organizaciones que respalden su campamento y sostuvo que su protesta será civil y pacífica y en el marco de las libertades democráticas. Hizo ver que en la mesa de negociación también están pendientes otros temas como las jubilaciones pendientes, regreso de cuotas sindicales, y de los recursos de los fondos, como el del seguro sindical.

lunes, 3 de septiembre de 2012

El tribunal de la ignominia

John M. Ackerman
El Instituto Federal Electoral (IFE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no existen sólo para garantizar la legalidad de los procesos electorales, sino principalmente para asegurar su legitimidad y constitucionalidad. Surgieron en los años 90 como respuestas a la grave crisis política de esos años. Aunque Carlos Salinas de Gortari concibió el IFE y el Tribunal Federal Electoral (Trife, antecedente directo del TEPJF) como meros distractores de la protesta social, hubo, sí, una época de oro entre 1996 y 2003, cuando algunos consejeros y magistrados electorales lograron minimizar ese pecado de origen y escuchar verdaderamente a la ciudadanía. Hoy, sin embargo, estas dos instituciones vuelven a dar la espalda a la sociedad.
El desprestigio se inicia en 2003 con la total exclusión de las fuerzas de izquierda y la imposición por Santiago Creel, entonces secretario de Gobernación de Vicente Fox, y Elba Esther Gordillo, coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional en la Cámara de Diputados, de nueve grises consejeros electorales sin mayor conocimiento en la materia. La tendencia se consolida en 2006, cuando tanto el IFE como el TEPJF fueron cómplices de las ilegalidades cometidas por Felipe Calderón y Vicente Fox y se negaron a acceder a la demanda ciudadana de esclarecer los resultados por medio de un recuento total de la votación.
En 2012, este ciclo de oprobio se cierra y se corona. La semana pasada, los magistrados del TEPJF no solamente avalaron una elección a todas luces anticonstitucional e irregular, sino que lo hicieron poniéndose de pie para aplaudir con abyección un ejercicio supuestamente ejemplar donde se respetaron a cabalidad los principios constitucionales que deben imperar en toda elección de carácter democrática. Todo pudor quedó en el pasado.
La irresponsabilidad de 2006 fue remplazada en 2012 por un cinismo deplorable que ha hundido a las instituciones electorales en un desprestigio mayor. En 2006, el TEPJF validó la elección presidencial sobre las rodillas y recurrió a argumentos francamente risibles con respecto a la posible determinancia, o relevancia, de las irregularidades cometidas. Sin embargo, en aquel momento los magistrados también tomaron algunas medidas para por lo menos simular que estaban haciendo su trabajo.
Por ejemplo, se atrevieron a tomar en serio la posibilidad de anular la elección presidencial, aun cuando no existía ordenamiento jurídico que expresamente considerara esta posibilidad. Asimismo, aprovecharon el dictamen de validez de la elección presidencial para señalar con todas sus letras que se habían cometido violaciones graves a la Constitución. Aceptaron, entre otras irregularidades, que el excesivo protagonismo del presidente Fox durante la campaña había puesto en riesgo la validez de la elección presidencial. Los magistrados también reprocharon fuertemente al Consejo Coordinador Empresarial haber violentado el marco jurídico al adquirir propaganda en radio y televisión.
Hoy, sin embargo, la desvergüenza es total. Ahora que por primera vez en la historia existe un recurso formal para impugnar la totalidad de la elección presidencial ante el TEPJF, los magistrados fueron aún más indolentes que en 2006. Desde lo que creen que es su olimpo en la avenida Carlota Armero, y sin tomarse la molestia de levantarse de sus escritorios, los magistrados rechazaron uno a uno todos los argumentos del Movimiento Progresista y no se atrevieron a señalar a absolutamente nadie por haber incurrido en alguna irregularidad. Tampoco utilizaron ninguna de sus amplias facultades legales para allegarse de pruebas adicionales.
En contraste, avalaron sin cuestionamiento alguno los puntos de vista del PRI y de Enrique Peña Nieto. No se probó la existencia de un esquema ilegal de financiamiento paralelo destinado a la compra y coacción del voto, ya que las operaciones mediante tarjetas de prepago tuvieron como destinatarios a delegados y representantes del Partido Revolucionario Institucional, y por finalidad, retribuirles por los servicios prestados al señalado instituto político, señalan en el dictamen de validez aprobado el viernes.
Seis meses antes de que la Unidad de Fiscalización del IFE emita su dictamen, los magistrados ya han llegado a conclusiones anticipadas sobre el origen y destino de los gastos de campaña de Peña Nieto. ¿No teníamos que esperar hasta febrero de 2012 para tener información fidedigna sobre la fiscalización de las campañas?
Con ésta y una infinidad de afirmaciones similares en la sentencia y el dictamen aprobados la semana pasada, queda claro que el TEPJF no se limitó a desechar las pruebas de López Obrador, sino se adjudicó la tarea de defender al PRI. El doble estándar es evidente. Mientras una de las partes debe presentar toda la evidencia para comprobar sus dichos, las afirmaciones de la otra parte son tomadas automáticamente como la verdad incuestionable.
El destacado jurista Netzaí Sandoval, en su libro más reciente, ya había anticipado el escenario actual: El ganador será, muy probablemente, el partido que con mayor cinismo elabore su estrategia para defraudar la voluntad popular. Y el Tribunal Electoral le levantará el brazo. Ricardo Monreal tiene razón: si seguimos por el mismo camino, tendría más sentido que en 2018 la Lotería Nacional anuncie una subasta que el IFE y el TEPJF organicen un proceso electoral para decidir quién sería el próximo presidente de la República.
www.johnackerman.blogspot.com • Twitter: @JohnMAckerman



El miedo a la democracia

Carlos Fazio /IV
Consumatum est. Enrique Peña será el nuevo mandarín en palacio al servicio de los poderes fácticos. En sendos actos de simulación deliberativa mediática y propagandística, los días 30 y 31 de agosto un puñado de jueces absolutistas, mezquinos y arrogantes concluyeron las operaciones de trabajo sucio en las cloacas del sistema político mexicano. En un unánime fallo farragoso, reduccionista, falto de pulcritud y signado por una parcialidad obsecuente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó la demanda de la coalición Movimiento Progresista para invalidar los comicios y declaró a Peña presidente electo. Con precipitación torpe, evidente abuso de las formas y rudeza innecesaria con atisbos de burla, los magistrados desecharon todas las impugnaciones presentadas. De manera legal triunfó la imposición. Y, como hace seis años, asistimos a la coartada de la legalidad y a un obsceno ejercicio de autobombo. A una nueva parodia institucional con actores de cuarta; a otro episodio de la política como espectáculo.
Con su inequívoco mensaje orwelliano, los magistrados volvieron a ratificar que se puede ganar con trampas y a la mala, y el perdedor debe acatar los resultados en nombre de la democracia y la unidad nacional, so riesgo de ser catalogado como violento, orillado al margen de la ley y criminalizado. Lo novedoso, en la coyuntura, fue que Alejandro Luna Ramos y su patota de leguleyos por consigna tuvieron que actuar como un escuadrón de escarmiento. Su víctima principal: Andrés Manuel López Obrador, el enemigo oficial. También quedó claro que la misión del tribunal era consumar el asalto de la Presidencia y poner a la chusma aturdida (Chomsky dixit) en su lugar. Es peligroso que el pueblo conozca su propia fuerza y quiera autodeterminarse. La mayoría debe resignarse al consumo de fantasías e ilusiones, no participar. La participación es deber de los hombres responsables. De allí que fuera la de estos jueces de barandilla una operación de adoctrinamiento y de control del pensamiento. Expertos en artimañas, con argucias baratas utilizaron la ley como instrumento particular de la dominación hegemónica. ¿Objetivo? En la transición, intentar mantener a raya a la vociferante y terca multitud, encarnada en Morena y el movimiento #YoSoy132.
Los que poseen las riquezas y dominan México desean un público disciplinado, apático y sumiso, que no cuestione sus privilegios y el ordenado –aunque violento– mundo en que medran. De allí, que, básicamente, como enseña Noam Chomsky, las decisiones tomadas por los tribunales y los hombres de leyes no estén dirigidas a garantizar la voluntad popular, sino a fortalecer la tiranía privada. A beneficiar al gran capital, como antítesis de la democracia. Como decía John Dewey, mientras exista un control sobre el sistema económico, hablar de democracia es una farsa.
Cómplices del IFE y la partidocracia, el discurso autista, cínico y clasista de los magistrados exhibió su papel en el reparto: imponer a Peña y amenazar a la plebe. No en vano, las dos primeras palabras del mexiquense al recibir su constancia fueron la legalidad. Su proyección lo traicionó: se sabe un ungido ilegal. Ahora, su misión será servir de administrador en un Estado niñera del poder corporativo; un Estado de bienestar para los ricos y privilegiados. Eso no se discute, aunque las mayorías no alcancen a percibirlo de manera evidente.
Durante los años del neoliberalismo las grandes empresas han intentado minar y demoler los últimos resabios del antiguo contrato social. Tras dos fracasos parciales de los gobiernos del PAN, la tarea, hoy, ha sido encargada al pichón de dinosaurio priísta. La misión de Peña es imponer las contrarreformas estructurales que faltan. Entre ellas, la laboral. Y seguir subsidiando y/o rescatando al gran capital. En campaña, el muñeco de Televisa no podía decir a las masas de trabajadores pobres y despolitizados –a quienes sus operadores compraron con tarjetas Soriana y Monex–: Vótenme, quiero matarlos y violarlos (como ocurrió bajo su mando directo con dos muchachos y 23 mujeres en San Salvador Atenco en 2006), o: Vótenme, quiero hambrearlos y empobrecerlos más. De allí que recurriera a una demagogia populista simplista y a renovadas formas de aceitar un clientelismo político narcotizado.
El nuevo PRI es el viejo partido corrupto, vertical y autoritario de la guerra sucia y las privatizaciones, cuyo único logro fue aumentar el número de millonarios y acelerar la reducción de los salarios y de las condiciones sociales. La historia está fresca. Hoy, la mafiocracia se recrea. Pero el sistema de propaganda no quiere que la gente recuerde ni piense: puede apoderarse del gobierno y utilizarlo como instrumento de poder público. De allí que se le infantiliza. Pretenden que la población no se dé cuenta de nada. Que no pregunte, por ejemplo, cómo funcionan las grandes empresas, los bancos y las casas de bolsa. Cómo triangulan y lavan dinero sucio que proviene de actividades ilegales y criminales. Y cómo, en ocasiones como en la actual, esos recursos sucios sirven para imponer presidentes dóciles, manejables, controlables.
A veces, como ahora, los integrantes del Consejo Mexicano de Hombres de Negocios, del Consejo Coordinador Empresarial y otros sindicatos corporativos se ven obligados a decir su palabra para reforzar la de sus amanuenses. Es obvio que no están en los negocios para ser humanitarios como la madre Teresa de Calcula, y no es necesario buscar razones ocultas. Hacen negocios para que aumenten sus beneficios y sus acciones en el mercado. Y en ocasiones como la presente, fabrican presidentes para que administren sus intereses. Sepultada la equidad y consumado el fraude, tras dos sexenios panistas que profundizaron el modelo, México transita hacia una nueva fase de institucionalización de un Estado de tipo delincuencial y mafioso.



Demandan cumplir acuerdos con electricistas

Quienes participamos en la integración de la Convención Metropolitana contra la Imposición repudiamos cualquier intento de desalojo violento al plantón que nuestros compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas han instalado en el Zócalo de la Ciudad de México, desde el pasado 1º de septiembre, por el cumplimiento irrestricto e inmediato de los acuerdos firmados hace casi un año, el 13 de septiembre de 2011, con la Secretaría de Gobernación como interlocutor y el Gobierno del Distrito Federal como coadyuvante en la solución del conflicto: la liberación de sus presos políticos, el pago y aplicación de prestaciones contractuales pendientes para activos y jubilados y la reinserción laboral en el sector eléctrico para más de 16 mil trabajadores en digna resistencia. Responsabilizamos directamente a los gobiernos federal y del DF de cualquier atentado o daño a la integridad física de los compañeros del SME y su plantón, y convocamos al pueblo de México a solidarizarse con su lucha.

domingo, 2 de septiembre de 2012

El Gobierno Federal No Cumple. ¡¡EXIGIMOS SOLUCIÓN!!

Sexenio de destrucción

La presentación del último Informe de gobierno es, en la lógica política nacional, un momento de balance del sexenio, no sólo en el discurso oficial, casi siempre complaciente y cargado de autoelogios y cifras positivas imaginarias, sino también en el ánimo nacional, que suele ser mucho más severo y crítico en su diagnóstico del país. En esta ocasión no sólo es inminente el final de la administración calderonista sino también el de un ciclo de 12 años en los que el panismo ejerció la Presidencia. El saldo de los primeros seis años de ese ejercicio, encabezado por Vicente Fox, resultó desfavorable en casi todos los terrenos. Baste con recordar que en el sexenio anterior se dilapidaron decenas de miles de millones de dólares procedentes de los sobreprecios petroleros sin que exista, hasta ahora, la certeza del destino de ese dinero; pero, lo más grave, se dilapidó la esperanza de la sociedad en una transición democrática. Con todo, el segundo tramo de ese ciclo, a cargo de Felipe Calderón, ha sido mucho más devastador para el país.
Por principio de cuentas, la falta de legitimidad de inicio, la ausencia de una visión de Estado y la ineptitud llevaron a la actual administración a declarar, desde sus primeros días, una guerra contra la delincuencia organizada y el narcotráfico que desembocó en una catástrofe en materia de seguridad pública, derechos humanos, estado de derecho, integridad institucional y soberanía. El recuerdo del sexenio que está por concluir queda irremediablemente ligado a las decenas de miles de muertos causados por el estallido de violencia que provocó, a su vez, la actual estrategia policial y militar; por el aumento y la expansión del poderío de las organizaciones criminales; por la descomposición de las corporaciones de seguridad pública; por la exasperante indefensión de sectores de la población que quedaron atrapados en las confrontaciones armadas; por la arbitrariedad y la impunidad con la que las fuerzas del orden atropellaron garantías individuales y derechos humanos; por la generalización de la extorsión de ciudadanos por parte de grupos delictivos; por el lavado de dinero y el tráfico imparable de sustancias ilícitas; por los asesinatos de periodistas; por la continuación de la epidemia de feminicidios en diversos puntos del territorio nacional; por la proliferación de levantones, masacres, desmembramientos, narcovideos y narcomantas.
La determinación de involucrar a las fuerzas armadas en esa suerte de cruzada minó severamente la imagen de esas instituciones entre la población. El titular del Ejecutivo federal ha hecho, durante casi seis años, oídos sordos a los incontables señalamientos críticos sobre los errores de concepción y ejecución de su estrategia y ha persistido en el empecinamiento de mantenerla hasta el último día, e incluso ha pretendido proyectarla en forma transexenal. Para colmo, con ese telón de fondo, y aunque éste no fuese causal directa, el gabinete calderonista resultó descabezado en un par de ocasiones por las muertes en accidentes aéreos de dos secretarios de Gobernación. En la circunstancia menos ominosa, la mala suerte agravó el debilitamiento experimentado por las autoridades federales en la guerra emprendida.
Los fenómenos arriba citados están entreverados con una gravísima y dolorosa pérdida de soberanía. Como ha podido demostrarse mediante los cables de Wikileaks difundidos por este diario y por medio de otras fuentes, en el sexenio calderonista se permitió, alentó y hasta imploró la intromisión de entidades estadunidenses en asuntos que, por ley, conciernen exclusivamente a los mexicanos y a sus instituciones. En el actual gobierno federal, y con la coartada de la Iniciativa Mérida, se ofreció a Washington toda la información de inteligencia del país, se instauraron los vuelos de aeronaves estadunidenses no tripuladas, proliferó la presencia de agentes de la FBI, la DEA y la CIA en territorio nacional y se otorgó a funcionarios extranjeros funciones de coordinación sobre efectivos policiales y militares nacionales. Algunas dependencias del país vecino –como las oficinas de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y de control de Drogas– cometieron en México delitos tales como contrabando de armas y lavado de dinero, sin que las autoridades nacionales se tomaran la molestia de investigar, y mucho menos sancionar, tales actividades. Fuera del ámbito policial y de seguridad, nuestro país prosiguió el rumbo de sometimiento a Washington ya iniciado en el gobierno anterior y de distancia e incluso hostilidad ante naciones hermanas de América Latina.
En el terreno económico las cosas no marcharon mejor. El sexenio calderonista se caracterizó por un incremento brutal de la pobreza y el desempleo y por una desmesurada transferencia neta de capitales hacia el exterior. Aunque las cifras oficiales contradicen estos fenómenos, hay sobrados elementos que indican que han sido maquilladas. Un ejemplo es el estudio del Centro de Análisis Multidisciplinarios de la UNAM (La Jornada, 12/04/2012) que desmiente el índice oficial de 4.8 por ciento de desempleo y lo sitúa en un nivel real, más de tres veces mayor, de 15.4 por ciento. La ausencia de una política económica con sentido nacional ha sido particularmente desastrosa para el campo y para los sectores populares de las ciudades, pero ha afectado también a grupos crecientes de la clase media.
En otro sentido, la actual administración se ha caracterizado por una sistemática ofensiva contra las empresas públicas, los sindicatos y los derechos laborales. En contraste con el fallido intento calderonista de 2008 por privatizar segmentos fundamentales de la industria petrolera, el régimen tuvo éxito en la destrucción de Luz y Fuerza del Centro y ha asistido, con pasividaad aprobatoria, al desmoronamiento de la Compañía Mexicana de Aviación. Desde el incio del sexenio se ha profundizado la persecución y la represión contra los mineros y metalúrgicos, y a partir de 2008 se lanzó una campaña de acoso propagandístico, judicial y policial contra el Sindicato Mexicano de Electricistas.
En el terreno político el gobierno calderonista será recordado por la cerrazón y la incapacidad negociadora, defectos que explican parcialmente su fracaso en lograr la aprobación de algunas de las reformas estructurales privatizadoras pretendidas por el poder público en este sexenio; será recordado, también, por la constante intromisión del Ejecutivo federal en ámbitos ajenos a su incumbencia, como el legislativo, el electoral y el judicial, y por sus colisiones con los poderes correspondientes.
En materia de política social el calderonismo provocó una crisis sin precedente en el sistema de educación pública, debido a sus alianzas políticas con la cúpula mafiosa que controla al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, así como por los factores de corrupción, amiguismo y clientelismo que proliferaron en el sistema de salud. Una de las consecuencias más dolorosas y agraviantes de esos fenómenos fue el incendio de la guardería ABC, en Hermosillo, Sonora, en el que casi 50 infantes murieron y decenas resultaron lesionados. Hasta la fecha, los presuntos responsables políticos y administrativos de esa catástrofe permanecen protegidos por un manto de complicidades e impunidad.
Otro sector devastado desde el poder público es el de las telecomunicaciones. Durante el sexenio que está por concluir, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha actuado en forma sistemáticamente parcial a favor del duopolio televisivo, ha entregado bandas y frecuencias a cambio de nada y se ha erigido como guardián de los intereses de los concesionarios afines al régimen, y como verdugo de algunos de sus competidores, como MVS.
La corrupción en las oficinas públicas, lejos de decrecer, se ha multiplicado en forma inocultable. Dos situaciones emblemáticas: la actual administración empezó por firmar un contrato de abasto de gas natural para la Comisión Federal de Electricidad con la trasnacional española Repsol –21 mil millones de dólares– a un sobreprecio escandaloso y deja como herencia y recordatorio una Torre de Luz cuya construcción consumió más de cuatro veces los recursos originalmente programados.
A todo lo anterior habría que agregar la sistemática hostilidad oficial contra los derechos sexuales, reproductivos y de género, los ataques a la laicidad del Estado, y la insensibilidad, la frivolidad y la mendacidad como formas regulares de gobierno.
Con estas consideraciones en mente es claro que el país ha vivido, durante los pasados seis años, un oscuro periodo de destrucción y de regresión generalizadas y con un país fraccionado que se expresa, en el mejor de los casos, en situaciones como la ocurrida al inicio del periodo del sesiones del Congreso y en las manifestaciones realizadas, también ayer, en una docena de ciudades. Si bien tales manifestaciones tienen como objetivo inmediato y primario expresar rechazo a Enrique Peña Nieto, quien la víspera fue declarado presidente electo por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es claro que constituyen también muestras del hartazgo provocado por el régimen neoliberal en general, encabezado, durante los pasados seis años, por Felipe Calderón.

Del ruido y la furia


Rolando Cordera Campos
La Rayuela del viernes pasado dice No hay palabras. Pero tendrá que haberlas, porque por encima de la proverbial hipocresía de la política electoral están el país y su pueblo, con sus citas con la justicia fundamental pospuestas una y otra vez, sin que con ello hayan logrado los poderosos que la agenda histórica se olvide o edulcore.
Como han probado hasta la saciedad las movilizaciones de estas semanas poselectorales, no sólo se puede estar por encima de la bulla formalista de los juristas de opereta, sino también hacer avanzar la palabra y el discurso justicieros, que son lo mejor e insoslayable de la política popular y, a la vez, apegarse con honorabilidad al método que es propio de las democracias modernas de masas: movilizar y reclamar en la calle, el aula o el taller y, al mismo tiempo, reclamar el derecho y hacerlo verdad plebeya en la urna y ante un tribunal de escribas que hacen de la sordera dudosa y ominosa virtud jurídica.
El compromiso con la libertad y la paz, de que ha hecho gala el vasto movimiento que apoyó a Andrés Manuel López Obrador ha sido también un ejercicio abierto y público de respeto a la legalidad y a los derechos de terceros. Al mostrarse como conjunto social organizado, capaz de intervenir con eficacia en la liza electoral y poner a temblar a los arrogantes seguros ganadores, hasta llevarlos a las peores prácticas de la simulación electoralista, la coalición progresista permitió adivinar una potencialidad política prácticamente inédita en la balbuceante democracia mexicana.
Es en esa potencialidad y en su disposición para convertirse en fuerza política robusta y con capacidad de durar, que la sociedad acosada por la violencia y el miedo podrá encontrar soporte. No sólo para resistir nuevas andanadas contra los derechos fundamentales o la soberanía nacional, sino para darle al reclamo democrático actual la impronta de justicia social que siempre ha acompañado al movimiento popular mexicano.
Desde las cúpulas del poder económico y político, despojar a la democracia de esta savia justiciera es crucial porque con los votos arreglados, la propaganda grosera y el absurdo letrismo de los magistrados y sus epígonos, también se ha querido borrar la memoria histórica cuya huella de exigencia de justicia social es aborrecida por los encaramados. Incapaces de entender las relaciones elementales que permiten la coordinación social, su avidez ha despojado al Estado de capacidad para actuar en defensa de la comunidad en su conjunto y la inseguridad de arriba abajo se ha vuelto forma de vida.
La libertad, que es condición y fruto de la democracia, se ha traducido en ebullición de ideas, convicciones, ocurrencias. Y qué bueno, porque de esa emulsión podría esperarse el florecimiento de visiones mayores, ambiciosas, para moldear el devenir mexicano en concordancia con lo que Morelos llamara los Sentimientos de la nación.
Pero no ha sido así, y en vez de esas ideas para un futuro mejor, se han impuesto como tenazas la avaricia y la violencia, como nos los recordara el jueves Clara Jusidman, al celebrar su cumpleaños y ser homenajeada por amigos y compañeros de empeño y lucha incesantes.
Esta tenaza nos ha impedido observar el estado que guarda el mundo del que formamos parte y nos recuerda a diario la enormidad de la crisis global. Sin que nos atrevamos a tomar nota.
El mundo vive con angustia la necesidad de cambiar el rumbo, sin encontrar la manera de hacerlo. Y es en este laberinto donde se tejen sin clemencia las nuevas coordenadas del devenir: ¿época de cambios o cambio de época?, se han preguntado la Cepal y su secretaria Alicia Bárcenas, para afirmar la urgencia de un nuevo curso por la igualdad.
Tal es la coyuntura histórica que resume las incertidumbres europeas con su unificación inconclusa y las de los Estados Unidos de América, con sus enormes indefiniciones elementales sobre la raza, la clase social o los abusos de los poderosos.
Nosotros no escapamos de ninguno de esos dilemas, que se han agravado con la inseguridad galopante y la impunidad desvergonzada. Como ciclo inclemente, de tragedia griega, una semana sí y otra también asistimos a la pérdida de control del territorio por la autoridad, mientras avanza la barbarie organizada que destruye continentes mentales y morales y se apodera de vidas y haciendas. Y nadie osa apostar a que esta circunstancia será pronto superada.
Junto con la incertidumbre sobre el ingreso y el empleo que afecta en especial a los jóvenes, muchas personas, regiones y negocios viven la certeza de la violencia impune que marca el destino de familias enteras, amenaza a la sociedad civil y corroe los débiles intentos de los gobiernos locales por recuperar un mínimo orden público.
Hace muchos años, en medio de la atroz y destructiva crisis económica y social de los años 30, el presidente estadunidense Franklin Delano Roosevelt postuló que a lo único que había que tenerle miedo era al miedo mismo. Cuando el temor se apodera de individuos y sociedades, la posibilidad de actuar colectivamente se reduce al mínimo y el sálvese quien pueda se vuelve la consigna de todos.
Llegados ahí, se pierde el sentido de la interdependencia que es esencial para la supervivencia colectiva sobre todo cuando, como nos ocurre ahora, vivimos una globalidad incierta y ominosa. El egoísmo y el individualismo extremos no son virtudes y sólo llevan al rencor y la violencia; pero aquí siguen, tan campantes.
Sólo recuperando la idea y la práctica de la cooperación como necesidad humana, podremos saltar este cerco de fuego y barbarie del que nadie puede presumir estar a salvo.
Alimentarnos bien, educarnos mejor y generar empleos productivos suficientes: desde este triángulo elemental, hoy ausente, México podría trazar la agenda de un nuevo rumbo, dignificar la política y empezar a convertirse en tierra habitable y segura, donde la libertad se dé la mano con la justicia y la igualdad. Como querían Morelos y Cárdenas.
Estos son los retos. Para encararlos hay que dejar atrás ruido, furia y bulla, saltar de la ocurrencia a la agenda, y darle al gobierno del Estado un nuevo y promisorio sentido. Veremos.


Corta el GDF su mediación entre el SME y autoridades federales


Periódico La JornadaFoto
Anuncio de plantón de electricistas en el Zócalo causa la determinación del gobierno local
Es una decisión unilateral del gremio, nada tenemos que hacer en la mesa de negociación: Héctor Serrano
Instalan una docena de tiendas y una carpa en vísperas del maratón de la ciudad
Aspecto del plantón del SME en el ZócaloFoto María Luisa Severiano
Ángel Bolaños Sánchez
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 34
El Gobierno del Distrito Federal dio por concluida su mediación entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y la Secretaría de Gobernación luego de que el dirigente de la organización sindical, Martín Esparza Flores, anunció la decisión de instalarse en plantón en el Zócalo.
Ayer, antes del mediodía, Esparza Flores informó que se instalarían de nuevo en plantón para presionar al gobierno federal a darles una respuesta. Un par de horas más tarde el gobierno capitalino, por medio de un comunicado, manifestó su extrañamiento por esto y conminó al gremio a que prevalezca la concertación y el diálogo.
El secretario de Gobierno capitalino, Héctor Serrano Cortés, dijo por la noche en entrevista que la posición del Gobierno del Distrito Federal, no sólo con el SME, sino con cualquier otra organización, siempre ha sido el rescate del espacio público en favor de los ciudadanos.
Si hay un acuerdo tripartita de participar en una mesa, lo menos que se debe hacer es tomar una decisión unilateral y esta decisión de plantarse en el Zócalo es totalmente unilateral. Nosotros consideramos que si para efectos de una interlocución no es escuchada nuestra opinión por parte del sindicato para que no se ocupe la plancha del Zócalo, no tenemos nada que hacer en esa mesa, apuntó.
En su comunicado, el gobierno de la ciudad refrendó su respeto a la libre manifestación de las ideas y a la atención a las justas demandas, el gobierno capitalino advirtió que su obligación es garantizar el desarrollo del XXX Maratón Internacional de la Ciudad de México, programado para este domingo 2 de septiembre, y que tiene como punto de salida y meta la Plaza de la Constitución.
Es claro, que el gobierno federal no ha concretado la solución final del conflicto con el Sindicato Mexicano de Electricistas, pero esto no justifica que se tomen acciones de ocupación del Zócalo, afectando la realización de actividades previamente programadas, señala el comunicado.
Serrano Cortés afirmó que mantiene comunicación con Esparza, quien garantizó que no se entorpecerá el acto deportivo de este domingo y descartó que por el mensaje de Felipe Calderón el próximo lunes en Palacio Nacional, con motivo del informe presidencial, pudiera darse una situación de confrontación.
Recordó, de hecho, que hace un par de años transcurrió un informe de gobierno con el SME en plantón sin mayor problema.
Al cierre de la edición se habían instalado más de 30 tiendas y carpas en diferentes puntos de la explanada, de las divisiones de Cuernavaca, Toluca y San Ildefonso, explicó Ranulfo Cisneros, secretario del exterior de esta última, quien dijo que en el transcurso de la noche y la madrugada llegarían más porque la instrucción de Esparza fue concentrarnos todos en el Zócalo.
El SME colocó tres tiendas en la parte central, donde se estacionaron, además, dos autos, dos camionetas, un microbús y un autobús. En la parte norte, frente a Catedral, montaron otras nueve tiendas y una carpa de unos 40 metros de largo. En la parte norponiente se instaló un templete rodeado con otras 20 tiendas y detrás del plantón de bomberos se colocaron 10 tiendas más, todas ellas, entre las áreas de servicios y los espacios de los patrocinios que se utilizarán por el maratón de este domingo.



Tres marchas convergen en San Lázaro para condenar el gobierno de Calderón


Inconformidad social
Expresiones de descontento social contra el neoliberalismo
Emir Olivares y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 7
El movimiento estudiantil #YoSoy132 y diversas organizaciones sociales salieron de nuevo a las calles, en esta ocasión para repudiar el desempeño de Felipe Calderón, cuyo sexenio está a tres meses de concluir.
Las rejas de la sede legislativa de San Lázaro fueron el espacio desde donde se manifestó el descontento social generado por los políticas neoliberales de los últimos cinco sexenios.
Bastaba con que alguna persona se asomara por los patios externos de la Cámara de Diputados, para que el grito de catarsis se escuchara fuerte: Vividores, delincuentes. Esa era la respuesta ante los discursos vacíos que, preveían, se iban a pronunciar horas más tarde desde la tribuna durante la instalación de la 62 Legislatura.
Al filo de las 10 de la mañana tres manifestaciones se encaminaron hacia San Lázaro provenientes de distintos puntos de la ciudad: el cruce de La Viga y Viaducto, la Escuela Normal Superior y el Zócalo capitalino. Todos con un objetivo: ser partícipes de la convocatoria de #YoSoy132 para hacer público el contrainforme crítico al sexenio que está por concluir.
Al mismo tiempo, hicieron patente su rechazo a Enrique Peña Nieto y al hecho de que el tribunal electoral lo haya declarado presidente electo.
Aunque al principio los contingentes de las tres marchas contaban con unas centenas de personas, conforme se acercaron a la Cámara de Diputados se fueron nutriendo hasta que convergieron en la lectura del contrainforme con una asistencia aproximada de 2 mil 500 personas de acuerdo con las autoridades capitalinas.
Fraude, fraude, México, sin PRI, La democracia es el único negocio donde el cliente no tiene la razón, Calderón, te vas con las manos llenas de sangre, fueron algunas de las consignas que los manifestantes plasmaron en mantas, pancartas y en sus propias voces para despedir el sexenio del panista y al mismo tiempo dar la bienvenida al PRI a Los Pinos.
Al concluir la lectura del contrainforme, varios delegados de las organizaciones asistentes tomaron el micrófono para llamar a la unidad, a la lucha social y a la transformación desde abajo del país. Una vez terminado el mitin, algunos grupos decidieron trasladarse a la Plaza de la Constitución –ocupada por integrantes del SME– para presentar otra vez el documento, en tanto que otros, sobre todo miembros de #YoSoy132, optaron por permanecer en San Lázaro, porque hoy el Zócalo no es representativo, argumentaron.



Presenta #YoSoy132 un contrainforme crítico


Sexenio de mentira, simulación y corrupción, acusa
Integrantes del colectivo #YoSoy132 y organizaciones sociales marchan hacia el palacio legislativo de San LázaroFoto José Carlo González
Fernando Camacho y Emir Olivares
Periódico La Jornada
Domingo 2 de septiembre de 2012, p. 7
El de Felipe Calderón ha sido un sexenio lleno de hambre, exclusión, desinformación, desigualdad, enfermedad, despojo, represión y muerte.
Así resumió el movimiento #YoSoy132 la administración que está por concluir, en un contrainforme crítico presentado frente a la sede del Palacio Legislativo de San Lázaro, en el contexto de la entrega del último Informe de gobierno del titular del Ejecutivo federal, y que forma parte de su plataforma de lucha.
Luego de tres marchas en las que participaron diversas organizaciones sociales, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco, los sindicatos de tranviarios y S M E, entre otros, el colectivo universitario dio lectura a un documento de 18 páginas, donde hizo un recorrido de los seis años de mentira, simulación y corrupción de la gestión calderonista.
En su análisis, los jóvenes responsabilizaron al titular del Ejecutivo federal “por seis años de decisiones tomadas a espaldas de la sociedad. Sabemos que este gobierno ha sido la continuación de un sistema corrupto, donde unos cuantos imponen sus intereses sobre las necesidades de los más y sabemos que con Enrique Peña Nieto –quien ya fue declarado presidente electo– este sistema simplemente tomará un nuevo rostro y otra vez nosotros, la sociedad, pagaremos los costos impuestos por esta clase política”.
El documento aborda seis ejes: democratización de los medios de comunicación; modelo educativo, científico y tecnológico; sistema económico neoliberal; seguridad nacional; transformación política y vinculación con los movimientos sociales, y modelo de salud.
Concentración y monopolios