lunes, 26 de septiembre de 2016

¡Ayotzi vive!

John M. Ackerman
Hoy hace dos años el Estado mexicano desapareció a 43 y ejecutó a tres jóvenes activistas de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Este brutal acto de censura y de represión contra un grupo de disidentes políticos abrió los ojos del mundo respecto de la verdadera naturaleza del narcoestado mexicano. Muchos ya lo sabíamos, pero con el escarmiento del 26 de septiembre de 2014 quedó perfectamente claro para todos que el gobierno supuestamente moderno y reformador de Enrique Peña Nieto era en realidad un gobierno asesino y corrupto.
En respuesta, todo México se levantó indignado exigiendo justicia y un cambio de régimen. La quema de una enorme efigie de Peña Nieto en el Zócalo capitalino al final de la multitudinaria marcha del 20 de noviembre de 2014 marcó el fin, de facto, del sexenio del esposo de la actriz millonaria de Televisa. Desde ese momento hasta la fecha nadie ocupa la residencia de Los Pinos. Ahí sólo despachan fantasmas que simulan redactar oficios y dar discursos, mientras el destino de la nación se les va de sus manos transparentes, plagiadoras e insustanciales.
En contraste, los jóvenes de Ayotzinapa siguen hoy más vivos y presentes que nunca. Cada día 26 salen a marchar de la mano con sus padres, sus madres, sus hermanos y sus compañeros normalistas de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México. Y en cada movilización magisterial, en cada protesta estudiantil, en cada lucha por la tierra y en cada acto del Movimiento Regeneración Nacional se invocan sus nombres y se exige justicia por estos jóvenes héroes de la patria.

Iguala: complicidad e impunidad

Carlos Fazio
La reciente designación de Tomás Zerón como secretario técnico del Consejo Nacional de Seguridad vino a confirmar un patrón de conducta del régimen de Enrique Peña Nieto: el encubrimiento y la protección de altos funcionarios del aparato coercitivo del Estado, a quienes, de ser investigados y juzgados por instancias y tribunales apegados a las normas administrativas y penales vigentes, podrían fincárseles delitos considerados graves por el derecho internacional humanitario.
El mensaje de Peña Nieto es claro: al no castigar y cobijar a Zerón se está protegiendo a sí mismo como presunto responsable −siguiendo la cadena de mando− de lo que podría constituir un crimen de Estado. Una investigación a fondo y apegada a derecho de las irregularidades cometidas en el caso Iguala podría llevar a concluir que el ex jefe de la Agencia de Investigación Criminal no cumplió con los protocolos que marca la ley, incurrió en omisiones y abuso de autoridad, pudo modificar la escena del crimen, manipular pruebas y sembrar evidencias, ordenar apremios ilegales a sospechosos y elaborar lo que el ex procurador general de la República (PGR) Jesús Murillo Karam calificó de verdad histórica de lo ocurrido el 26 de septiembre de 2014, con la finalidad de encubrir delitos que, como la tortura, la ejecución sumaria extrajudicial o arbitraria y la detención-desaparición forzada de personas podrían ser tipificados como crímenes de lesa humanidad, propios del terrorismo de Estado.
Dos informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) demostraron que la indagatoria de la PGR sobre la ejecución arbitraria de seis personas −tres de ellas estudiantes y uno de los cuales, Julio César Mondragón, fue previamente torturado− y la detención-desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa estuvo plagada de irregularidades en un marco de complicidades y encubrimientos. La actitud gubernamental ha sido administrar el caso con la intención de desgastar a los familiares de las víctimas, que han sido sometidos a una campaña de estigmatización y criminalización en la prensa afín al régimen.

La estructura de las reformas

Gustavo Esteva
La naturaleza de las reformas estructurales fue clara desde el principio y se ha vuelto cada vez más evidente, pero aún se le disimula. No se ve, por ejemplo, que implican necesariamente guerra y resistencia, como acaban de recordar los zapatistas y el CNI…
Se reforma la estructura de la propiedad y la distribución. Se convierte en propiedad privada cuanto es de propiedad pública, social o comunal, y con ese y otros dispositivos aumenta la parte del producto social que va a los capitalistas y los ricos, y se reduce la que va a la gente. Es una gigantesca operación de despojo. Se le ha llamado extractivismo: el minero, el financiero, el urbano. No se ha hablado del extractivismo laboral y de servicios. Se despoja a los trabajadores y a la gente en general de empleos, salarios, pensiones, prestaciones y servicios gratuitos: educación, salud, vialidad, transporte…
Para impulsar las reformas se usa tanto como se puede la persuasión y manipulación mediática. Cuando eso no basta, se recurre a cooptación y corrupción. Como tampoco eso es suficiente, se practica el ejercicio autoritario. Empieza con mecanismos sigilosos, como negociaciones secretas o cambios legales discretos; culmina con la destrucción del estado de derecho y la violencia de la fuerza pública o de fuerzas paramilitares o criminales. Sólo así se puede practicar a fondo el despojo que resisten quienes defienden no sólo bienes, tierras y territorios sino la vida misma. Por eso las reformas son a la vez guerra y resistencia.

Pactan Pemex y su sindicato el desalojo de miles de trabajadores

Laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos licitadas en la ronda uno
Se entregarán dichos campos a trasnacionales y empresas privadas: Dirección Corporativa
Patricia Muñoz Ríos
La dirección corporativa de administración y servicios de Petróleos Mexicanos (Pemex) solicitó en un oficio al dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana (SNTPRM), Carlos Romero Deschamps, desalojar a miles de trabajadores que laboraban en 19 áreas de extracción de hidrocarburos que fueron licitadas en la ronda uno, a fin de entregar dichos campos a las trasnacionales y empresas privadas limpias de trabajadores, sin un solo sindicalizado petrolero.
‘‘El personal sindicalizado que labora en las instalaciones involucradas prestará sus servicios en dichas áreas hasta las 23 horas con 59 minutos del día 7 de agosto del 2016, tomándose el tiempo necesario para una entrega segura’’, señala el oficio 00828, que firmó el subdirector de relaciones laborales y servicios al personal de la dirección de Pemex ya referida, Marco A. Murillo Soberanis.
En el documento, fechado el 4 de agosto pasado, Murillo también le indica a Romero Deschamps: ‘‘Le agradeceré se continúen las pláticas que hasta el momento hemos realizado para concretar los acuerdos necesarios respecto del personal de planta sindicalizado que resulta involucrado’’. Es decir, empresa y sindicato ya iniciaron negociaciones para definir el destino laboral de estos trabajadores.
El oficio plantea el desalojo de petroleros que laboraban en las siguientes áreas de extracción: Moloacán, Pontón, La Laja, Paso de Oro, Tecolutla y Cuichapa Poniente, en Veracruz; Peña Blanca, Carretas, Calibrador, Mareógrafo, Benavides Primavera, Duna y San Bernardo, en Nuevo León; Barcodón y Ricos, en Tamaulipas; Catedral, Mundo Nuevo, Topén y Malva, en Chiapas; Paraíso, Tajón, Fortuna Nacional, Mayacaste y Calicanto, en Tabasco, entre otros.

domingo, 25 de septiembre de 2016

Recortes y responsabilidad.

Responsabilidad es el término más utilizado por los funcionarios de Hacienda para referirse al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2017. Tanto el ex titular de la cartera Luis Videgaray –a quien por una elemental cuestión de tiempos parece natural atribuirle la elaboración de la propuesta–, como su sucesor, José Antonio Meade, han enfatizado en el carácter responsable que, según el gobierno federal, tendrá el gasto público durante el año próximo. Si se toma la expresión como la capacidad para reconocer y aceptar las consecuencias de un hecho realizado libremente (una de las definiciones del diccionario), sin duda que al ejercicio presupuestal le cabe el adjetivo responsable. Pero si, con un criterio menos académico, se recuerda el principio general según el cual un gobierno debe responsabilizarse del bienestar de todos sus gobernados, el calificativo se vuelve bastante más discutible.
En efecto, la serie de recortes que afectan a diversos rubros del gasto social en el proyecto puesto a consideración del Congreso ha generado una comprensible preocupación –lo que es una manera de decir descontento– entre analistas económicos, partidos políticos, agrupaciones sociales y, desde luego, sectores directamente interesados. Por ejemplo, el tijeretazo presupuestario previsto para el agro, calificado de el más agresivo en años por un centro de estudios de la Facultad de Economía de la UNAM, es del orden de 30 por ciento, lo que no augura buenos tiempos para el campo mexicano. De hecho, el organismo calcula que la disminución de recursos se traducirá en 800 mil campesinos más en situación de pobreza, serios riesgos para la soberanía alimentaria y un lapso de al menos una década para recuperar la inversión en el sector. A la luz de esos datos, si algún adjetivo surge de inmediato cuando se piensa en el presupuesto, no es precisamente el de responsable.
Otro tanto sucede con la partida asignada para los pueblos y comunidades indígenas, cuya consuetudinaria precariedad económica los coloca entre las capas más sumergidas de la población. Los casi 11 mil millones de pesos menos que recibirán en 2017 llegaron a inquietar hasta a los propios legisladores del partido en el gobierno, que tanto en corto como más o menos públicamente advirtieron que degradaría aún más un nivel de vida de por sí muy dañado. La eliminación de los fondos anteriormente destinados al programa de Productividad Rural (orientado a pequeños productores), así como el dirigido a las mujeres del campo, más la reducción de 50 por ciento de los recursos aplicables al programa de empleo temporal (para población afectada por situaciones sociales y económicas adversas, emergencias o desastres) constituyen también llamados de atención que difícilmente pueden ser pasados por alto, aunque el flamante titular de la Secretaría de Hacienda argumente que el presupuesto atiende a las condiciones del entorno global.
Ciertamente, la mengua prevista en los fondos para educación pública, investigación, ciencia y tecnología es para intranquilizar a cualquier persona que se interese por el crecimiento y el desarrollo del país; pero la disminución proyectada en rubros vinculados lisa y llanamente con la mera supervivencia tiene un tono mucho más dramático, porque no sólo significa que la sociedad no avanza, sino que retrocede. Y frente a esa perspectiva el presupuesto aparece como responsable... pero de las estrecheces que le aguarden a la población.

Imputaciones falsas

Miguel Concha
Preocupa que sintomáticamente siga habiendo elementos castrenses, incluso de alto rango, que de manera errónea o tergiversada culpen de causante de la impunidad al nuevo sistema acusatorio de justicia penal en el país, como expresó abiertamente hace algunos días un general del Ejército en uno de los estados del norte. Con ello no sólo no se advierte que posiblemente se esté denunciando, en efecto, la arbitraria puesta en libertad de presuntos delincuentes, sino sobre todo que se sigue corriendo el riesgo de criminalizar a personas inocentes, dejando en libertad a los verdaderos culpables. Tal conducta puede deberse entre otras cosas –ciertamente– a posibles fallas en la aplicación de una reforma constitucional por los agentes judiciales, quienes deben seguir siendo diligentemente capacitados para su adecuado manejo; a la falta de conocimiento y experiencia en la persecución del delito, sin violentar derechos humanos; a vicios inveterados en la persecución del delito y la procuración de justicia –como la práctica de la tortura–, pero también a la inconveniencia de que las fuerzas militares se encarguen de labores de seguridad pública, pretendiendo exacerbar al mismo tiempo las funciones de su propio sistema de justicia.