jueves, 23 de febrero de 2017

¡ALERTA! Diputados Quieren Eliminar la Participación de Trabajadores, Expertos y ONGs LA TABLA DE ENFERMEDADES Y ACCIDENTES DE TRABAJO PODRÍA IMPONERSE POR PATRONES Y AUTORIDADES

*Expertos Demandan que el Dictamen sea devuelto a la Comisión para su Análisis. 
*Que se Restituya la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes en la Ley Laboral. 
•Que sea el Poder Legislativo quien actualice las tablas de enfermedades de trabajo. 
*LEE EL PROYECTO DE DICTAMEN DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS. Dale Click Aquí
MSO.LUIS MANUEL PÉREZ H. PANTOJA
Docente de la Maestría en Ciencias en Salud de los Trabajadores
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco,
Participación en el Programa del Sábado 18 de Febrero del 2017,
Publicación Original del Portal www.frecuencialaboral.com
La Comisión de Trabajo y Previsión Social, de la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa, presentada por la Diputada Ana Georgina Zapata del PRI, para reformar los artículos 476, 513, 514y adicionar el artículo 515 BIS de la Ley Federal del Trabajo (LFT), para eliminar la participación de la sociedad civil, trabajadores y expertos en la materia.
Este proyecto de decreto, será llevado al pleno de la Cámara de Diputados el 21 de febrero.
La reforma a la Ley Federal del Trabajo (LFT), del 30 de noviembre de 2102, establecía en artículo cuarto transitorio que:“ la Secretaría del Trabajo y Previsión Social deberá expedir las tablas de enfermedades de trabajo y de valuación de incapacidades permanentes…, en un término de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, …” a más de cuatro años no las expedido.
Dicha reforma contiene errores y contradicciones. Por un lado, eliminaron sin razón la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes del artículo 514 de la LFT de la Ley anterior.
Y además plasmaron una contradicción, antinomia legal, entre el artículo 513 y 515, como se observa en el cuadro siguiente:
Artículo 513, LFT vigente
Artículo 515, LFT vigente
“ La Secretaría del Trabajo y Previsión Social , previa opinión de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, actualizará las tablas de enfermedades de trabajo y de evaluación de las incapacidades permanentes… mismas que se publicarán en el Diario Oficial de la Federación y serán de observancia general en todo el territorio nacional”
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social realizará las investigaciones y estudios necesarios, a fin de que el Presidente de la República pueda iniciar ante el Poder Legislativo la adecuación periódica de las tablas a que se refieren los artículos 513 y 514 al progreso de la Medicina del Trabajo.
Es decir, el artículo 513 elimina la facultad de legislar en esa materia del Poder Legislativo y el artículo 515, mantiene esa facultad.
Por otro lado, el proyecto de decreto dice:
Artículo 513. El titular del Ejecutivo federal emitirá y actualizará las tablas……
Para tal efecto, el Titular del Ejecutivo Federal deberá contar con el apoyo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y de la APROBACIÓN PREVIA al proyecto respectivo por parte de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo.
La legislatura actual quiere enmendar la plana, socavando aún más los derechos de la población trabajadora, y al mismo Poder Legislativo, engañosamente se la ceden al Poder Ejecutivo, sin embargo, de facto se la obsequian a los patrones,ya que en el segundo párrafo del artículo 513 establecen que la actualización de las Tablas de Enfermedades de trabajo y de Valuación se harán aprobación previa de la Comisión Consultiva Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (COCONASST).
Esta entidad es un órgano tripartito en donde las confederaciones patronales tienen el control, con la anuencia de la llamada autoridad laboral y del sindicalismo corporativo; la historia de este organismo así lo demuestra, han logrado mantener en el atraso científico y técnico las normas en materia de seguridad e higiene, siempre con el argumento de que su implementación aumenta los costos de producción, así han logrado evitar o por lo menos retrasar y hasta eliminar Normas Oficiales Mexicanas en esta materia.
Otro grave efecto es que las referidas tablas van a desaparecer de la Ley Federal del Trabajo, como se plantea en el artículo tercero transitorio, que determina que quedaran sin efecto las mencionadas Tablas una vez que el Poder Ejecutivo emita las nuevas tablas. Lo anterior significa que el estatus jurídico será el de una simple actuación administrativa, es decir tendrán menor validez jurídica, impugnable con mayor facilidad.
De aprobarse la reforma como lo plantea el dictamen de la Comisión de Trabajo y Previsión Social, en lo futuroserárealmente la COCONASST, léase la patronal, quien determine que se reconoce o no como enfermedad profesional y la cuantía de las indemnizaciones a que tendrán derecho la población trabajadora que sufra un accidente o enfermedad de trabajo, es decir podrán disminuir el porcentaje de incapacidad permanente; por ejemplo si la amputación del dedo pulgar hoy equivale del 40 al 45% el día de mañana podrían decir que es del 30 al 35%, disminuyendo de esa forma la indemnización o pensión según sea el caso del trabajador o trabajadora.
Las preguntas son, porque la Cámara de Diputados, legisla, con afán autodestructivo, cediendo sus facultades y responsabilidades jurídicas, políticas y sociales.
Es procedente que el Poder Ejecutivo legisle sin la intervención del Legislativo, en una Ley que es reglamentaria del artículo 123 constitucional. Y que sea la propia Cámara de Diputados quien cometa esta atrocidad.
Demandamos que: 
•  El dictamen sea devuelto a la comisión; 
•  Se restituya la Tabla de Valuación de Incapacidades Permanentes a la Ley Federal del Trabajo, y 
•  Que sea el Poder Legislativo quien actualice las tablas de enfermedades de trabajo y valuación de incapacidades permanentes.

Incertidumbre: justificación para la negación.

Orlando Delgado Selley
Con la imprecisión que le caracteriza, Peña Nieto nos anuncia que el país afrontará un periodo de incertidumbre provocada por las variaciones del precio del petróleo y del tipo de cambio, así como por las dificultades de la relación bilateral con Estados Unidos. Como bien sabemos, el precio del petróleo ha tenido una larga racha de caídas que redujeron el valor de la mezcla mexicana en 70 por ciento alcanzando su disminución mayor en 2015. De entonces a la fecha el precio del crudo mexicano ha recuperado parte de lo perdido, pero se mantiene muy por debajo de los niveles promedio registrados en el sexenio anterior. Es claro que hay total certidumbre de que el petróleo no se recuperará en los próximos años.
El tipo de cambio, por su parte, se ha venido deteriorando consistentemente desde que Peña Nieto empezó su mandato. El menoscabo acumulado es muy significativo y, aunque también ha habido una ligera recuperación en las semanas recientes, nadie sostiene que pudiera recuperarse por debajo de 19 pesos por dólar. Por el contrario, es muy probable que en los meses próximos el dólar reanude su apreciación prácticamente frente a las diversas monedas, entre ellas por supuesto nuestro peso. Así que tampoco en este frente hay incertidumbre.

Hasta que la dignidad se haga costumbre.

Francisco López Bárcenas
Todo marchaba conforme a lo programado hasta que Estela Hernández, hija de Jacinta Francisco Marcial, tomó el micrófono y dijo su palabra. Desde el principio fue al grano. Dijo que era lamentable y vergonzoso que hubieran pasado 11 años para que la Procuraduría General de la República reconociera, obligada por un juez, que el proceso contra su madre, igual que contra Alberta Alcántara y Teresa Hernández, las tres mujeres hñahñus acusadas de secuestrar a seis policías federales en agosto de 2006, fue un error. El murmulló del auditorio Jaime Torres Bodet, en el Museo Nacional de Antropología, cedió su lugar a un silencio más solemne que el acto mismo. El acto preparado para que el Estado mexicano reconociera la inocencia de las tres mujeres procesadas injustamente y les ofreciera una disculpa pública se transformó en un espacio para la denuncia de la represión estatal, la falta de justicia, la inseguridad, la discriminación y el racismo.
Es probable que Teresa no mirara el efecto que sus palabras causaban entre los presentes, sobre todo la incomodidad en que colocó al procurador de la República, ubicado en el centro del escenario. Narró cómo su madre fue detenida, sentenciada y liberada gracias al apoyo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez. Es un simple ejemplo de las muchas arbitrariedades ilegales que cometen las autoridades que tienen título, nombramiento, reconocimiento oficial en este nuestro país que es México, dijo, y agregó: Hoy se sabe que en la cárcel no necesariamente están los delincuentes, están los pobres que no tienen dinero, los indefensos de conocimiento, los que los poderosos someten a su voluntad. Enseguida se preguntó. ¿Cuántos inocentes están hoy en la cárcel por un delito no cometido o que no existe?, ¿cuántos secuestradores, delincuentes autorizados con título y nombrados por la ley andan sueltos, cobrando de nuestros impuestos, encarcelando, persiguiendo o acosando con un delito fabricado?
Después se refirió al motivo del acto. Dijo que la disculpa pública y el reconocimiento de inocencia que ese día ofrecía la PGR a su madre y las otros dos mujeres hñahñus no era suficiente para reparar el daño que la falsa acusación y el proceso simulado les habían causado; aclaró que no buscaban el dinero de la reparación del daño porque su riqueza no se basa en él; nuestra existencia hoy tiene que ver nuestra solidaridad con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan, con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos, con mis compañeros maestros caídos, con mis compañeros cazados por defender lo que por derecho nos corresponde. Pido por ellos, porque por buscar mejores condiciones de vida y trabajo es el trato que recibimos. Y se siguió por ese rumbo. A las víctimas actuales, a mis hermanos luchadores sociales, a los maestros que estamos en pie de lucha, a los caídos, los desaparecidos, encarcelados, exiliados, perseguidos, aterrorizados que defienden, luchan a favor de los derechos humanos, quiero decirles que después de vivir este terrorismo de Estado, asumimos el dolor y vencimos el miedo para que la victoria fuera nuestra.
Mientras la escuchaba, pensaba que el acto se parecía en mucho a los juicios públicos que las comunidades indígenas realizan a los que violan sus normas de convivencia, que cuando ya tienen las pruebas los exhiben ante los afectados. Estela Hernández, convertida en la voz de los agraviados de México, señaló a las instituciones responsables. A la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que estuvieron calladas a pesar de saber del caso y de decirnos que no se podía hacer nada porque era un delito muy grave, les exigió que se pongan a trabajar de verdad, que no sólo den recomendaciones cuando ya otras instituciones no gubernamentales las han realizado. Al procurador general de la República le dijo que no estaban contentas ni felices por el acto de disculpa, pidió que cese a la represión contra los pueblos indígenas, la persecución de luchadores sociales y exigió la liberación de los presos políticos, quienes su único delito es aspirar a mejores condiciones de trabajo, vida, patria digna y justa.
Y cerró con una frase contundente: “Este caso nos cambió la forma de ver la vida. Hoy sabemos que no es necesario cometer un delito para ser desaparecido, perseguido o estar en la cárcel. Por los que seguimos en pie de lucha por la justicia, la libertad, la democracia y la soberanía de México, para nuestra patria, por la vida, para la humanidad, quedamos de ustedes, por siempre y para siempre, […] hasta que la dignidad se haga costumbre”. Sus palabras fueron rubricadas por el aplauso de los presentes, quienes de pie suscribieron el mensaje. Al final del acto, todos abandonamos el recinto pensando que la disculpa y el reconocimiento gubernamental de que se habían violado los derechos de tres mujeres indígenas eran importantes, pero su mayor relevancia estaría en que se trabajara por que no vuelva a suceder, por que no exista más razón para que vuelva a repetirse.

Resistir la guerra fría de Trump contra México.

Antonio Gonzalez *
Dice el Diccionario Webster: Fascismo: filosofía política, movimiento o régimen que exalta la nación y a menudo la raza por sobre el individuo y postula un gobierno centralizado autocrático, encabezado por un líder dictatorial, con severa reglamentación social y económica y supresión coactiva de la oposición.
Donald Trump ganó la elección presidencial como un candidato estrafalario que prometió crear empleos y combatir al Isis. Pero el presidente Trump, lejos de gobernar como populista, de hecho está reuniendo en tiempo real los elementos de un régimen fascista. La fase uno de los objetivos fascistas de Trump se propone:

Homicidio industrial e impunidad.

Napoleón Gómez Urrutia
El domingo 19 de febrero de 2017 se cumplieron 11 años de la terrible tragedia en la mina 8 de carbón de Pasta de Conchos, en el municipio de San Juan de Sabinas, Coahuila, donde perdieron la vida 65 mineros, de los cuales 63 cuerpos todavía hoy permanecen abandonados en el fondo del socavón a 120 metros de profundidad, mientras 11 más sobrevivieron con graves quemaduras y lesiones que los dejaron marcados para el resto de sus vidas.
Para la mayoría de los familiares, amigos y compañeros de los mineros caídos parece que apenas sucedió ayer. Once años después todavía se escuchan los gritos y la desesperación por el dolor que dramáticamente continuó por horas, días y semanas, hasta que el sufrimiento y los lamentos se fueron apagando gradualmente. En el exterior de la mina en la que quedaron atrapados los trabajadores, era notable e impresionante la angustia, la desesperación y la incertidumbre de las familias, las cuales fueron tan intensas que ese homicidio industrial no se ha podido, ni se podrá olvidar jamás.

miércoles, 22 de febrero de 2017

Red de impunidades..

De acuerdo con la investigación realizada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y presentada ayer por el titular de ese organismo, Luis Raúl González Pérez, a la comisión especial que da seguimiento a los sucesos del 19 de junio del año pasado en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, el entonces gobernador del estado, Gabino Cué Monteagudo, ordenó el operativo policial en el que murieron ocho habitantes de esa población. El ombudsman lamentó las fallas cometidas posteriormente por las autoridades –federales y estatales– encargadas de investigar el caso, pues entorpecieron en forma significativa el esclarecimiento de lo ocurrido aquella mañana en la localidad mixteca.
El señalamiento de la CNDH confirma la responsabilidad de Cué en la toma de decisiones, algo que ya había dicho la noche de ese día el entonces comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo, al brindar una explicación poco convincente y contradictoria, con posicionamientos emitidos horas antes por la dependencia que él encabezaba.
Hasta la fecha, sin embargo, la Procuraduría General de la República (PGR) no ha avanzado en la debida investigación para deslindar responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de los homicidios cometidos el 19 de junio. Tal empantanamiento es consecuencia de los desvíos en la actuación preliminar de esa misma institución, la cual, en las horas y días posteriores a esa fecha, asumió conductas intimidantes y agresivas hacia la población de Nochixtlán, y la desconfianza resultante la ha incapacitado hasta la fecha para completar las diligencias en el sitio. Por lo demás, hasta donde se ha hecho público, ninguno de los jefes de las tres corporaciones policiales que participaron en el fallido y mortífero intento de desalojo de la carretera –la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la policía estatal oaxaqueña– ha sido llamado a declarar, como no lo han sido el propio Cué y sus colaboradores, y hasta el momento los homicidios y los atropellos perpetrados por las fuerzas del orden el 19 de junio permanecen en la más completa impunidad.
En una escala menor, pero no menos exasperante, se sitúa el caso de Jacinta Francisco Marcial, Teresa González Cornelio y Alberta Alcántara Juan, las tres comerciantes ñañús que en 2006 –en el sexenio de Vicente Fox– fueron acusadas de haber secuestrado a seis policías de la extinta Agencia Federal de Investigaciones (AFI), encarceladas, enjuiciadas e injustamente condenadas en procesos del todo irregulares y violatorios de los derechos humanos. Ayer, en un acto realizado en el Museo Nacional de Antropología e Historia, la PGR ofreció, a regañadientes y 10 meses después de haber recibido la orden judicial correspondiente, una disculpa pública a las tres mujeres.
Aunque para las afectadas y sus familias esa disculpa constituye una mínima reivindicación, hasta la fecha los policías falsamente secuestrados, los agentes del Ministerio Público que las inculparon y los jueces que las condenaron siguen sin ser tocados por la mano de la justicia.
Los dos casos mencionados son un botón de muestra de la extensión y densidad de la red de impunidades presente en diversas dependencias públicas, y un recordatorio de la imperiosa necesidad de hacer acopio de voluntad política para enfrentar y erradicar esa lacra.